Jalisco
La capacidad de seguridad interna, rebasada
Tres de cada cuatro fallecimientos al interior de las prisiones fueron suicidios; el resto, homicidios
GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2012).- El sistema penitenciario estatal ha sido el escenario de 25 muertes violentas desde 2007 hasta hoy: 19 de éstas fueron suicidios y el resto, homicidios, de acuerdo con la información que brinda el propio comisario general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, que atribuye el problema a una cantidad insuficiente de custodios.
“Tenemos una capacidad instalada de seguridad que nos rebasa y, si tomamos en cuenta que la reclusión deprime a las personas, y que hay otros factores que los hacen llegar a estados emocionales también de depresión, como conflictos personales, económicos, etcétera… Tratamos de tener la supervisión penitenciaria, pero hay dormitorios en los que tengo hasta 600 o 700 internos y el personal de seguridad es muy disminuido como para estar en todos los lugares y todas las celdas; se nos complica mucho, a pesar de que nos apoyamos mucho con el circuito cerrado”, dice José González Jiménez, titular de la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco.
Según lo expone, a escala internacional la recomendación está en que cada custodio se haga cargo de 10 internos. Cuando se ven así las cosas, parecería que Jalisco se encuentra dentro de este parámetro: con 16 mil 555 internos y mil 936 custodios, cada uno vigilaría a 8.5 presos, pero esto es un falso positivo, advierte el comisionado, pues la distribución de la población carcelaria y de su personal (información reservada por seguridad) llevan a que se incumpla con dicha recomendación internacional.
Además, dice, “tomando en cuenta que el que tiene una tendencia de autoagresión o suicida siempre es una conducta de comisión oculta, y busca el espacio, el momento y el lugar, ahí es donde se dificulta mucho”.
Arturo Martínez Madrigal, titular de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien desarrolla las inspecciones penitenciarias, coincide con el comisario general en señalar la insuficiencia de custodios como un factor que lleva a este tipo de incidencias.
“Ninguna fuga, ni siquiera una lesión y menos un homicidio, se puede considerar como normal o razonable. La autoridad penitenciaria tiene la obligación, de acuerdo con la ley, de garantizar la integridad física de todas las personas que se encuentran puestas a su disposición para su custodia, de tal manera que no debiera darse ni un solo homicidio en los reclusorios. Lo que pasa es que finalmente, por la falta de suficiente personal de custodia, ocurren expresiones de esta naturaleza, no deja de haber problemas entre los mismos internos y, si no hay el personal suficiente, pueden ocurrir hechos de esa naturaleza”.
Los custodios también forman parte del proceso de depuración nacional que se realiza con la aplicación de las pruebas de control de confianza.
DESARROLLO PERSONAL
Menos de 50% de sentenciados puede trabajar en prisión
La “receta de estabilidad” que, de acuerdo con la autoridad penitenciaria, permite que Jalisco tenga menos eventos de fugas que otros estados, tendría cuatro componentes principales: una buena alimentación para el preso, el contacto con su familia, la posibilidad de desarrollar un trabajo y el régimen disciplinario (la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso una calificación de 7.01 en condiciones de gobernabilidad en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria).
El titular de la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José González Jiménez, explica que en el Estado menos de 50% de los presos cuenta con instalaciones (talleres) y herramientas para desarrollar un trabajo desde un centro carcelario, según la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a cargo de Arturo Martínez Madrigal.
A escala nacional sólo 32% de la población penitenciaria tiene trabajo, 20% está incorporado a un programa de capacitación, 33% está estudiando, 14% cuenta con algún programa de salud y 62% realiza alguna actividad deportiva, según se informó al interior de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el 17 de octubre de 2011.
Para el investigador Jesús Garibay Valle, del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, no es que las cosas marchen mejor en las cárceles de Jalisco, sino que la Entidad no representa un territorio estratégico para las actividades del crimen organizado o, por lo menos, no al nivel de las otras entidades citadas, particularmente las que están en la frontera con Estados Unidos.
“Lo que pasa es que los intereses están mucho más acendrados (en los otros Estados) y ésa es la razón por la que se tiene más interés allá en rescatar a muchas de las gentes que están involucradas en delitos, o bien para reclutar gente que prefiere estar en el crimen que interna en una penitenciaría: inútil, sin trabajo, sin ingreso, y la familia padeciendo, y él mismo”.
REFORMAS DE 2008
Reinserción social, que no readaptación
Las reformas constitucionales de 2008, de las que se desprende el sistema penal acusatorio y oral que está en proceso de implementación en el país, también dieron pie a la definición de un Nuevo Modelo Penitenciario.
El artículo 18 constitucional se modificó para dejar de utilizar el concepto de “readaptación social”, porque las personas privadas de su libertad ya no deben ser vistas como inadaptadas; por el contrario, aunque quebrantaron la norma y reciben una pena por ello de parte de la misma sociedad, el cumplimiento de la misma conlleva la oportunidad de reparar el daño y reinsertarse en el cuerpo social.
Por eso, pues, ya no es “readaptación” sino “reinserción social”, se explica en la Estrategia Penitenciaria federal. Se dirá “sentenciado”, pero no “reo”, que se considera denigrante.
Con la reforma, el sistema penitenciario debe procurar que los reclusos no vuelvan a delinquir. Los medios para la reinserción social son cinco: trabajo, capacitación laboral, educación, salud y deporte (estos dos últimos se agregaron en 2008).
A través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, las autoridades federales y estatales trabajan en la homologación de sus protocolos de actuación y en la migración a este Nuevo Modelo Penitenciario.
“Tenemos una capacidad instalada de seguridad que nos rebasa y, si tomamos en cuenta que la reclusión deprime a las personas, y que hay otros factores que los hacen llegar a estados emocionales también de depresión, como conflictos personales, económicos, etcétera… Tratamos de tener la supervisión penitenciaria, pero hay dormitorios en los que tengo hasta 600 o 700 internos y el personal de seguridad es muy disminuido como para estar en todos los lugares y todas las celdas; se nos complica mucho, a pesar de que nos apoyamos mucho con el circuito cerrado”, dice José González Jiménez, titular de la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco.
Según lo expone, a escala internacional la recomendación está en que cada custodio se haga cargo de 10 internos. Cuando se ven así las cosas, parecería que Jalisco se encuentra dentro de este parámetro: con 16 mil 555 internos y mil 936 custodios, cada uno vigilaría a 8.5 presos, pero esto es un falso positivo, advierte el comisionado, pues la distribución de la población carcelaria y de su personal (información reservada por seguridad) llevan a que se incumpla con dicha recomendación internacional.
Además, dice, “tomando en cuenta que el que tiene una tendencia de autoagresión o suicida siempre es una conducta de comisión oculta, y busca el espacio, el momento y el lugar, ahí es donde se dificulta mucho”.
Arturo Martínez Madrigal, titular de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien desarrolla las inspecciones penitenciarias, coincide con el comisario general en señalar la insuficiencia de custodios como un factor que lleva a este tipo de incidencias.
“Ninguna fuga, ni siquiera una lesión y menos un homicidio, se puede considerar como normal o razonable. La autoridad penitenciaria tiene la obligación, de acuerdo con la ley, de garantizar la integridad física de todas las personas que se encuentran puestas a su disposición para su custodia, de tal manera que no debiera darse ni un solo homicidio en los reclusorios. Lo que pasa es que finalmente, por la falta de suficiente personal de custodia, ocurren expresiones de esta naturaleza, no deja de haber problemas entre los mismos internos y, si no hay el personal suficiente, pueden ocurrir hechos de esa naturaleza”.
Los custodios también forman parte del proceso de depuración nacional que se realiza con la aplicación de las pruebas de control de confianza.
DESARROLLO PERSONAL
Menos de 50% de sentenciados puede trabajar en prisión
La “receta de estabilidad” que, de acuerdo con la autoridad penitenciaria, permite que Jalisco tenga menos eventos de fugas que otros estados, tendría cuatro componentes principales: una buena alimentación para el preso, el contacto con su familia, la posibilidad de desarrollar un trabajo y el régimen disciplinario (la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso una calificación de 7.01 en condiciones de gobernabilidad en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria).
El titular de la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José González Jiménez, explica que en el Estado menos de 50% de los presos cuenta con instalaciones (talleres) y herramientas para desarrollar un trabajo desde un centro carcelario, según la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a cargo de Arturo Martínez Madrigal.
A escala nacional sólo 32% de la población penitenciaria tiene trabajo, 20% está incorporado a un programa de capacitación, 33% está estudiando, 14% cuenta con algún programa de salud y 62% realiza alguna actividad deportiva, según se informó al interior de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el 17 de octubre de 2011.
Para el investigador Jesús Garibay Valle, del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, no es que las cosas marchen mejor en las cárceles de Jalisco, sino que la Entidad no representa un territorio estratégico para las actividades del crimen organizado o, por lo menos, no al nivel de las otras entidades citadas, particularmente las que están en la frontera con Estados Unidos.
“Lo que pasa es que los intereses están mucho más acendrados (en los otros Estados) y ésa es la razón por la que se tiene más interés allá en rescatar a muchas de las gentes que están involucradas en delitos, o bien para reclutar gente que prefiere estar en el crimen que interna en una penitenciaría: inútil, sin trabajo, sin ingreso, y la familia padeciendo, y él mismo”.
REFORMAS DE 2008
Reinserción social, que no readaptación
Las reformas constitucionales de 2008, de las que se desprende el sistema penal acusatorio y oral que está en proceso de implementación en el país, también dieron pie a la definición de un Nuevo Modelo Penitenciario.
El artículo 18 constitucional se modificó para dejar de utilizar el concepto de “readaptación social”, porque las personas privadas de su libertad ya no deben ser vistas como inadaptadas; por el contrario, aunque quebrantaron la norma y reciben una pena por ello de parte de la misma sociedad, el cumplimiento de la misma conlleva la oportunidad de reparar el daño y reinsertarse en el cuerpo social.
Por eso, pues, ya no es “readaptación” sino “reinserción social”, se explica en la Estrategia Penitenciaria federal. Se dirá “sentenciado”, pero no “reo”, que se considera denigrante.
Con la reforma, el sistema penitenciario debe procurar que los reclusos no vuelvan a delinquir. Los medios para la reinserción social son cinco: trabajo, capacitación laboral, educación, salud y deporte (estos dos últimos se agregaron en 2008).
A través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, las autoridades federales y estatales trabajan en la homologación de sus protocolos de actuación y en la migración a este Nuevo Modelo Penitenciario.
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