La SCT asegura que ya cumplieron con mandato judicial en avalúo
Señalan que si los ejidatarios no están de acuerdo con el avalúo pueden inconformarse en tribunales
GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- En los términos dispuestos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, el gobierno federal ya cumplió con la ejecutoria que ordenó un nuevo avalúo sobre los terrenos del ejido El Zapote que actualmente albergan al aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara.
Eso aseveró Gerardo Zamora Orozco, director de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Administrativos y Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Este jueves manifestaron su postura en el conflicto donde los ejidatarios demandan un pago de más de dos mil millones de pesos por 307 hectáreas.
Tras varias reuniones, las autoridades aceptaron realizar el nuevo avalúo ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que concluyó, según se informó, en 63 millones de pesos.
Explicó que a finales de noviembre pasado un juez de distrito dictó un acuerdo donde precisó cómo se debía cumplir la sentencia: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debía ordenar un nuevo avalúo en términos de la ejecutoria e informarlo al ejido.
"¿Cómo cumplir la sentencia? La sentencia no habla de pagar. La ejecutoria dice 'elabórese un nuevo avalúo y notifíquese al ejido para que ellos se manifiesten, lo que quieran. En valores agrícolas, el valor agrícola que tenían los terrenos en la fecha que se llevó a cabo la expropiación actualizado con un factor que sugiere el Tribunal Colegiado".
Explicó que si los ejidatarios no están de acuerdo con el avalúo pueden inconformarse en tribunales.
"Optaron por un juicio y hay que sujetarse a un procedimiento judicial, si ellos no están de acuerdo con un valor en cumplimiento a esa sentencia, pueden hacer valer sus argumentos dentro del mismo juicio. ¿A quién corresponderá saber quién tiene la razón? A un juez".
Además deben considerarse, según la orden judicial, los pagos ya hechos. "La propia ejecutoria dice, 'hay que cuidar que no se lleve a cabo un doble pago'".
Recordó que en 1979 se les pagaron 14.7 millones; y en 2007 y 2008, 43 millones "en un acto público donde el presidente del comisariado, el actual, incluso, reconoció que ya estaba pagado todo".
El 29 de febrero de 2016 los ejidatarios se plantaron en el aeropuerto en demanda de un nuevo avalúo a un precio comercial y pagar por ello.
A finales de septiembre, tras una reunión mediada por el Gobierno del Estado, la SCT admitió realizar el avalúo y los ejidatarios se levantaron. No obstante, al discordar con el cálculo de 63 millones esta semana volvieron a las manifestaciones.
Rodrigo Rodríguez Reyes, oficial mayor de la SCT, espera ahora un escenario conciliatorio. "Lo que no podemos permitir es que se violenten los derechos de terceros", dijo, lo que no es el caso según ha visto en las manifestaciones pacíficas. "No vemos que haya un tema de preocupación".
Zamora Orozco insistió en que los terrenos del aeropuerto aún son federales pues el decreto expropiatorio no fue anulado sino que se circunscribió para garantizar el derecho de audiencia para la valuación de los terrenos.
"Si en el lejano supuesto que no estuvieran de acuerdo ni ellos ni nosotros, hay una siguiente instancia que es el Tribunal Colegiado, quien resolverá en definitiva qué valores son los que se deben tomar en cuenta para esa valuación. Si leen ustedes la sentencia no habla de valores catastrales, no habla de nada".
EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO