Jalisco
Impide ex tesorero de Tlajomulco su captura
Pese a la suspensión, Carlos Romero deberá resarcir el monto que se presume desvió del erario
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (14/JUN/2011).- Tras pagar una fianza de tres mil pesos, el ex tesorero de Tlajomulco de Zúñiga, Carlos Romero, recibió de manos del Juzgado Sexto de Distrito un recurso de suspensión provisional, con lo que la Policía Investigadora se ve impedida de consignarlo al penal de Puente Grande, luego de que se expidiera una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de más de 78 millones de recursos públicos, al término de la gestión del panista
Antonio Tatengo Ureña.
No obstante, la administración en curso de esa localidad explica que se trata de un recurso legal que se concede “a todo ciudadano”, pero que carece de carácter definitivo. Ismael del Toro, secretario general del municipio, detalla que para solicitar la suspensión definitiva el señalado habrá de pagar el millonario monto por el que es buscado.
“Es un acto que cualquier autoridad jurisdiccional entrega por simples sospechas; fue otorgada (el lunes) esta suspensión y está citado para el 21 de este mes para que se lleve a cabo la audiencia incidental, donde se fijará la fianza de la suspensión definitiva”.
Declara que ya se anticipaba que el señalado buscara esta vía para evitar su detención. No obstante, esto sólo postergará tal acción en su contra, pues requiere resarcir el monto que presumiblemente desvió del erario.
“Esperamos que, evidentemente, se le dificulte para concluir en lo que hemos esperado, que el ex tesorero pueda ser detenido y el proceso del mismo se lleve desde la prisión”.
Una vez recluido, confía, las actuaciones judiciales; es decir, los interrogatorios, podrían devenir en “el perfeccionamiento de pruebas”, lo que involucraría a más ex funcionarios que pudieron haber incurrido en actos de corrupción.
El “Gobierno a Prueba” subraya que, en adición a mantener tras las rejas a los responsables, el fin último es que el dinero desviado en la administración pasada vuelva a las arcas municipales.
Ismael del Toro expuso que ya se ha hecho todo cuanto estaba de parte del municipio para aportar pruebas y buscar un ejercicio de acción penal. Añadió que todos los funcionarios actuales estarán al pendiente de todo cuanto suceda en el expediente del presunto responsable.
Y tras la pregunta de un probable “error” de su parte al revelar un procedimiento que, en todos los casos, demanda un sigilo extremo (pues hacerlo público y exponerlo en medios previno al señalado), reviró que dejarlo a la deriva y lejos del conocimiento del pueblo sería “incurrir en irresponsabilidad”.
“No es un error, porque con o sin amparo lleva la causa penal. La única diferencia es que esté detenido o no, pero sigue siendo un inculpado en juicio penal. Quisimos demostrar que la autoridad municipal hizo todo cuanto estuvo a su alcance para lograr la detención de Carlos Romero, y estamos todavía confiados en que la autoridad jurisdiccional pueda cumplir la orden de aprehensión y detenerlo”.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
No obstante, la administración en curso de esa localidad explica que se trata de un recurso legal que se concede “a todo ciudadano”, pero que carece de carácter definitivo. Ismael del Toro, secretario general del municipio, detalla que para solicitar la suspensión definitiva el señalado habrá de pagar el millonario monto por el que es buscado.
“Es un acto que cualquier autoridad jurisdiccional entrega por simples sospechas; fue otorgada (el lunes) esta suspensión y está citado para el 21 de este mes para que se lleve a cabo la audiencia incidental, donde se fijará la fianza de la suspensión definitiva”.
Declara que ya se anticipaba que el señalado buscara esta vía para evitar su detención. No obstante, esto sólo postergará tal acción en su contra, pues requiere resarcir el monto que presumiblemente desvió del erario.
“Esperamos que, evidentemente, se le dificulte para concluir en lo que hemos esperado, que el ex tesorero pueda ser detenido y el proceso del mismo se lleve desde la prisión”.
Una vez recluido, confía, las actuaciones judiciales; es decir, los interrogatorios, podrían devenir en “el perfeccionamiento de pruebas”, lo que involucraría a más ex funcionarios que pudieron haber incurrido en actos de corrupción.
El “Gobierno a Prueba” subraya que, en adición a mantener tras las rejas a los responsables, el fin último es que el dinero desviado en la administración pasada vuelva a las arcas municipales.
Ismael del Toro expuso que ya se ha hecho todo cuanto estaba de parte del municipio para aportar pruebas y buscar un ejercicio de acción penal. Añadió que todos los funcionarios actuales estarán al pendiente de todo cuanto suceda en el expediente del presunto responsable.
Y tras la pregunta de un probable “error” de su parte al revelar un procedimiento que, en todos los casos, demanda un sigilo extremo (pues hacerlo público y exponerlo en medios previno al señalado), reviró que dejarlo a la deriva y lejos del conocimiento del pueblo sería “incurrir en irresponsabilidad”.
“No es un error, porque con o sin amparo lleva la causa penal. La única diferencia es que esté detenido o no, pero sigue siendo un inculpado en juicio penal. Quisimos demostrar que la autoridad municipal hizo todo cuanto estuvo a su alcance para lograr la detención de Carlos Romero, y estamos todavía confiados en que la autoridad jurisdiccional pueda cumplir la orden de aprehensión y detenerlo”.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
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