Jalisco
Emiten recomendación por abuso y extorsiones contra sexoservidoras
Las afectadas piden un alto a las violaciones de sus derechos humanos y a los constantes acosos por parte de elementos de la Procuraduría estatal
GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2010).- Un grupo de mujeres dedicadas al sexo servicio, se presentaron este jueves en las instalaciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), para denunciar los actos de violencia, amenazas y extorsiones de las que han sido víctimas, por parte de elementos de la
Procuraduría de Justicia del Estado, en los operativos que realizan en la búsqueda de menores que sean forzados a ejercer la prostitución.
EL INFORMADOR/ LILIANA NAVARRO
Al mismo tiempo, el ombudsman del Estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió la recomendación 22/2010 en presencia de las afectadas, dirigida al procurador general de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, por violación de los derechos a la privacidad, a la dignidad, libertad y seguridad personal de las mujeres sexoservidoras.
Los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2008, cuando elementos de la citada corporación ingresaron de manera violenta a una finca sin mostrar permiso u orden de cateo; las mujeres fueron agredidas, insultadas y amenazadas, incluso fueron despojadas de sus pertenencias.
Además, las mujeres relataron que fueron víctimas de la misma operación, la noche de ese día, donde las obligaron a firmar una declaración que nunca leyeron. Manifestaron que dos doctoras les hicieron una exploración vaginal sin utilizar guantes.
Las afectadas señalaron que las mantuvieron encerradas e incomunicadas, y luego fueron liberadas, pues nunca encontraron menores de edad entre las sexoservidoras. Cabe señalar que en el acta ministerial que se levantó con motivo de los hechos, el fiscal omitió asentar quién dirigió la operación y recabar la firma del coordinador involucrado.
Álvarez Cibrián manifestó que las mujeres que ejercen la prostitución son un grupo vulnerable, que constantemente es víctima de abusos por parte de la autoridad, por lo que le darán seguimiento a la recomendación, pues reconoció que la Comisión tardó un año en resolver este caso. Las recomendaciones van en el sentido de que inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos involucrados; que las revisiones vía vaginal se realicen conforme a las normas oficiales, con la utilización de guantes.
“Tenemos que defender sus derechos, estamos trabajando para no tener quejas del 2008, la otra queja que interpusieron el año pasado en este mismo sentido no tardará dos años en resolverse, eso es seguro”, aseguró el presidente de la CEDHJ.
Por su parte, las quejosas hicieron un llamado a las autoridades para que cesen las extorsiones y los operativos violentos que lejos de buscar rescatar menores de edad de la prostitución, únicamente tienen el objetivo de ultrajar a quienes se dedican al sexo servicio.
Afirman que no ejercen su trabajo en la vía pública, sino al interior de fincas, respetando el acuerdo al que llegaron con el entonces presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, quien durante su administración sacó de las calles a las sexoservidoras.
Y es que actualmente señalan que les cobran hasta 13 mil 500 pesos, por cada una de las fincas, a las que ingresan los uniformados como parte de los operativos contra la trata de blancas, cuando se ha demostrado que en ninguno de ellos han detectado menores de edad, ni personas que se encuentren ahí en contra de su voluntad.
“Estamos contra gente que extorsiona todo el tiempo, que realmente no les interesan las menores de edad, ni las violaciones de los derechos humanos, hay muchos intereses por parte de algunas autoridades para dejar trabajar a base de extorsión. No vamos a darle un solo peso a la policía”.
Las autoridades tienen 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, para que informen a la Comisión sobre su aceptación.
Los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2008, cuando elementos de la citada corporación ingresaron de manera violenta a una finca sin mostrar permiso u orden de cateo; las mujeres fueron agredidas, insultadas y amenazadas, incluso fueron despojadas de sus pertenencias.
Además, las mujeres relataron que fueron víctimas de la misma operación, la noche de ese día, donde las obligaron a firmar una declaración que nunca leyeron. Manifestaron que dos doctoras les hicieron una exploración vaginal sin utilizar guantes.
Las afectadas señalaron que las mantuvieron encerradas e incomunicadas, y luego fueron liberadas, pues nunca encontraron menores de edad entre las sexoservidoras. Cabe señalar que en el acta ministerial que se levantó con motivo de los hechos, el fiscal omitió asentar quién dirigió la operación y recabar la firma del coordinador involucrado.
Álvarez Cibrián manifestó que las mujeres que ejercen la prostitución son un grupo vulnerable, que constantemente es víctima de abusos por parte de la autoridad, por lo que le darán seguimiento a la recomendación, pues reconoció que la Comisión tardó un año en resolver este caso. Las recomendaciones van en el sentido de que inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos involucrados; que las revisiones vía vaginal se realicen conforme a las normas oficiales, con la utilización de guantes.
“Tenemos que defender sus derechos, estamos trabajando para no tener quejas del 2008, la otra queja que interpusieron el año pasado en este mismo sentido no tardará dos años en resolverse, eso es seguro”, aseguró el presidente de la CEDHJ.
Por su parte, las quejosas hicieron un llamado a las autoridades para que cesen las extorsiones y los operativos violentos que lejos de buscar rescatar menores de edad de la prostitución, únicamente tienen el objetivo de ultrajar a quienes se dedican al sexo servicio.
Afirman que no ejercen su trabajo en la vía pública, sino al interior de fincas, respetando el acuerdo al que llegaron con el entonces presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, quien durante su administración sacó de las calles a las sexoservidoras.
Y es que actualmente señalan que les cobran hasta 13 mil 500 pesos, por cada una de las fincas, a las que ingresan los uniformados como parte de los operativos contra la trata de blancas, cuando se ha demostrado que en ninguno de ellos han detectado menores de edad, ni personas que se encuentren ahí en contra de su voluntad.
“Estamos contra gente que extorsiona todo el tiempo, que realmente no les interesan las menores de edad, ni las violaciones de los derechos humanos, hay muchos intereses por parte de algunas autoridades para dejar trabajar a base de extorsión. No vamos a darle un solo peso a la policía”.
Las autoridades tienen 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, para que informen a la Comisión sobre su aceptación.
EL INFORMADOR/ LILIANA NAVARRO
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