Eliminación de fuero, entre los primeros pasos anticorrupción

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- Sin claridad sobre las reformas que consolidarán el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el avance más importante en esta materia es la eliminación del fuero, según afirmó el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Miguel Monraz Ibarra.

“Para dejar claro que en Jalisco no tenemos diferencia entre los ciudadanos y los servidores públicos, y que la ley se le va a aplicar en el mismo sentido a todos los ciudadanos”, destacó.

Por su parte, el coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras Zepeda, declaró que también se dieron los primeros pasos con el #3de3, para que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, así como el portal abierto.

El diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, reconoció que se tenía una expectativa mayor del avance que se lograría en 2016, sin embargo, además de las reformas constitucionales se lograron realizar foros con académicos y empresarios que compartieron los insumos técnicos para impulsar este Sistema.

Finalmente, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, aseguró que se ocuparán de terminar con las reformas.

“Nos vamos a concentrar y ésa va a ser mi apuesta, a que en el primer trimestre tengamos todas las reformas, y dejando pendiente tal vez lo que el mismo transitorio da, a lo mejor unos meses más, pero el primer trimestre del año va a tener Jalisco grandes reformas”.  

Al respecto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry, destacó que muchos consideraron que no avanzarían, “nada más nos falta ajustar lo que viene. Hay voluntad y ganas, yo estoy consciente que se puede y se va a dar”.

COORDINACIÓN

Leyes por modificar

El coordinador de la fracción panista, Miguel Monraz Ibarra, informó que también se deberán realizar reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una ley que regule el Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley Orgánica de la Fiscalía, “lo que tiene que ver con la implementación del Fiscal Anticorrupción”, y las relacionadas al Ministerio Público.

Fortalecen Comisión del SEA

Uno de los avances que se ha tenido en lo que va del año, fue la instalación por parte del Ejecutivo estatal de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, integrada por autoridades, sociedad civil, organismos no gubernamentales, académicos y empresarios, y que se encargará de los preparativos para aterrizar el sistema.

La contralora María Teresa Brito destacó que previo a la instalación de esta comisión, la dependencia a su cargo avanzó en este trabajo con la elaboración de borradores de algunas iniciativas que obedecen “a la fortaleza jurídica de algunas dependencias del Poder Ejecutivo”.

Destacó que la dependencia participó en el análisis y elaboración de la Ley de Compras Gubernamentales, “ya estamos hablando de novedades que están bajando del Sistema Nacional Anticorrupción, y determinando claramente las responsabilidades en materia de bienes y servicios, sobre todo de obra pública, la responsabilidades de los servidores públicos, incluso de los particulares que intervienen en estos procesos”.

PARA SABER

Acelerarán designación de auditor

El diputado Miguel Monraz Ibarra informó que se deberán reformar al menos una decena de leyes en el Estado, entre las que se encuentran la Ley de Servidores Públicos del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización del Estado, “y ahí estaremos aprovechando también para el nombramiento del auditor del estado”.

Los diputados pretenden acelerar la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) que no se logró concretar el pasado 13 de diciembre, por lo que a partir de enero, Teresa Arellano Padilla se quedó como encargada de despacho para suplir en el cargo a Alonso Godoy Pelayo.

Buscan autonomía para Fiscalía Anticorrupción

A pesar de que la figura del fiscal especial en Combate a la Corrupción ya quedó contemplada en las reformas constitucionales aprobadas por los diputados en septiembre de 2016, aún faltan algunos ajustes para que se dé el nombramiento.

“Todavía hay que incluso poner esas reglas, pero (tiene que ser) un símil de lo que sucedió a nivel federal y evidentemente creo que la ruta debe ser compartida, que haya una propuesta que nazca o del Ejecutivo o de alguna otra forma, y el único poder que tiene facultad constitucional por la representación directa que tiene, es el Poder Legislativo”, destacó el diputado Ismael del Toro.

Por su parte, el diputado panista, Miguel Monraz Ibarra, comentó que de manera paralela se deberán lograr los consensos necesarios para que en Jalisco se logre también un Ministerio Público Autónomo, como ya se aprobó a nivel federal, “no solamente jerárquicamente del gobernador, y a nivel federal del Presidente de la República, sino presupuestalmente, porque no vas a tener un fiscal anticorrupción que dependa del fiscal y el fiscal que dependa del gobernador y del Presidente. No llevaría a cabo las investigaciones de manera eficiente”.

La propuesta emecistas para lograr un Ministerio Público autónomo, contempla que se cuente con un fiscal general y cinco fiscales especiales, entre éstos el de Anticorrupción. Todos con el mismo nivel jerárquico y que su elección quede en manos del Poder Legislativo, que aplique un examen de oposición y el proceso sea vigilado por la academia y la sociedad civil.

“Creo que está sobredicho ya el asunto de que si se ponen políticos  al frente de las instituciones de seguridad, pues vemos que los resultados hacia la ciudadanía son escasos, y los dimes y diretes son el día a día en los temas de seguridad”, señaló.

“Borrón y cuenta nueva” para el TAE

Los diputados han presentado al menos tres propuestas para reestructurar el Tribunal de lo Administrativo del Estado, las cuales se encuentran en estudio, destacó el diputado Ismael del Toro Castro.
 
Afirmó que buscarán “borrón y cuenta nueva”, y que se dejen las salas unitarias como se encuentran actualmente, “pero que (en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa) haya una sala superior que sea colegiada, que haya tres magistrados y que además en esa sala superior van a recaer facultades de combate a la corrupción y algunas acciones que tiene determinado el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Entre las principales atribuciones que tendría el Tribunal, se encuentra el determinar las responsabilidades de los funcionarios y particulares, establecer las sanciones para quien cometa actos de corrupción, indemnizaciones y autonomía para elaborar su propio presupuesto.

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Proponen creación de comité ciudadano

Con base en lo que establece la Ley Modelo para Sistemas Locales Anticorrupción, elaborada por Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad y Coparmex, representantes de este último en Jalisco, entregaron en diciembre al Congreso del Estado la propuesta de ley para el Estado.

En materia de fiscalización contempla que la Auditoría Superior y la Contraloría mantengan autonomía e independencia frente a los Poderes del Estado y de cualquier otra autoridad sujeta a revisión; homologar los procesos en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción.
 
Deberán también capacitar a los auditores y adoptar criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción, e incorporar mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Se propone que éstas eviten la duplicidad y omisiones en el trabajo, mayor cobertura de la fiscalización de recursos públicos, emitir reportes en lenguaje sencillo y accesible que contribuya en la toma de decisiones públicas, entre otros.

Sobre la plataforma nacional, proponen que a nivel local se administre de forma abierta, con un secretario técnico del sistema local, quien durará cinco años en el cargo y no podrá ser reelegido.

Éste, formará parte de la Secretaría Ejecutiva que se propone como órgano técnico de un comité coordinador, este último se creará y encargará de establecer mecanismos de coordinación entre los sistemas nacional y local, así como el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de prevención y combate a la corrupción.

Además, se propone un Comité de Participación Ciudadana que se encargará de dar seguimiento a los objetivos del comité coordinador, y ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas en la materia.

SE DESTINARÁN A NÓMINA Y CAPACITACIÓN

Acumulan recursos contra la corrupción

Para este año, el Gobierno del estado contará con una bolsa de 30 millones de pesos para el Sistema Estatal Anticorrupción, que estarán a disposición de la Contraloría del Estado, sin embargo, aún no está definido el uso que se le dará a éstos.

En 2016, el Ejecutivo etiquetó 20 millones de pesos que no se utilizaron porque aún no se encontraba lista la Comisión Interinstitucional, en la cual se analizarán las acciones a realizar, “los de este año sin secretario técnico, pues aún no hay la capacidad jurídica de participar”, afirmó la contralora, María Teresa Brito.

Comentó que los recursos podrían utilizarse para la capacitación del personal, para alguna campaña de promoción de las buenas prácticas, e incluso para la contratación de más personal, “necesitamos reforzar en el caso concreto de la Contraloría, en el área Jurídica, con un poco más de personal”.

La dependencia todavía no cuenta con el diagnóstico sobre el número de personas que se requerirá contratar para cumplir con el trabajo que les demandará el sistema,  ya que será uno de los puntos a tratar en la comisión.

Apuntó que el Ejecutivo estatal tiene 80 organismos paraestatales y 16 secretarías, “y según mi estadística tenemos a un auditor por dependencia, es complicado de repente, pero estamos en un proceso de reestructuración de funciones. No es sólo el propósito de engordar nómina, yo quiero hacerle como secretario técnico y luego como elemento clave, frente digno a lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Debido a que la dependencia ya tiene lineamientos para la práctica de auditorías, esto también aumentaría la carga de trabajo, “ya no estamos auditando bajo criterios, ya tenemos unos lineamientos que fueron avalados por la Secretaría de la Función Pública y de acuerdo a esos lineamientos ya no sólo vamos a hacer auditorías financieras, ya vamos a hacer auditorías de desempeño. Necesitamos más auditores”.

CONTRALORÍA VA POR FACULTAD PARA SANCIONAR

Debido a que el Sistema Nacional Anticorrupción le da una fortaleza importante a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sistema Estatal Anticorrupción requiere un órgano de control independiente, como es la Contraloría, destacó su titular, María Teresa Brito.

Sin embargo, recordó que tras una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la Ley de Responsabilidades, les fue retirada la facultad de sancionar, por lo que se buscarán las modificaciones necesarias.

Esta facultad de sancionar, dijo, actualmente la tienen los órganos disciplinarios de cada una de las dependencias, “y eso resulta jurídicamente ilógico, porque cuando nosotros determinamos observaciones de cargo y procede una sanción, respecto de la auditoría de una dependencia, lo turnamos a esa misma dependencia para que se sancione”.

Brito señaló que ahí ven un escenario “de juez y parte”, pero si se retorna esa facultad sancionatoria, la Contraloría tendrá la certidumbre de que el trabajo técnico de una auditoría cuando hay observaciones de cargo, culminará en una sanción de acuerdo a la Ley de Responsabilidades, “independientemente de la trascendencia que pudiera tener en el orden penal”.

Con las reformas ya aprobadas para combatir la corrupción, la Contraloría tendrá mayor carga de trabajo, en específico por la obligatoriedad de todos los servidores públicos para publicar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses “esto acarrea más trabajo”.

EL DATO

Reformas realizadas en 2016

Se modificaron 11 Artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco (8, 12, 15, 21, 35, 50, 80, 85, 92 y 106, (Sistema Estatal Anticorrupción):

• Se incorpora el delito de enriquecimiento ilícito como sujeto al procedimiento de extinción de dominio.

• La obligación de los servidores públicos para presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses (3de3).

• Se incorpora la figura de un fiscal especial encargado de perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción.

• Se constituye como obligación de los órganos del poder público, estales y municipales el combate de los actos de corrupción.

• Se incluye la cultura de la legalidad como criterio orientador para el sistema educativo.

• Se establece la obligación de crear órganos internos de control para entidades estatales y municipales.

• Para el caso de los organismos constitucionales autónomos el Congreso será encargado de su elección. Será por un periodo de cuatro años.

• Se creará el Sistema Estatal Anticorrupción, con dos comités: uno coordinador donde se integran las principales autoridades en la materia y otro de participación social.

NUMERALIA

Percepción sobre la frecuencia de la corrupción en diversos sectores

91.5% Policías

87.9% partidos políticos

83.3% diputados y senadores

82.8% gobiernos estatales

82.2% gobierno federal

80.1% gobiernos municipales

78.6% Ministerios Públicos

Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental (ENCIG 2015)

14,351 Víctimas de la corrupción por cada 100 mil habitantes en Jalisco (Séptimo lugar).

22,332 Actos de corrupción por cada 100 mil habitantes por debajo de la media nacional que es de 30 mil 97.

Porcentaje de usuarios que experimentan algún tipo de corrupción:

55.2% al contactar con autoridades de seguridad pública.

23.7% en trámites ante el Ministerio Público.

22.3% en trámites para abrir una empresa.

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