Jalisco
Cihuatlán, la cárcel en peores condiciones
Las limitaciones del Ayuntamiento hacen que sus reclusos se mantengan con un gasto público diario que es menos de la mitad del que recibirían en una penitenciaría estatal
GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2013).- La cárcel municipal de Cihuatlán se ha vuelto el centro penitenciario con la mayor tasa de sobrepoblación de todo el Estado de Jalisco, con 240%, considerando los 13 inmuebles que administra el Gobierno estatal y los otros 21 que también están en manos de ayuntamientos. La gravedad de esta situación es sabida por su Dirección de Seguridad Pública.
Durante el último periodo sexenal, la intensificación de la criminalidad y su combate por parte de las instituciones del Estado mexicano significaron para el Ayuntamiento de Cihuatlán un incremento en su población carcelaria de 73% desde 2006 a la actualidad, pero ningún programa compensatorio de un orden de gobierno superior.
Si en 2006 contaba con 49 reclusos, hoy en día son 85 los que están bajo su custodia, de acuerdo con la información que registran tanto la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal) como su propio Gobierno municipal.
También es verdad que ya desde que comenzaba la gestión del ahora ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, en Cihuatlán había hacinamiento; entonces era de 96%, lo llamativo está en el disparo que tuvo en dicho lapso.
Dice al respecto Arturo Martínez Madrigal, cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), responsable de las inspecciones penitenciarias: “La gran mayoría de las cárceles municipales están sobrepobladas, pero tenemos un caso que considero grave y hay que tener mucho cuidado: Cihuatlán. A principio de año (2012) con la primera visita tenía más de 100 (internos). De tal manera que tuvimos que intervenir ante las autoridades penitenciarias del Estado para que se hicieran traslados de reos a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado”.
De todos los internos que actualmente están en su cárcel municipal, 14 ya están sentenciados: 11 por delitos del fuero común (homicidio y robo) y tres por delitos del orden federal (portación de arma de fuego junto a otros como homicidio); el resto está bajo proceso penal.
Según la información que provee su Dirección de Seguridad Pública, la cárcel municipal se mantiene con un presupuesto mensual de 200 mil pesos; esto da un costo diario e individualizado por preso de 78.43 pesos.
En cambio, un recluso en manos del Gobierno del Estado se mantiene con un monto diario de 162.73 pesos (según un estudio del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de 2010), es decir, con un gasto público que es prácticamente el doble del que ofrece la capacidad del municipio.
Desde otra perspectiva, para un preso en Jalisco, estar en manos del Ayuntamiento o del Gobierno estatal le representará una diferencia de 107% en la inversión que se dirige para su resguardo.
El titular de la Dirección de Seguridad Pública de Cihuatlán, Jorge Enrique García Esqueda, habló en entrevista.
— ¿Han recibido algún tipo de apoyo o recurso económico del Estado o la Federación para mantener la cárcel municipal?
— No, todos los gastos referentes al reclusorio son sufragados por el municipio, y estamos hablando desde la comida, el agua, la luz.
— La responsabilidad constitucional del sistema penitenciario está en la Federación y los estados, no en los municipios ¿Cómo perciben esta situación en Cihuatlán?
— Claro, podría decir que realmente, si bien es cierto que es obligación del Estado el tener el resguardo de estos reclusos, y le dejaron esto al municipio, éste, con su capacidad, pues es muy baja, es muy baja su capacidad; su estado de fuerza es también muy precario para poder brindar la seguridad que se requiere. Aunado a que no contamos con la infraestructura correcta para albergar a estos internos, ya que las instalaciones son mucho muy viejas: donde están ahorita, están operando desde 1970, sí tenemos un problema mucho muy grave.
— ¿Han hecho algún tipo de gestión con el Estado para resolver el funcionamiento de la cárcel municipal?
— Se hicieron propuestas a la Secretaría de Seguridad Pública (Prevención y Readaptación Social de Jalisco) para ver la manera de reubicar este reclusorio. Proponerle, de alguna manera, darle un terreno por parte del Ayuntamiento que ellos valoraran, y vieran o hicieran un estudio de factibilidad para ver si reunía las condiciones para que ellos pudieran construir un reclusorio, un Ceinjure (Centro Integral de Justicia Regional) y poder cambiar a los internos.
— Pero eso no aterrizó…
— No, está en un proyecto, está todavía como una propuesta; ellos estarán valorándolo y viendo esta situación, ya que cuando se hizo la presentación de este proyecto era ya casi de salida y había cerrado con el paquete del ejercicio (fiscal) 2012, y ya no estaban en posibilidad de resolver. Estamos esperando que esté el cambio de gobierno y empiece a fluir el paquete económico.
— El último sexenio les significó un impacto muy fuerte en términos de población carcelaria…
— Sí, nosotros ya tenemos el reclusorio como tal, así que nos siguen llegando (presos) y simplemente seguimos dándoles cabida y cubrimos los gastos. Son responsabilidades compartidas, pero en este caso considero que debería destinarse una partida presupuestal a las necesidades que son inherentes a la responsabilidad del Estado. Qué quiero decir: que se tomaran cartas en el asunto y dijeran: ‘A ver cuántos son los internos que tú tienes; ahí te va esta partida para que cubras las necesidades’”.
CRÓNICA
“Quiero salir…”
La cárcel municipal de Zapotlanejo está habilitada dentro del mismo inmueble de la Presidencia Municipal, la cual está, como es costumbre, justo frente a la plaza principal de su Centro. La misma cantera resguarda a una treintena de presos y al poder político del lugar. A unos pasos, la iglesia.
La bóveda de la penitenciaría es muy alta, así que también las rejas de sus tres celdas. La más pequeña se usa para albergar a mujeres cuando las hay, pero igual es apartada para la visita marital, y para los trabajos que hacen los presos (las pinturas de motivos religiosos son cubiertas con cuentas de colores; los rostros y las manos de los personajes no se alteran, sólo sus ropas y algunos elementos a su alrededor, como las flores).
Si hay reclusas, permanecen en su dormitorio todo el día, para que el espacio común entre las celdas, muy reducido para ser un patio, sea ocupado por los hombres, y es hasta que llega la noche que se cambian los papeles.
Es una manera de seguir el mandato de la Constitución Política mexicana que establece que las mujeres y hombres que están presos deben estar separados, aunque también dice que no pueden estar juntos procesados y sentenciados…dice eso y otras muchas cosas.
La cárcel está llena de voces, todas con identidad, pero no para este momento:
“¿Mi delito…? Pues ninguno, nomás me torcieron porque corrí… me pegaron unos balazos… cuatro… Sí, todo está bien… sí, nos traen comida… a mediodía, en la mañana y en la tarde… Simón, la rutina… sí, mandamos pedir algo y sí nos lo traen… Todavía no sé nada, no me han dicho nada…”.
“Me mandaron… No, soy de Matatlán, aquí como en 15 minutos… Será porque soy nuevo pero yo no estoy a gusto aquí…quiero salir… Nunca había estado en la cárcel… tengo 26 años…”.
“No, hasta ahorita no ha venido ningún abogado… no me han dicho cuál es mi situación… Sí quiero contratar a uno pero no lo he contratado; estoy esperando si me dan uno, si no, para contratarlo… Estoy esperando… No, no sé en qué estado estoy…”.
“Pues es que yo vengo junto con otros… Es que traían mariguana y ya… pues el que la traía estaba ahí… Sí, estaba con ellos y pues también… mientras se aclara todo, tú vente también a ver qué… No, yo no traía nada… No, traía dos kilos… Estoy esperando… La traía un compañero pero de todos modos tú vente también… y él dice que era de él… él la traía… Mientras se aclara todo...”.
“No te van a estar trayendo desde la penal hasta acá…ocho o siete meses o un año de proceso… Deberían tomar su responsabilidad… ya deberían estar allá… aquí no es para estar tantos meses… Que nos trajeran alimento más seguido…y el sobrecupo…”.
“Diecinueve años… Está por robo calificado… sentenciado… almuerzo, comida y cena… tienen que verse como familia…y medicamento… no robarse ni agredirse… se puede levantar otro proceso… está todo tranquilo…”.
CIFRAS
Las cárceles municipales de Jalisco por grado de hacinamiento
Municipios C P S P S
Cihuatlán 25 85 240 71 14
Arandas 25 70 180 61 9
Colotlán 25 52 108 43 9
La Barca 20 37 85 36 1
San Juan de los Lagos 20 31 55 18 13
Zapotlanejo 20 30 50 25 5
Yahualica 10 13 30 10 3
Tala 25 31 24 29 2
Encarnación de Díaz 15 18 20 15 3
Zacoalco de Torres 20 24 20 24 0
Unión de Tula 20 23 15 18 5
Teocaltiche 20 22 10 22 0
Sayula 30 33 10 23 10
Ocotlán 26 26 0 26 0
Jalostotitlán 30 27 -10 27 0
Atotonilco El Alto 20 18 -10 18 0
Cocula 30 24 -20 24 0
Mazamitla 30 19 -36 10 9
Mascota 25 16 -36 16 0
Ahualulco de Mercado 30 17 -43 17 0
San Gabriel 20 10 -50 10 0
Tlajomulco de Zúñiga 26 2 -92 2 0
Sinmbología C Capacidad P Población
S Sobrepoblación % P Procesados S Sentenciados
Fuente: Comisión Nacional de Seguridad. En el caso
de Cihuatlán y Zapotlanejo se actualizó información
proporcionada por su ayuntamiento.
PRESOS EN MUNICIPIOS LE COSTARÍAN AL ESTADO 37 MDP ANUALES
Próximo Gobierno prevé desaparición de cárceles municipales
Una de las salidas que proponen tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como especialistas consultados para los problemas que presenta la red de 22 cárceles municipales, y cuya población creció 69% en el periodo 2006-2012, es que el Gobierno estatal formalice los convenios de coordinación que deberían existir con los ayuntamientos que las administran, para apoyarlos en su sostenimiento.
En el año 2010, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de Jalisco elaboró un Análisis Cuantitativo del Sistema Penitenciario, en el que determinó que un interno en manos del Gobierno estatal representaba un costo total diario de 162.73 pesos.
Si esto se aplica a los 628 presos que actualmente son atendidos por los 22 ayuntamientos con cárceles de su administración, quiere decir que la inversión que debería dirigirles el Gobierno del Estado para su sostenimiento ascendería a unos 36 millones 789 mil 998 pesos anuales.
En ese estudio se informaba que, considerando los 15 mil 929 presos que estaban en el sistema penitenciario estatal en ese momento (hoy son 16 mil 666), “el costo anual asciende a 933 millones 165 mil 421, lo que representa 40.86% del total del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco”.
Los municipios como Cihuatlán o Zapotlanejo, cuya cárcel se encuentra con una tasa de sobrepoblación de 50%, y localizada justo frente a la plaza principal de su Centro, se encuentran interesados en analizar, junto con el Gobierno estatal, estrategias que permitan superar el funcionamiento de estos centros penitenciarios que cargan con su improvisación.
El presidente municipal de Zapotlanejo, Francisco Javier Pulido Álvarez, dice tener planes al respecto: “Mi proyecto es primeramente sacar la cárcel de aquí: la tenemos enfrente de la plaza y no debe de estar ya ahí; vamos a exhortar al Gobierno tanto del Estado como federal para hacer una nueva cárcel para tener a la gente en una en la que estén más dignamente”.
Equipo de transición analiza posibles soluciones
La problemática que representa el funcionamiento de la red de cárceles municipales en Jalisco no tiene aún un planteamiento definitivo de solución por parte de la siguiente administración del Gobierno del Estado.
Los 22 gobiernos municipales que cargan, por excepción y con su hacienda propia, con esta responsabilidad penitenciaria en Jalisco, deberán estar a la expectativa de dos posibles salidas que tiene sobre la mesa el equipo de transición del gobernador electo, Aristóteles Sandoval Díaz:
La desaparición de estos centros carcelarios municipales mediante la ampliación de la estructura penitenciaria estatal o, por el contrario, su mantenimiento, aunque con la creación de un subsidio que subsane las limitadas capacidades económicas de los ayuntamientos para el sostenimiento de los presos.
En uno u otro horizonte, se espera un impacto muy positivo con la adopción del sistema penal acusatorio y oral, que traerá una despresurización penitenciaria en general con un uso más racional de la prisión preventiva (54.84% de los presos en Jalisco no tiene sentencia; 87%, en las cárceles municipales), y que comenzará a implementarse en Jalisco en 2014, según lo confirma Ruth Gabriela Gallardo Vega, coordinadora de Seguridad de este equipo de transición, pues está considerado como una prioridad su pleno funcionamiento hacia 2016.
El diagnóstico hecho por el equipo sobre las cárceles municipales concluye en la existencia de deficiencias en materia de seguridad derivadas de factores como el personal policial que, sin estar capacitado para ello, se desempeña como custodio, haciéndose cargo, incluso, de internos con perfiles de alta peligrosidad.
Por lo pronto, el equipo ya cuenta con el Plan Integral para la adopción de la reforma al sistema penal que elaboró Guillermo Zepeda Lecuona para el órgano implementador de la misma, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que determina una inversión necesaria para lograrlo por tres mil 336 millones 657 mil 481 pesos.
“Entendemos que va a ser caro, pero es una inversión que tendrá que realizarse en un momento determinado, porque se tiene que implementar y se tiene que cumplir con esta reforma constitucional”, concluyó la entrevistada.
Durante el último periodo sexenal, la intensificación de la criminalidad y su combate por parte de las instituciones del Estado mexicano significaron para el Ayuntamiento de Cihuatlán un incremento en su población carcelaria de 73% desde 2006 a la actualidad, pero ningún programa compensatorio de un orden de gobierno superior.
Si en 2006 contaba con 49 reclusos, hoy en día son 85 los que están bajo su custodia, de acuerdo con la información que registran tanto la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal) como su propio Gobierno municipal.
También es verdad que ya desde que comenzaba la gestión del ahora ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, en Cihuatlán había hacinamiento; entonces era de 96%, lo llamativo está en el disparo que tuvo en dicho lapso.
Dice al respecto Arturo Martínez Madrigal, cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), responsable de las inspecciones penitenciarias: “La gran mayoría de las cárceles municipales están sobrepobladas, pero tenemos un caso que considero grave y hay que tener mucho cuidado: Cihuatlán. A principio de año (2012) con la primera visita tenía más de 100 (internos). De tal manera que tuvimos que intervenir ante las autoridades penitenciarias del Estado para que se hicieran traslados de reos a reclusorios a cargo del Gobierno del Estado”.
De todos los internos que actualmente están en su cárcel municipal, 14 ya están sentenciados: 11 por delitos del fuero común (homicidio y robo) y tres por delitos del orden federal (portación de arma de fuego junto a otros como homicidio); el resto está bajo proceso penal.
Según la información que provee su Dirección de Seguridad Pública, la cárcel municipal se mantiene con un presupuesto mensual de 200 mil pesos; esto da un costo diario e individualizado por preso de 78.43 pesos.
En cambio, un recluso en manos del Gobierno del Estado se mantiene con un monto diario de 162.73 pesos (según un estudio del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de 2010), es decir, con un gasto público que es prácticamente el doble del que ofrece la capacidad del municipio.
Desde otra perspectiva, para un preso en Jalisco, estar en manos del Ayuntamiento o del Gobierno estatal le representará una diferencia de 107% en la inversión que se dirige para su resguardo.
El titular de la Dirección de Seguridad Pública de Cihuatlán, Jorge Enrique García Esqueda, habló en entrevista.
— ¿Han recibido algún tipo de apoyo o recurso económico del Estado o la Federación para mantener la cárcel municipal?
— No, todos los gastos referentes al reclusorio son sufragados por el municipio, y estamos hablando desde la comida, el agua, la luz.
— La responsabilidad constitucional del sistema penitenciario está en la Federación y los estados, no en los municipios ¿Cómo perciben esta situación en Cihuatlán?
— Claro, podría decir que realmente, si bien es cierto que es obligación del Estado el tener el resguardo de estos reclusos, y le dejaron esto al municipio, éste, con su capacidad, pues es muy baja, es muy baja su capacidad; su estado de fuerza es también muy precario para poder brindar la seguridad que se requiere. Aunado a que no contamos con la infraestructura correcta para albergar a estos internos, ya que las instalaciones son mucho muy viejas: donde están ahorita, están operando desde 1970, sí tenemos un problema mucho muy grave.
— ¿Han hecho algún tipo de gestión con el Estado para resolver el funcionamiento de la cárcel municipal?
— Se hicieron propuestas a la Secretaría de Seguridad Pública (Prevención y Readaptación Social de Jalisco) para ver la manera de reubicar este reclusorio. Proponerle, de alguna manera, darle un terreno por parte del Ayuntamiento que ellos valoraran, y vieran o hicieran un estudio de factibilidad para ver si reunía las condiciones para que ellos pudieran construir un reclusorio, un Ceinjure (Centro Integral de Justicia Regional) y poder cambiar a los internos.
— Pero eso no aterrizó…
— No, está en un proyecto, está todavía como una propuesta; ellos estarán valorándolo y viendo esta situación, ya que cuando se hizo la presentación de este proyecto era ya casi de salida y había cerrado con el paquete del ejercicio (fiscal) 2012, y ya no estaban en posibilidad de resolver. Estamos esperando que esté el cambio de gobierno y empiece a fluir el paquete económico.
— El último sexenio les significó un impacto muy fuerte en términos de población carcelaria…
— Sí, nosotros ya tenemos el reclusorio como tal, así que nos siguen llegando (presos) y simplemente seguimos dándoles cabida y cubrimos los gastos. Son responsabilidades compartidas, pero en este caso considero que debería destinarse una partida presupuestal a las necesidades que son inherentes a la responsabilidad del Estado. Qué quiero decir: que se tomaran cartas en el asunto y dijeran: ‘A ver cuántos son los internos que tú tienes; ahí te va esta partida para que cubras las necesidades’”.
CRÓNICA
“Quiero salir…”
La cárcel municipal de Zapotlanejo está habilitada dentro del mismo inmueble de la Presidencia Municipal, la cual está, como es costumbre, justo frente a la plaza principal de su Centro. La misma cantera resguarda a una treintena de presos y al poder político del lugar. A unos pasos, la iglesia.
La bóveda de la penitenciaría es muy alta, así que también las rejas de sus tres celdas. La más pequeña se usa para albergar a mujeres cuando las hay, pero igual es apartada para la visita marital, y para los trabajos que hacen los presos (las pinturas de motivos religiosos son cubiertas con cuentas de colores; los rostros y las manos de los personajes no se alteran, sólo sus ropas y algunos elementos a su alrededor, como las flores).
Si hay reclusas, permanecen en su dormitorio todo el día, para que el espacio común entre las celdas, muy reducido para ser un patio, sea ocupado por los hombres, y es hasta que llega la noche que se cambian los papeles.
Es una manera de seguir el mandato de la Constitución Política mexicana que establece que las mujeres y hombres que están presos deben estar separados, aunque también dice que no pueden estar juntos procesados y sentenciados…dice eso y otras muchas cosas.
La cárcel está llena de voces, todas con identidad, pero no para este momento:
“¿Mi delito…? Pues ninguno, nomás me torcieron porque corrí… me pegaron unos balazos… cuatro… Sí, todo está bien… sí, nos traen comida… a mediodía, en la mañana y en la tarde… Simón, la rutina… sí, mandamos pedir algo y sí nos lo traen… Todavía no sé nada, no me han dicho nada…”.
“Me mandaron… No, soy de Matatlán, aquí como en 15 minutos… Será porque soy nuevo pero yo no estoy a gusto aquí…quiero salir… Nunca había estado en la cárcel… tengo 26 años…”.
“No, hasta ahorita no ha venido ningún abogado… no me han dicho cuál es mi situación… Sí quiero contratar a uno pero no lo he contratado; estoy esperando si me dan uno, si no, para contratarlo… Estoy esperando… No, no sé en qué estado estoy…”.
“Pues es que yo vengo junto con otros… Es que traían mariguana y ya… pues el que la traía estaba ahí… Sí, estaba con ellos y pues también… mientras se aclara todo, tú vente también a ver qué… No, yo no traía nada… No, traía dos kilos… Estoy esperando… La traía un compañero pero de todos modos tú vente también… y él dice que era de él… él la traía… Mientras se aclara todo...”.
“No te van a estar trayendo desde la penal hasta acá…ocho o siete meses o un año de proceso… Deberían tomar su responsabilidad… ya deberían estar allá… aquí no es para estar tantos meses… Que nos trajeran alimento más seguido…y el sobrecupo…”.
“Diecinueve años… Está por robo calificado… sentenciado… almuerzo, comida y cena… tienen que verse como familia…y medicamento… no robarse ni agredirse… se puede levantar otro proceso… está todo tranquilo…”.
CIFRAS
Las cárceles municipales de Jalisco por grado de hacinamiento
Municipios C P S P S
Cihuatlán 25 85 240 71 14
Arandas 25 70 180 61 9
Colotlán 25 52 108 43 9
La Barca 20 37 85 36 1
San Juan de los Lagos 20 31 55 18 13
Zapotlanejo 20 30 50 25 5
Yahualica 10 13 30 10 3
Tala 25 31 24 29 2
Encarnación de Díaz 15 18 20 15 3
Zacoalco de Torres 20 24 20 24 0
Unión de Tula 20 23 15 18 5
Teocaltiche 20 22 10 22 0
Sayula 30 33 10 23 10
Ocotlán 26 26 0 26 0
Jalostotitlán 30 27 -10 27 0
Atotonilco El Alto 20 18 -10 18 0
Cocula 30 24 -20 24 0
Mazamitla 30 19 -36 10 9
Mascota 25 16 -36 16 0
Ahualulco de Mercado 30 17 -43 17 0
San Gabriel 20 10 -50 10 0
Tlajomulco de Zúñiga 26 2 -92 2 0
Sinmbología C Capacidad P Población
S Sobrepoblación % P Procesados S Sentenciados
Fuente: Comisión Nacional de Seguridad. En el caso
de Cihuatlán y Zapotlanejo se actualizó información
proporcionada por su ayuntamiento.
PRESOS EN MUNICIPIOS LE COSTARÍAN AL ESTADO 37 MDP ANUALES
Próximo Gobierno prevé desaparición de cárceles municipales
Una de las salidas que proponen tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como especialistas consultados para los problemas que presenta la red de 22 cárceles municipales, y cuya población creció 69% en el periodo 2006-2012, es que el Gobierno estatal formalice los convenios de coordinación que deberían existir con los ayuntamientos que las administran, para apoyarlos en su sostenimiento.
En el año 2010, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de Jalisco elaboró un Análisis Cuantitativo del Sistema Penitenciario, en el que determinó que un interno en manos del Gobierno estatal representaba un costo total diario de 162.73 pesos.
Si esto se aplica a los 628 presos que actualmente son atendidos por los 22 ayuntamientos con cárceles de su administración, quiere decir que la inversión que debería dirigirles el Gobierno del Estado para su sostenimiento ascendería a unos 36 millones 789 mil 998 pesos anuales.
En ese estudio se informaba que, considerando los 15 mil 929 presos que estaban en el sistema penitenciario estatal en ese momento (hoy son 16 mil 666), “el costo anual asciende a 933 millones 165 mil 421, lo que representa 40.86% del total del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco”.
Los municipios como Cihuatlán o Zapotlanejo, cuya cárcel se encuentra con una tasa de sobrepoblación de 50%, y localizada justo frente a la plaza principal de su Centro, se encuentran interesados en analizar, junto con el Gobierno estatal, estrategias que permitan superar el funcionamiento de estos centros penitenciarios que cargan con su improvisación.
El presidente municipal de Zapotlanejo, Francisco Javier Pulido Álvarez, dice tener planes al respecto: “Mi proyecto es primeramente sacar la cárcel de aquí: la tenemos enfrente de la plaza y no debe de estar ya ahí; vamos a exhortar al Gobierno tanto del Estado como federal para hacer una nueva cárcel para tener a la gente en una en la que estén más dignamente”.
Equipo de transición analiza posibles soluciones
La problemática que representa el funcionamiento de la red de cárceles municipales en Jalisco no tiene aún un planteamiento definitivo de solución por parte de la siguiente administración del Gobierno del Estado.
Los 22 gobiernos municipales que cargan, por excepción y con su hacienda propia, con esta responsabilidad penitenciaria en Jalisco, deberán estar a la expectativa de dos posibles salidas que tiene sobre la mesa el equipo de transición del gobernador electo, Aristóteles Sandoval Díaz:
La desaparición de estos centros carcelarios municipales mediante la ampliación de la estructura penitenciaria estatal o, por el contrario, su mantenimiento, aunque con la creación de un subsidio que subsane las limitadas capacidades económicas de los ayuntamientos para el sostenimiento de los presos.
En uno u otro horizonte, se espera un impacto muy positivo con la adopción del sistema penal acusatorio y oral, que traerá una despresurización penitenciaria en general con un uso más racional de la prisión preventiva (54.84% de los presos en Jalisco no tiene sentencia; 87%, en las cárceles municipales), y que comenzará a implementarse en Jalisco en 2014, según lo confirma Ruth Gabriela Gallardo Vega, coordinadora de Seguridad de este equipo de transición, pues está considerado como una prioridad su pleno funcionamiento hacia 2016.
El diagnóstico hecho por el equipo sobre las cárceles municipales concluye en la existencia de deficiencias en materia de seguridad derivadas de factores como el personal policial que, sin estar capacitado para ello, se desempeña como custodio, haciéndose cargo, incluso, de internos con perfiles de alta peligrosidad.
Por lo pronto, el equipo ya cuenta con el Plan Integral para la adopción de la reforma al sistema penal que elaboró Guillermo Zepeda Lecuona para el órgano implementador de la misma, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que determina una inversión necesaria para lograrlo por tres mil 336 millones 657 mil 481 pesos.
“Entendemos que va a ser caro, pero es una inversión que tendrá que realizarse en un momento determinado, porque se tiene que implementar y se tiene que cumplir con esta reforma constitucional”, concluyó la entrevistada.
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