Jalisco
Cereso de Puente Grande, sin certificación
El complejo estatal es para seis mil 456 prisioneros, pero hay el doble. Esta sobrepoblación impide acreditación internacional
GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2015).- A nivel internacional sólo existe un reconocimiento de certificación para los centros penitenciarios, que otorga la American Correctional Association (ACA), organismo que evalúa los servicios y establece estrictos controles de calidad y seguridad en sus operaciones. Sin embargo, Jalisco está lejos de obtener esta categoría.
“No podemos aspirar a una certificación, cuesta recursos y el primer requisito que debemos cumplir sería (eliminar) la sobrepoblación, que ya empezamos a bajar”, indica la fiscal de Reinserción Social del Estado, Marisela Gómez Cobos.
El núcleo estatal de Puente Grande está conformado por el Reclusorio Preventivo, el Femenil y el Centro de Reinserción Social (Cereso). Tienen una capacidad para seis mil 456 prisioneros, pero hay 13 mil 601.
En el Congreso de Jalisco no hay una solicitud de recursos para certificar la penitenciaría. En el lado opuesto se encuentra Chihuahua: su gobernador, César Duarte, se comprometió a certificar todos los penales para septiembre próximo. Los primeros dos obtuvieron en agosto pasado la certificación de la ACA tras realizar una inversión de 24.2 millones de pesos para equipos de seguridad con tecnología de punta: circuito cerrado de televisión para monitoreo, aduanas inteligentes, aparatos de telecomunicaciones, así como equipos médicos y de laboratorio, entre otros.
En Jalisco, para el próximo mes, funcionarios de la Fiscalía asistirán a un curso impartido por la Embajada de Estados Unidos para conocer el modelo de certificación. “Ahora que mandemos a los especialistas ya platicaríamos con el fiscal (Eduardo Almaguer) para decirle las condiciones que debemos cubrir. Es muy difícil por los requisitos”.
Los penales que maneja el Estado, reconoce, son de mediana seguridad. No hay ningún tipo de certificación más que “las buenas prácticas y los manuales que cada centro debe tener… cumplimos los requisitos de la Comisión Nacional de Seguridad en cuanto a la capacitación de nuestro personal”.
Guillermo Zepeda Lecuona, experto en temas de seguridad, indica que el Estado no sólo debe centrar esfuerzos en temas clave, como la despresurización de prisiones o conseguir más recursos para su mejor operación. “El sistema penitenciario tiene fallas de origen que obligan a un ‘giro de tuerca’. Debe certificar a las personas, no sólo a los procesos”.
Desde su óptica, la política criminal tiene un enfoque erróneo, lo que ha incidido en indicadores adversos. Por ejemplo: que la Entidad sea la tercera en el país con más población penitenciaria; que haya tres mil presos menos que en el Estado de México, aunque en Jalisco vivan menos de la mitad de habitantes”.
“No podemos aspirar a una certificación, cuesta recursos y el primer requisito que debemos cumplir sería (eliminar) la sobrepoblación, que ya empezamos a bajar”, indica la fiscal de Reinserción Social del Estado, Marisela Gómez Cobos.
El núcleo estatal de Puente Grande está conformado por el Reclusorio Preventivo, el Femenil y el Centro de Reinserción Social (Cereso). Tienen una capacidad para seis mil 456 prisioneros, pero hay 13 mil 601.
En el Congreso de Jalisco no hay una solicitud de recursos para certificar la penitenciaría. En el lado opuesto se encuentra Chihuahua: su gobernador, César Duarte, se comprometió a certificar todos los penales para septiembre próximo. Los primeros dos obtuvieron en agosto pasado la certificación de la ACA tras realizar una inversión de 24.2 millones de pesos para equipos de seguridad con tecnología de punta: circuito cerrado de televisión para monitoreo, aduanas inteligentes, aparatos de telecomunicaciones, así como equipos médicos y de laboratorio, entre otros.
En Jalisco, para el próximo mes, funcionarios de la Fiscalía asistirán a un curso impartido por la Embajada de Estados Unidos para conocer el modelo de certificación. “Ahora que mandemos a los especialistas ya platicaríamos con el fiscal (Eduardo Almaguer) para decirle las condiciones que debemos cubrir. Es muy difícil por los requisitos”.
Los penales que maneja el Estado, reconoce, son de mediana seguridad. No hay ningún tipo de certificación más que “las buenas prácticas y los manuales que cada centro debe tener… cumplimos los requisitos de la Comisión Nacional de Seguridad en cuanto a la capacitación de nuestro personal”.
Guillermo Zepeda Lecuona, experto en temas de seguridad, indica que el Estado no sólo debe centrar esfuerzos en temas clave, como la despresurización de prisiones o conseguir más recursos para su mejor operación. “El sistema penitenciario tiene fallas de origen que obligan a un ‘giro de tuerca’. Debe certificar a las personas, no sólo a los procesos”.
Desde su óptica, la política criminal tiene un enfoque erróneo, lo que ha incidido en indicadores adversos. Por ejemplo: que la Entidad sea la tercera en el país con más población penitenciaria; que haya tres mil presos menos que en el Estado de México, aunque en Jalisco vivan menos de la mitad de habitantes”.
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