Jalisco
Cárceles municipales, saturadas
Entre 2006 y 2012 la población de internos creció 69% y, sin embargo, no existe un subsidio compensatorio federal o estatal
GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2012).- La población penitenciaria en la red de cárceles municipales que está en manos de 22 ayuntamientos de Jalisco ha tenido un crecimiento drástico a partir de la estrategia nacional contra la delincuencia, que se traduce en un hacinamiento antes inexistente y un mayor riesgo para su funcionamiento, dada la vulnerabilidad que muestran estas instalaciones y las limitaciones propias de las instancias municipales.
Informes de la Comisión Nacional de Seguridad y de los propios ayuntamientos muestran que, en el periodo de 2006 a 2012, la cantidad de presos que se mantienen en los centros carcelarios municipales en Jalisco creció 69%, impacto incluso mayor al que tuvo todo el sistema penitenciario estatal en ese lapso, que fue de 51 por ciento.
La reducida capacidad financiera y operativa de estos ayuntamientos (entre los cuales el único metropolitano es Tlajomulco de Zúñiga) se refleja en sus presupuestos anuales totales, que rondan los 103 millones de pesos, y corporaciones policiales de 70 elementos —un promedio para ambos aspectos—, con lo que se debe cumplir con tareas de seguridad y el resguardo de las cárceles.
Estas cárceles municipales albergan desde internos procesados hasta sentenciados, tanto del fuero común como del federal, sin personal suficiente ni capacitado para ser custodio, ni para elaborar perfiles criminológicos que determinen el nivel de peligrosidad de los presos. Aun así, los gobiernos municipales que se hacían cargo de una población de 372 internos en 2006 llegaron a 628 reclusos en 2012, sin que hubiera más recursos económicos, humanos o técnicos.
Además de las implicaciones en seguridad (hay cárceles municipales con sólo tres custodios e ingresos documentados por delincuencia organizada), esta situación ha llevado a que el problema de hacinamiento y sobrepoblación que enfrentan los ayuntamientos sea más grave, inclusive, que el de los centros penitenciarios del Gobierno de Jalisco, uno de los tres sistemas estatales más saturados del país.
La cárcel del Ayuntamiento de Cihuatlán presenta una tasa de sobrepoblación de 240%, casi el triple de la que registra el Centro de Reinserción Social de Jalisco (Cereso, con 84%), que es la instalación con mayor hacinamiento administrada por el Gobierno estatal, con la diferencia de que el presupuesto del municipio es sólo 0.1% del que tiene el Ejecutivo, por casi 78 mil millones de pesos.
Con la reforma del 18 de junio de 2008, la Constitución manda en su Artículo 18 que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción a la sociedad de los presos.
Informes de la Comisión Nacional de Seguridad y de los propios ayuntamientos muestran que, en el periodo de 2006 a 2012, la cantidad de presos que se mantienen en los centros carcelarios municipales en Jalisco creció 69%, impacto incluso mayor al que tuvo todo el sistema penitenciario estatal en ese lapso, que fue de 51 por ciento.
La reducida capacidad financiera y operativa de estos ayuntamientos (entre los cuales el único metropolitano es Tlajomulco de Zúñiga) se refleja en sus presupuestos anuales totales, que rondan los 103 millones de pesos, y corporaciones policiales de 70 elementos —un promedio para ambos aspectos—, con lo que se debe cumplir con tareas de seguridad y el resguardo de las cárceles.
Estas cárceles municipales albergan desde internos procesados hasta sentenciados, tanto del fuero común como del federal, sin personal suficiente ni capacitado para ser custodio, ni para elaborar perfiles criminológicos que determinen el nivel de peligrosidad de los presos. Aun así, los gobiernos municipales que se hacían cargo de una población de 372 internos en 2006 llegaron a 628 reclusos en 2012, sin que hubiera más recursos económicos, humanos o técnicos.
Además de las implicaciones en seguridad (hay cárceles municipales con sólo tres custodios e ingresos documentados por delincuencia organizada), esta situación ha llevado a que el problema de hacinamiento y sobrepoblación que enfrentan los ayuntamientos sea más grave, inclusive, que el de los centros penitenciarios del Gobierno de Jalisco, uno de los tres sistemas estatales más saturados del país.
La cárcel del Ayuntamiento de Cihuatlán presenta una tasa de sobrepoblación de 240%, casi el triple de la que registra el Centro de Reinserción Social de Jalisco (Cereso, con 84%), que es la instalación con mayor hacinamiento administrada por el Gobierno estatal, con la diferencia de que el presupuesto del municipio es sólo 0.1% del que tiene el Ejecutivo, por casi 78 mil millones de pesos.
Con la reforma del 18 de junio de 2008, la Constitución manda en su Artículo 18 que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción a la sociedad de los presos.
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