Jalisco
Cárceles municipales están rebasadas desde 2010
Al principio del sexenio, el conjunto de los 22 centros penitenciarios de los ayuntamientos estaba por debajo de su capacidad total
GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2013).- La red de cárceles municipales que está en manos de 22 ayuntamientos de Jalisco ha llegado a un nivel de sobrepoblación y hacinamiento que no conocía en el año 2006, cuando se mantenía por debajo de su capacidad total de alojamiento como conjunto, según muestran los registros existentes.
En aquel momento, cuando iniciaba el despliegue de la estrategia nacional contra la delincuencia, encabezada por el Gobierno federal, las instalaciones municipales estaban, desde una perspectiva general, ocupadas en no más de 72.6%, es decir, con espacios sobrantes.
Sin embargo, al paso de los años y con el recrudecimiento de la violencia y la incidencia delictiva, los gobiernos municipales fueron viendo cómo aumentaba la demanda sobre sus instalaciones hasta que en 2010, por primera vez, registraron una cantidad total de presos (571) que excedía a su capacidad como conglomerado (512 lugares), lo que significó su sobresaturación en una tasa de 11.5 por ciento.
En 2012 la red de centros penitenciarios municipales alcanzó una sobrepoblación de 19.3%, una cifra que, sin embargo, puede más bien esconder el nivel de la problemática, que se dimensionará mejor al profundizar de manera individualizada.
Además de lo que está sucediendo en Cihuatlán y su tasa de sobrepoblación de 240% (no hay ningún otro centro carcelario en Jalisco, ya sea estatal o municipal, con ese nivel de hacinamiento), están otros casos de gravedad en Arandas y Colotlán, aquél superado en su capacidad en 180%; éste, en 108 por ciento.
La Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco no tiene ninguna penitenciaría con esos niveles de sobresaturación, lo peor de sus registros llega a 84.6% del Cereso de Puente Grande. De una u otra forma, más allá de 20% de sobrepoblación está considerado por la Organización de las Naciones Unidas como trato cruel e inhumano, según lo ha advertido el especialista en el sistema penal mexicano, Guillermo Zepeda Lecuona.
Y aunque no a los niveles de Cihuatlán, Arandas o Colotlán, la mayoría de las cárceles municipales existentes en Jalisco están sobrepobladas, de acuerdo con los informes que elabora la Comisión Nacional de Seguridad. De estos 22 centros carcelarios en manos de los ayuntamientos, 13 (59%) están albergando a más personas de las que les permiten sus instalaciones, las cuales, por cierto, no fueron diseñadas para tener esa función.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha confirmado que todas estas cárceles municipales surgieron como simples centros de retención para las personas que cometen faltas administrativas, como cualquier ayuntamiento los tiene, pero no para tener personas bajo proceso penal ni, mucho menos, sentenciadas.
ESTUDIO A ESCALA LOCAL
Debe absorberlas el Estado: CEDHJ
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha sido clara en señalar que el Gobierno de Jalisco, a través de su Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, debe hacerse cargo cuanto antes de la operación de las cárceles municipales o, en su defecto, ampliar su sistema penitenciario.
Esto está plasmado en las conclusiones de su Informe Especial sobre la Situación de las Cárceles Municipales 2011, y así también lo remarca el cuarto visitador general, Arturo Martínez Madrigal, responsable de inspecciones a los centros penitenciarios.
“Son casas viejas que la mayor parte están anexas a la Presidencia Municipal y que es donde tradicionalmente se utilizaban para internamiento de personas detenidas por faltas administrativas, pero por la necesidad es que dijeron; ‘Ahí te va, ayuntamiento, y tú hazte cargo de ellos’, y la verdad es que no es lo ideal ni jurídicamente es lo propio. Es el Estado quien debe hacerse cargo de estas cárceles o construir reclusorios regionales de manera estratégica, para que absorban esa población que está en las cárceles municipales sujetas a proceso o sentenciadas”, dice el entrevistado.
Las cárceles municipales surgieron para subsanar, en parte, las limitaciones del sistema penitenciario que administra la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, que no sólo están reflejadas en su sobrepoblación actual de 79.6%, sino en una cobertura insuficiente del territorio del Estado.
Su razón de existir está en que los internos bajo proceso penal deben estar cercanos a los juzgados y, aunque su funcionamiento está previsto en la Ley de Ejecución de Penas, ahí se considera que puedan operar mediante convenios de coordinación con el Poder Ejecutivo, lo que podría significar a los municipios apoyos, que no se han formalizado.
“La costumbre aquí ya se hizo ley, pero no es lo correcto, porque es una carga para los ayuntamientos”, dice el cuarto visitador. El catedrático e investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG, Felipe Garibay Valle, comparte el reclamo de corregir la situación porque el Gobierno estatal establezca, al menos, un programa de acompañamiento institucional para los ayuntamientos que tienen esta responsabilidad extraordinaria: “Puede ser una mixtura, puede ser en lo operativo, y proporcionando un ingreso al municipio para la habilitación y mantenimiento de las cárceles municipales”.
EN CIFRAS
Población carcelaria en centros municipales
Año Procesados Sentenciados Población Capacidad Sobrepoblación %
2006 342 30 372 512 -27.34
2007 390 39 429 512 -16.21
2008 476 28 504 512 -1.56
2009 448 55 503 512 -1.75
2010 510 61 571 512 11.52
2011 541 49 590 512 15.23
2012 545 83 628 512 22.65
Fuente: Comisión Nacional de Seguridad, antes SSP. En 2012 se integró información proporcionada por los ayuntamientos de Cihuatlán y Zapotlanejo.
En aquel momento, cuando iniciaba el despliegue de la estrategia nacional contra la delincuencia, encabezada por el Gobierno federal, las instalaciones municipales estaban, desde una perspectiva general, ocupadas en no más de 72.6%, es decir, con espacios sobrantes.
Sin embargo, al paso de los años y con el recrudecimiento de la violencia y la incidencia delictiva, los gobiernos municipales fueron viendo cómo aumentaba la demanda sobre sus instalaciones hasta que en 2010, por primera vez, registraron una cantidad total de presos (571) que excedía a su capacidad como conglomerado (512 lugares), lo que significó su sobresaturación en una tasa de 11.5 por ciento.
En 2012 la red de centros penitenciarios municipales alcanzó una sobrepoblación de 19.3%, una cifra que, sin embargo, puede más bien esconder el nivel de la problemática, que se dimensionará mejor al profundizar de manera individualizada.
Además de lo que está sucediendo en Cihuatlán y su tasa de sobrepoblación de 240% (no hay ningún otro centro carcelario en Jalisco, ya sea estatal o municipal, con ese nivel de hacinamiento), están otros casos de gravedad en Arandas y Colotlán, aquél superado en su capacidad en 180%; éste, en 108 por ciento.
La Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco no tiene ninguna penitenciaría con esos niveles de sobresaturación, lo peor de sus registros llega a 84.6% del Cereso de Puente Grande. De una u otra forma, más allá de 20% de sobrepoblación está considerado por la Organización de las Naciones Unidas como trato cruel e inhumano, según lo ha advertido el especialista en el sistema penal mexicano, Guillermo Zepeda Lecuona.
Y aunque no a los niveles de Cihuatlán, Arandas o Colotlán, la mayoría de las cárceles municipales existentes en Jalisco están sobrepobladas, de acuerdo con los informes que elabora la Comisión Nacional de Seguridad. De estos 22 centros carcelarios en manos de los ayuntamientos, 13 (59%) están albergando a más personas de las que les permiten sus instalaciones, las cuales, por cierto, no fueron diseñadas para tener esa función.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha confirmado que todas estas cárceles municipales surgieron como simples centros de retención para las personas que cometen faltas administrativas, como cualquier ayuntamiento los tiene, pero no para tener personas bajo proceso penal ni, mucho menos, sentenciadas.
ESTUDIO A ESCALA LOCAL
Debe absorberlas el Estado: CEDHJ
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha sido clara en señalar que el Gobierno de Jalisco, a través de su Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, debe hacerse cargo cuanto antes de la operación de las cárceles municipales o, en su defecto, ampliar su sistema penitenciario.
Esto está plasmado en las conclusiones de su Informe Especial sobre la Situación de las Cárceles Municipales 2011, y así también lo remarca el cuarto visitador general, Arturo Martínez Madrigal, responsable de inspecciones a los centros penitenciarios.
“Son casas viejas que la mayor parte están anexas a la Presidencia Municipal y que es donde tradicionalmente se utilizaban para internamiento de personas detenidas por faltas administrativas, pero por la necesidad es que dijeron; ‘Ahí te va, ayuntamiento, y tú hazte cargo de ellos’, y la verdad es que no es lo ideal ni jurídicamente es lo propio. Es el Estado quien debe hacerse cargo de estas cárceles o construir reclusorios regionales de manera estratégica, para que absorban esa población que está en las cárceles municipales sujetas a proceso o sentenciadas”, dice el entrevistado.
Las cárceles municipales surgieron para subsanar, en parte, las limitaciones del sistema penitenciario que administra la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, que no sólo están reflejadas en su sobrepoblación actual de 79.6%, sino en una cobertura insuficiente del territorio del Estado.
Su razón de existir está en que los internos bajo proceso penal deben estar cercanos a los juzgados y, aunque su funcionamiento está previsto en la Ley de Ejecución de Penas, ahí se considera que puedan operar mediante convenios de coordinación con el Poder Ejecutivo, lo que podría significar a los municipios apoyos, que no se han formalizado.
“La costumbre aquí ya se hizo ley, pero no es lo correcto, porque es una carga para los ayuntamientos”, dice el cuarto visitador. El catedrático e investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG, Felipe Garibay Valle, comparte el reclamo de corregir la situación porque el Gobierno estatal establezca, al menos, un programa de acompañamiento institucional para los ayuntamientos que tienen esta responsabilidad extraordinaria: “Puede ser una mixtura, puede ser en lo operativo, y proporcionando un ingreso al municipio para la habilitación y mantenimiento de las cárceles municipales”.
EN CIFRAS
Población carcelaria en centros municipales
Año Procesados Sentenciados Población Capacidad Sobrepoblación %
2006 342 30 372 512 -27.34
2007 390 39 429 512 -16.21
2008 476 28 504 512 -1.56
2009 448 55 503 512 -1.75
2010 510 61 571 512 11.52
2011 541 49 590 512 15.23
2012 545 83 628 512 22.65
Fuente: Comisión Nacional de Seguridad, antes SSP. En 2012 se integró información proporcionada por los ayuntamientos de Cihuatlán y Zapotlanejo.
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