Jalisco
— Amnesia
El vocero del Gobierno del Estado “aclara” que fueron “solamente” 91 millones de pesos (y no 151) los que “se invirtieron”
Gobernar (o hacer como que se gobierna) suele producir amnesia; amnesia selectiva, al menos...
—II—
Botón de muestra: la semana pasada, informaba la prensa, “El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró fundada la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre los spots del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de su cuarto informe, difundidos a nivel nacional, por los que pagó 151 millones de pesos”. Ante tal resolución —prosigue la nota—, el IFE aprobó “dar vista” a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco —hoy por hoy cuestionada por las escandalosas irregularidades en que están inmiscuidos tanto su titular como los coordinadores de todas las fracciones en la anterior Legislatura, en las que pudieran ser complicidades para el saqueo de las arcas públicas—, así como a la Contraloría estatal, “para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponde”.
El vocero del Gobierno del Estado, Rubén Alonso, corresponsable de las irregularidades denunciadas por el PRD ante el IFE, “aclara” que fueron “solamente” 91 millones de pesos (y no 151) los que “se invirtieron” —eufemismo por “dilapidaron”— en la que fue, a ojos vistas, burda y costosa promoción personal del ciudadano que actualmente es más pre-precandidato de su partido a la Presidencia de la República que gobernador del Estado. No aclara —de momento, al menos— de dónde saldrían esos 91 millones de pesos, en la remota hipótesis de que la Auditoría Superior y la Contraloría resolvieran que “lo que en derecho corresponde” es resarcir esa cantidad al erario: si de su bolsillo o del de los ciudadanos.
—III—
El síntoma de que gobernar (o hacer como que se gobierna) suele producir amnesia selectiva, estriba en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece (Artículo 134, párrafo 8) que “La propaganda (...) que difundan como tales los poderes públicos (...) en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, y en que quienes gobiernan, cuando asumen sus cargos, “protestan” “cumplir y hacer cumplir las leyes”, y aun desafían —de conformidad con el ritual—: “¡Y si no, que el pueblo me lo demande!”.
(Claro que todo “servidor público” con “legítimas aspiraciones” y que tenga su proyecto personal como prioridad absoluta, sabe muy bien cuál es su ley suprema —por encima de la Constitución, incluso—: la soberana Ley de sus... Pistolas).
JAIME GARCÍA ELÍAS / Periodista y conductor radiofónico.
—II—
Botón de muestra: la semana pasada, informaba la prensa, “El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró fundada la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre los spots del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de su cuarto informe, difundidos a nivel nacional, por los que pagó 151 millones de pesos”. Ante tal resolución —prosigue la nota—, el IFE aprobó “dar vista” a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco —hoy por hoy cuestionada por las escandalosas irregularidades en que están inmiscuidos tanto su titular como los coordinadores de todas las fracciones en la anterior Legislatura, en las que pudieran ser complicidades para el saqueo de las arcas públicas—, así como a la Contraloría estatal, “para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponde”.
El vocero del Gobierno del Estado, Rubén Alonso, corresponsable de las irregularidades denunciadas por el PRD ante el IFE, “aclara” que fueron “solamente” 91 millones de pesos (y no 151) los que “se invirtieron” —eufemismo por “dilapidaron”— en la que fue, a ojos vistas, burda y costosa promoción personal del ciudadano que actualmente es más pre-precandidato de su partido a la Presidencia de la República que gobernador del Estado. No aclara —de momento, al menos— de dónde saldrían esos 91 millones de pesos, en la remota hipótesis de que la Auditoría Superior y la Contraloría resolvieran que “lo que en derecho corresponde” es resarcir esa cantidad al erario: si de su bolsillo o del de los ciudadanos.
—III—
El síntoma de que gobernar (o hacer como que se gobierna) suele producir amnesia selectiva, estriba en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece (Artículo 134, párrafo 8) que “La propaganda (...) que difundan como tales los poderes públicos (...) en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, y en que quienes gobiernan, cuando asumen sus cargos, “protestan” “cumplir y hacer cumplir las leyes”, y aun desafían —de conformidad con el ritual—: “¡Y si no, que el pueblo me lo demande!”.
(Claro que todo “servidor público” con “legítimas aspiraciones” y que tenga su proyecto personal como prioridad absoluta, sabe muy bien cuál es su ley suprema —por encima de la Constitución, incluso—: la soberana Ley de sus... Pistolas).
JAIME GARCÍA ELÍAS / Periodista y conductor radiofónico.
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