Internacional
Masivo programa de espionaje interno de Bush
El gobierno del presidente George W. Bush coordinó una operación de vigilancia sin precedentes
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente George W. Bush coordinó una operación de vigilancia sin precedentes, para reunir montañas de información, que fueron mucho más allá de las escuchas telefónicas sin orden judicial de las que ya se sabía, dijo el viernes un equipo de inspectores federales.
El grupo cuestionó las bases legales de esas medidas, pero se negó a revelar prácticamente cualquier detalle, al considerar que éstos son todavía secretos.
El informe, compilado por cinco inspectores generales, hizo referencia a “actividades sin precedentes'' para recopilar información por parte de las agencias federales de inteligencia, bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Permanece en secreto qué involucraron esas actividades, pero los inspectores dijeron que cualquier uso de los programas secretos debe ser “supervisado cuidadosamente''.
El reporte señaló que muy pocos funcionarios de alto rango conocían el tamaño y profundidad del programa, mucho menos lo avalaron. Critican particularmente a John Yoo, subsecretario asistente de Justicia, quien escribió memorandos legales que daban el apoyo a la política.
Su superior, el secretario de Justicia, John Ashcroft, no estuvo al tanto hasta marzo del 2004 sobre la naturaleza exacta de las operaciones de inteligencia que iban más allá de las intervenciones telefónicas,aprobadas por ese funcionario durante un periodo previo de dos años y medio, señala el informe.
La mayoría de los datos de inteligencia obtenidos bajo lo que se conocía como el “Programa de Vigilancia del Presidente'', no tenía relación alguna con el terrorismo, señaló el reporte. Pero los agentes del FBI dijeron a los autores que la ``mera posibilidad de obtener información útil hacía que valiera la pena'' el programa.
Los inspectores entrevistaron a más de 200 personas dentro y fuera del gobierno, pero cinco ex funcionarios del gobierno de Bush se negaron a responder. Esos funcionarios fueron Aschroft, Yoo, el ex director de la CIA George Tenet, el ex jefe de la oficina de la Casa Blanca Andrew Card y David Addington, asesor del ex vicepresidente Dick Cheney.
Según el reporte, Addington podía decidir personalmente quién dentro del gobierno tenía acceso autorizado al programa de información confidencial.
La única parte de la operación recolectora de datos que reconoció el gobierno de Bush fue la iniciativa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales. El gobierno reconoció en el 2005 que había permitido a la Agencia de Seguridad Nacional la interceptación de comunicaciones internacionales que pasaban por la infraestructura estadounidense, sin buscar la orden de un juez.
Aunque el reporte documenta políticas del gobierno de Bush, sus consecuencias podrían representar un problema para la administración de Obama, en caso de que el nuevo mandatario haya heredado cualquier operación confidencial o la totalidad de éstas.
El grupo cuestionó las bases legales de esas medidas, pero se negó a revelar prácticamente cualquier detalle, al considerar que éstos son todavía secretos.
El informe, compilado por cinco inspectores generales, hizo referencia a “actividades sin precedentes'' para recopilar información por parte de las agencias federales de inteligencia, bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Permanece en secreto qué involucraron esas actividades, pero los inspectores dijeron que cualquier uso de los programas secretos debe ser “supervisado cuidadosamente''.
El reporte señaló que muy pocos funcionarios de alto rango conocían el tamaño y profundidad del programa, mucho menos lo avalaron. Critican particularmente a John Yoo, subsecretario asistente de Justicia, quien escribió memorandos legales que daban el apoyo a la política.
Su superior, el secretario de Justicia, John Ashcroft, no estuvo al tanto hasta marzo del 2004 sobre la naturaleza exacta de las operaciones de inteligencia que iban más allá de las intervenciones telefónicas,aprobadas por ese funcionario durante un periodo previo de dos años y medio, señala el informe.
La mayoría de los datos de inteligencia obtenidos bajo lo que se conocía como el “Programa de Vigilancia del Presidente'', no tenía relación alguna con el terrorismo, señaló el reporte. Pero los agentes del FBI dijeron a los autores que la ``mera posibilidad de obtener información útil hacía que valiera la pena'' el programa.
Los inspectores entrevistaron a más de 200 personas dentro y fuera del gobierno, pero cinco ex funcionarios del gobierno de Bush se negaron a responder. Esos funcionarios fueron Aschroft, Yoo, el ex director de la CIA George Tenet, el ex jefe de la oficina de la Casa Blanca Andrew Card y David Addington, asesor del ex vicepresidente Dick Cheney.
Según el reporte, Addington podía decidir personalmente quién dentro del gobierno tenía acceso autorizado al programa de información confidencial.
La única parte de la operación recolectora de datos que reconoció el gobierno de Bush fue la iniciativa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales. El gobierno reconoció en el 2005 que había permitido a la Agencia de Seguridad Nacional la interceptación de comunicaciones internacionales que pasaban por la infraestructura estadounidense, sin buscar la orden de un juez.
Aunque el reporte documenta políticas del gobierno de Bush, sus consecuencias podrían representar un problema para la administración de Obama, en caso de que el nuevo mandatario haya heredado cualquier operación confidencial o la totalidad de éstas.
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