Internacional
Denuncian muertes en protestas estudiantiles de Etiopía
Las manifestaciones en Oromia empezaron en diciembre, cuando un polémico plan urbanístico provocó marchas cuya represión causó al menos 140 fallecidos
Las protestas en Oromia empezaron en diciembre, cuando un polémico plan urbanístico que preveía la expansión de la capital etíope provocó manifestaciones estudiantiles cuya represión causó al menos 140 muertos.
Aunque el Gobierno de Etiopía anunció la cancelación del plan, las protestas continuaron en Oromia y, en lo que va de año, se han producido al menos otras 12 muertes y miles de detenciones arbitrarias, según HRW.
"El Gobierno tiene que controlar a las fuerzas de seguridad, liberar a los que han sido arrestados injustamente y detener a los soldados y policías que han hecho un uso excesivo de la fuerza", exigió en un comunicado la directora para África de HRW, Leslie Lefkow.
Decenas de testigos contaron a HRW que militares y policías siguen disparando contra la multitud que protesta pacíficamente en Oromia, realizan redadas masivas y torturan a detenidos.
El pasado 10 de enero, las fuerzas de seguridad lanzaron una granada contra estudiantes de la Universidad de Jimma, en Oromia, que provocó decenas de heridos.
Además, según relató un alumno a la organización, los policías entraron en el recinto universitario y dispararon a tres estudiantes.
Algunos detenidos, la mayoría de ellos acusados de movilizar a otros estudiantes para unirse a las protestas, declararon haber sido torturados con descargas eléctricas, mientras que algunas chicas denunciaron haber sido agredidas sexualmente.
En la actualidad, algunas escuelas y universidades de esta región, que rodea la capital, permanecen cerradas para evitar nuevas protestas.
"Los países donantes de Etiopía han mostrado poco interés ante la muerte de decenas de manifestantes en Oromia", denunció Lefkow, que pidió que se deje de "ignorar" esta "brutalidad" y que se exija una investigación independiente sobre estos homicidios y abusos.
La Ley Antiterrorista etíope permite a las autoridades utilizar ilimitadamente la fuerza contra los sospechosos de actos terroristas, incluyendo hasta cuatro meses de prisión preventiva, donde a menudo se producen torturas, según activistas.
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