Inicia “cacería” contra empresas que subcontratan de forma ilegal

El Gobierno de México detectó mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal en el país, que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley y que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores. “Se comprobó, entre otras cosas, que 14 mil empresas despidieron y se quedaron sin 60 mil trabajadores en diciembre, pero en total, el despido ese mes fue de 380 mil trabajadores”, expuso el Mandatario. Acentuó que esto “es algo increíble y tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones o no pagar impuestos”.

Al encuentro con medios de comunicación acudió la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien informó sobre el grupo de trabajo que conformó entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, con la intención de analizar las actuaciones de empresas que afectan a los empleados.

“No se había hecho ningún tipo de investigación anteriormente sobre esto. Durante las administraciones pasadas no se había atendido este tema y fue creciendo; por ello, en este grupo interinstitucional estamos colaborando, compartiendo información. Estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo”, refirió la funcionaria.

Por su parte, Zoe Robledo, director del IMSS, detalló que el trabajo realizado hasta el momento del grupo interinstitucional para frenar los “esquemas agresivos de subcontratación ilegal” contemplaron inspecciones laborales a través de la Secretaría del Trabajo.

Por subcontratación ilegal, hasta 20 años de prisión

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, advirtió que conforme a la nueva ley, las empresas que adquieran servicios derivados del “outsourcing” o subcontratación ilegal podrían ser investigadas y sancionadas hasta con 20 años de cárcel.

Durante la conferencia de prensa mañanera de ayer, en Palacio Nacional, el funcionario de Hacienda dijo que la nueva normatividad busca erradicar esta práctica ilegal.

“La última reforma va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que contratan ‘outsourcing’ ilegal, porque su objetivo es no pagar cuotas de seguridad social e Infonavit, entre otros. Que quede claro: el que contrate estos servicios corre el riesgo de que se inicie una investigación y que pueda ser sancionado entre 14 y 20 años de prisión preventiva”.

Romero Aranda llamó a las empresas que incurrían en esta práctica o que compraban facturas falsas a que acudan con la autoridad para regularizar su situación fiscal.

Además de las sanciones que ya entraron en vigor, destaca que otro dictamen que reforma distintas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social no está “muerto”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, por lo que vienen más regulaciones. “Esa ley no se congela, este dictamen no va a dormir el sueño de los justos”.

Subrayó que el debate se llevará al mecanismo de Parlamento Abierto en enero o febrero para posteriormente discutirlo y aprobarlo en el pleno senatorial. “Esta ley no se congela, se abrirá el espectro de la discusión y el debate para escuchar a los empresarios, a los sindicatos, a los trabajadores y a los expertos”.

El coordinador de los senadores de Morena indicó que los legisladores promoverán una amplia discusión y debate sobre las legislaciones mencionadas, así como de la Ley de Regulación de la Subcontratación. Por esa razón considera “correcto” que se haya aprobado por unanimidad llevarlo al Parlamento Abierto. Insistió en que sólo se abrió un compás de algunos días para una discusión profunda sobre estos temas. Y apuntó que de ahí no saldrá una legislación “light”, sino una que atienda los reclamos de los trabajadores, pero que también equilibre la posición de los empleadores.

Sobre el nuevo dictamen, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya manifestó su rechazo en contra de la iniciativa que busca modificar la regulación de la subcontratación, actualmente en la Ley Federal del Trabajo.

Expuso que lo anterior afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación, por lo que podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar las inversionistas.

Precisó en un comunicado que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes representa “un grave error”.

Ello, sostuvo, debido a que busca prohibir la tercerización o la subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.

Consideró que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de las empresas.

Al sector empresarial, subrayó, le preocupa que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a las actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa.

Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial pidió un diálogo, ante lo que considera una “acción unilateral”.

GUÍA

¿Qué es legal?

El “outsourcing” o la subcontratación se volvieron más populares para las empresas, pues proporciona una forma para que los fundadores y empresarios deleguen sus tareas de reclutamiento a un tercero.

Las subcontratistas brindan servicios para emplear a personal que trabaje dentro o fuera de la compañía que lo contrate.

Es un proceso que transfiere recursos y responsabilidades al cumplimiento de ciertas tareas a un tercero.

¿Qué es el “outsourcing”?

De acuerdo con la empresa Labor Mexicana, el “outsourcing” o la tercerización es la práctica de obtener bienes y servicios de un proveedor extranjero. Esto se usa más en industrias donde hay escasez de mano de obra para puestos particulares o donde el costo de la mano de obra es demasiado alto. Por ejemplo: desarrolladores de software o diseñadores.

Con el auge del sector tecnológico y el ecosistema de las startups, el “outsourcing” se convirtió en una ventana de oportunidad para que las empresas adquieran y retengan talentos, así como equipos de desarrollo cuando la oferta de desarrolladores no es suficiente para satisfacer la demanda.

¿Por qué las empresas subcontratan?

Labor Mexicana dice que las empresas subcontratan porque reducen sus gastos generales en sus operaciones diarias, lo que aumenta los márgenes de beneficio.

El “outsourcing” puede ser una estrategia muy útil para los márgenes de ganancia de una empresa y para fines de productividad.

¿Qué está permitido?

El servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal, sin distraerse en actividades no propias de la empresa.

Este esquema es regulado por los Artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué está prohibido?

Trasladar la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y/o de seguridad social, lo que afecta gravemente a los trabajadores y a sus familias. También fomenta la competencia desleal entre empresas y merma los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social.

¿Cómo afecta a los trabajadores?

En las inspecciones realizadas se ha detectado que esta práctica precariza el mercado laboral en perjuicio de los trabajadores.

Por ejemplo, abarata el costo de la mano de obra y  reduce los ingresos de los trabajadores y sus prestaciones. En general, socava los derechos básicos laborales.

Algunos de los riesgos se pueden presentar en:

• La estabilidad en el empleo, reparto de utilidades y antigüedad laboral.
• En los ingresos por la prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación.
• En el derecho de adquirir un crédito para su vivienda a través del Infonavit.
• Se les registra con un salario menor al real, lo que afecta gravemente sus incapacidades y licencias de maternidad, su ahorro para el retiro y su pensión.
• Se les da de baja en varios periodos al año, por lo que pierden la asistencia médica, uso de guarderías y otros servicios sociales necesarios para su bienestar.

¿Cuál es el daño a las empresas?

Hay una competencia desleal, ya que los evasores hacen uso de esta figura para obtener beneficios económicos fraudulentos a costa de los trabajadores.

Existen riesgos para los empresarios involucrados, ante las demandas de sus trabajadores o las revisiones fiscales, que los lleven a perder su patrimonio.

¿Cómo afecta al Gobierno?

La menor recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, los servicios de salud, pensiones y vivienda.

Además, entorpece el crecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las instituciones públicas para ofrecer mayores y mejores servicios de seguridad social a las generaciones presentes y futuras.

En la mira, las mineras y las grandes compañías

Las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a miles trabajadores en México. Y  las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de los servicios informáticos, “call centers” y la producción de alimentos, entre otras, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

“En siete operativos se detectaron 10 mil trabajadores contratados y 36 empresas subcontratistas involucradas. Se detectó que usan un sistema sofisticado de empresas que movían la nómina… saltaban a otras empresas. Se realizaron acciones concentradas en siete operativos especiales a grandes empresas como de servicios informáticos, ‘call centers’, mineras y producción de alimentos”.

Expuso quemil 53 empresas dieron de baja a toda la nómina durante diciembre, afectando a 14 mil trabajadores.

“Esas empresas no son pequeñas, tienen contratados desde 101 hasta 500 empleados. Se detectó en los operativos la estacionalidad y las empresas que dieron de baja a grupos muy grandes”.

No descartó que existan empresas que desconocen estas prácticas ilegales que les afectarán porque se someterán a las revisiones dentro de los operativos organizados por las dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

“Las acciones son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a través del IMSS, Infonavit, el SAT y la UIF. Se les invita a los patrones a que se regularicen. Hay una integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal”.

Añadió que durante este año se seguirán los operativos conjuntos porque hay reformas legales para proteger los derechos de los trabajadores.

“Vamos a continuar de manera intensa aplicando este trabajo coordinado para algo que está desde hace años en el sentir de los mexicanos. Nadie puede entrar en estos esquemas, se les pide a los patrones reales que lo abandonen. No se puede seguir lucrando con los derechos de los trabajadores”.

CLAVES

Arman equipo de supervisión

Estrategia. El Gobierno de México conformó un grupo interinstitucional para realizar operativos y combatir la subcontratación “abusiva”, conocida como “outsourcing”, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afectación. Tan sólo en diciembre, 14 mil empresas despidieron personal y 60 mil trabajadores se quedaron sin su puesto, alcanzando un total de más de 380 mil despidos en el año, presuntamente bajo este esquema.

Padrón. En el país, más de cinco millones de trabajadores se encuentran en el esquema de “outsourcing”, precisó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Abusos. Existen seis mil empresas que se dedican a la “subcontratación abusiva”, según la funcionaria, lo que representa una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos anuales.

Alza. Los trabajadores en esta modalidad representaron 17% del empleo total en 2014, mientras que en 2004 la proporción apenas era de 9%, expresó la secretaria. “¿En qué afecta este tipo de prácticas de subcontratación abusiva? De entrada, precariza el mercado laboral. Tiene un costo en la mano de obra y afecta a los trabajadores”.

IMSS. El grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal también detectó, de septiembre a diciembre del año pasado, cerca de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, con cerca de 862 mil 489 trabajadores afectados, comentó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Advierten de impactos

• Las nuevas reglas fiscales impulsadas por el Gobierno federal para regular el “outsourcing” tendrán un impacto negativo en 30% de las Pymes (Pequeñas y medianas empresas). Por eso podrían afectar a 8.4 millones de trabajadores en el país, advierte un análisis de la firma TallentiaMX.
• En algunas ocasiones, las empresas de tercerización financian hasta dos meses consecutivos a las compañías a las que les prestan servicio.
• Se estima que, al menos, 30% de las pequeñas y medianas empresas en México utiliza esquemas de subcontratación.
• Especialistas reconocen que las medidas fiscales tienen una buena intención, al buscar eliminar a las empresas que ofrecen servicios de subcontratación fraudulentos y evitar la evasión fiscal.
• Sin embargo, la retención del IVA que se propone en la miscelánea fiscal 2020 no sólo pone en peligro a las empresas de tercerización que cumplen correctamente con sus impuestos, sino que los verdaderos afectados serían los trabajadores.

Diputados analizarán “outsourcing” con los empresarios y trabajadores

La Cámara de Diputados convocará en febrero al Parlamento Abierto para analizar, junto con empresarios y trabajadores, una reforma para regular el “outsourcing”, independiente a los trabajos que se proyectan en el Senado.

Se trata de encontrar la fórmula para garantizar los derechos laborales y que el costo que implica el reconocimiento de éstos no sea un obstáculo para la generación de empleos, expuso el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

Destacó que se buscará combatir y erradicar la subcontratación ilegal, pues además de violar los derechos laborales, permite las prácticas ilícitas en materia fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero.

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados decidió dictaminar iniciativas del PRD, Morena y PRI para regular este tema, lo que se quedó detenido por las fiestas decembrinas.

Delgado indicó que los diputados retomarán ese trabajo en febrero, pues es una contratación que ha permitido, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, una evasión superior a los 21 mil millones de pesos anuales.

Destacó que, para analizar una regulación en la materia, se conformó un grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

“La discusión la vamos a hacer de manera amplia, en Parlamento Abierto, para llegar a un consenso con los sectores productivos y los trabajadores…”.

Uno de cada cinco está subcontratado en Jalisco

Del millón 919 mil 289 trabajadores ocupados en la formalidad en Jalisco, 357 mil 165 (19%) laboran bajo el esquema del “outsourcing” o subcontratación; es decir, uno de cada cinco, según los censos económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Jalisco supera el promedio nacional de 17%, equivalente a cuatro millones 536 mil 580 mexicanos en la formalidad igualmente subcontratados, de acuerdo con la cifra más actualizada (tercer trimestre del año pasado).

La subcontratación está contemplada en la Ley Federal del Trabajo y se define como un servicio que pueden proveer ciertas empresas para dotar de trabajadores especializados en actividades que el contratante no realiza. Sin embargo, el esquema se presta para actos de simulación que afectan los derechos de los trabajadores y al fisco federal (mediante la evasión del pago de prestaciones e impuestos).

El senador Napoleón Gómez Urrutia ya propuso una iniciativa con la que pretende que estas empresas operen estrictamente bajo los parámetros de la ley. En el dictamen, que fue aprobado en comisiones del Senado (aunque actualmente se encuentra frenado), se propone que “los actos simulados puedan ser investigados, juzgados y sentenciados”.

Representantes de la Iniciativa Privada coinciden en que la subcontratación legalmente aplicada es un elemento fundamental para la competitividad del Estado y que la autoridad debe avocarse en sancionar a las compañías que hacen mal uso de la figura.

Por ejemplo, Sofía Pérez Gasque, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, remarca que debe existir vigilancia y transparencia en las empresas. Por su parte, Rubén Masayi González Uyeda, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, está de acuerdo en que se sancione a las empresas que abusen, mientras Mauro Garza Marín, de la Coparmex en Jalisco, pide que se elimine la etiqueta de trabajador temporal.

Llega extra en algunos recibos de la nómina

¿Notó un extra en su recibo de nómina de la primera quincena de enero de 2020?  Algunos asalariados se vieron beneficiados con un saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como efecto de la actualización de las tarifas para calcular el gravamen que les retiene la empresa para pagarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este beneficio surgió a raíz de la reforma fiscal de 2014 que aprobó el Congreso de la Unión para proteger de la inflación el salario de los mexicanos. Se aplicó por primera vez en 2017 reflejándose en la primera quincena de enero de 2018.

La Ley del ISR establece que, cuando la inflación rebase el 10% de forma acumulada, desde la última revisión de las tablas que sirven para calcular el impuesto retenido a los trabajadores, se deben actualizar las tarifas, lo que no ocurría desde 2013.  Esto aplicó en 2017 porque la inflación fue de 6.77% y después para el siguiente año porque los precios al consumidor subieron 4.83% en 2018. Y el año pasado, la inflación terminó en 2.8%.  Con estos datos, la inflación acumulada en los últimos tres años es de 15.1%; es decir, mayor al 10% que indica la ley. Por lo tanto, se activa el beneficio de saldo a favor del ISR.

Sin embargo, no todos salieron ganando, ya que se favorece a los que ganan menos, dependiendo del nivel de tasa o tarifa del ISR. En otras palabras: entre más gane, paga más impuesto.

Aplican “vacuna” contra sindicatos extorsionadores

Los sindicatos que pretendan firmar un contrato colectivo deberán contar con una constancia de representatividad, lo que blinda contra los líderes sin respaldo.

El plazo para que los gremios legitimen sus contratos colectivos vence el 1 de mayo de 2023.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentó a la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México los avances en la implementación del nuevo modelo laboral y aseguró que se terminará con la extorsión a los empresarios por parte de sindicatos sin representación real.

Durante el encuentro y diálogo con representantes de las más de mil 200 empresas japonesas que operan en territorio mexicano, aseguró que la vacuna contra los sindicatos extorsionadores es la constancia de la representatividad, que acredita que éstos cuentan con la representación de, al menos, 30% de los trabajadores.

“No podrá llegar un sindicato extorsionador, como lo hacen hoy, a solicitarle una firma de un contrato colectivo porque ese sindicato, antes de solicitarlo, tuvo que ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para obtener una constancia de representatividad”.

Explicó que la constancia de representatividad es para los nuevos contratos colectivos. Los firmados anteriormente deben pasar por una legitimación, que es un procedimiento de consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no con el contenido del mismo.

La encargada de la política laboral del país abundó que, en caso de que los trabajadores no aprueben el contenido del contrato colectivo, mediante su voto personal, libre, directo y secreto, éste dejaría de surtir efecto y la empresa pasaría a tener los contratos individuales con todos los trabajadores. Si la mayoría de sus trabajadores está de acuerdo con el contrato colectivo, éste se mantiene y se tiene por legitimado.

El plazo para realizar este procedimiento es de cuatro años, a partir de la publicación de la reforma laboral; es decir, vence el 1 de mayo de 2023. Y refirió que en caso de que los sindicatos no realicen la legitimación del contrato colectivo, tiene las mismas consecuencias que si los trabajadores hubiesen votado en contra.

En el momento que el contrato colectivo deja de surtir efecto, otro sindicato podrá solicitar la firma de uno nuevo; sin embargo, deberán presentar su constancia de representatividad.

Luisa Alcalde refirió que alrededor de 85% de los contratos colectivos en México es de protección debido a que cualquiera que tuviera un registro sindical podía solicitar a los empresarios la firma del contrato y emplazar a huelga.

En el encuentro estuvieron presentes Yasushi Takase, Embajador de Japón en México, y Noubuzo Umemura, presidente de la Cámara Japonesa.

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