Fallan en transparentar sentencias en Jalisco
El Poder Judicial en la Entidad sólo publica la mitad de las resoluciones emitidas; prometen reducir el rezago
En el primer semestre de este año, las 11 salas especializadas en materia penal, civil, mercantil y familiar del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco emitieron mil 452 sentencias definitivas, de las cuales sólo 758 han sido publicadas en la plataforma para este fin.
En agosto pasado entró en vigor la reforma al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establece que los Poderes Judiciales del país deben transparentar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, responde que solicitó que se diera prioridad a las expedidas a partir del 8 de febrero pasado para cumplir con la ley. Acentúa que se ha generado un debate, en el sentido de si deben considerarse también las sentencias interlocutorias. Y si se suman éstas, el rezago en este año es mayor, pues entre enero y junio las salas han emitido tres mil 315 en total (una sentencia interlocutoria es la que resuelve una cuestión sobre algún artículo o incidente, mientras la definitiva es la que resuelve sobre lo principal).
Anuar García, presidente de la organización SOS Capítulo Jalisco, indica que hace apenas un par de meses se donaron computadoras al Supremo Tribunal para fortalecer esa área. Añade que la plataforma debería tener más herramientas de búsqueda.
Espinosa Licón asegura que se hicieron ajustes al software que creó la Dirección de Informática del Poder Judicial para que tenga más opciones de búsqueda. Este fue denominado ELIDA 3.5 y, si se aprueba en esta semana, deberá operar en máximo 15 días para reducir el rezago.
En el acumulado, en el sitio de Transparencia del Supremo Tribunal destinado para este fin se pueden consultar 24 mil 144 sentencias definitivas e interlocutorias resueltas (con corte al pasado 2 de septiembre). Sin embargo, tan sólo en los últimos cinco años se han dictado más de 60 mil.
En el caso del Consejo de la Judicatura se están haciendo también ajustes a la plataforma digital. Espinosa Licón acepta que ésta es antigua y complicada para revisar los fallos de los juzgados.
Tribunal de Justicia Administrativa incumple en transparentar sentencias
Previo a las reformas aprobadas el año pasado en materia de Transparencia, el Poder Judicial estaba obligado a transparentar las sentencias de interés público en sus portales. Aunque el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) publica algunas resoluciones, la excepción es la Cuarta Sala Unitaria.
En agosto pasado, en su último informe, el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción señaló que la Cuarta Sala “extrañamente” nunca ha publicado sus sentencias.
En el primer semestre de este año, el Tribunal ha emitido 10 mil 566 sentencias correspondientes a la Sala Superior y cinco de sus seis Salas Unitarias. Pero sólo han transparentado 794 en total, de acuerdo con una revisión realizada por este medio.
La Cuarta Sala es presidida por el magistrado Armando García Estrada. “Es un tema de politiquería con el afán de seguir lesionando y lastimando mi imagen, mi profesión y mi cargo como magistrado”, respondió García Estrada.
Aseguró que nunca se ha negado el acceso a los expedientes en su Sala y los ciudadanos pueden acudir a su oficina sin previa cita. “No falseo información y no tengo nada oculto”.
Añadió que está escaso de personal, como el resto de las Salas. Dijo que tiene ocho mil asuntos en trámite y sólo 11 personas para atenderlas. “En qué posibilidad puedo distraer una persona más para que atienda esa situación, cuando eso debería de llevarlo a cabo el área de Informática, el área de Transparencia. Para eso existe una oficina que se le paga muy bien para que haga su trabajo. Su trabajo sería acudir a la Cuarta Sala y subir las sentencias a la página de Transparencia, porque esa es su responsabilidad. No soy un sujeto desobligado de las obligaciones de Transparencia, porque nadie es más transparente que yo”.
Desde el pasado 9 de agosto, los Poderes Judiciales del país deben poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
A la fecha, el Tribunal de Justicia Administrativa ha transparentado sólo seis sentencias resueltas en el mes de agosto de las salas Primera, Tercera y Quinta, relacionadas con adeudos vehiculares, multas viales y de estacionómetros (con corte al pasado 2 de septiembre).
Este Tribunal es un organismo autónomo. Además de dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública local con los particulares, también es responsable de revisar y sancionar las faltas graves cometidas por los servidores públicos.
Cambio de jueces, otro conflicto
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura del Estado autorizó 15 cambios de adscripción de jueces.
La resolución fue criticada por presuntamente estar amañada, al omitir la ruta procesal y una evaluación de la carrera judicial de los juzgadores, como marca el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Los juzgadores “exiliados” de los municipios metropolitanos son los cercanos al denominado Grupo UdeG.
Lo anterior, en medio de embates del gobernador de Jalisco contra la Universidad de Guadalajara por las reasignaciones presupuestales.
REACCIONES
Crean sistema propio
El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, reconoció que Jalisco tenía la obligación de publicar las sentencias desde hace 10 años, pero reconoció que no se dio cumplimiento.
Para dar cumplimiento a la reforma en el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, que obliga a los Poderes Judiciales del país a transparentar todas las sentencias, una vez que asumió el cargo, dijo, reactivó la Unidad de Transparencia e implementó medidas de austeridad para cumplir con ésta.
“Tuve varios retos para dar cumplimiento con esta obligación. Uno, de los 10 años para atrás. Y otro, de la ley nacional a partir del 8 de febrero, que es cuando cobró vigencia la reforma. Para ello no teníamos dinero”.
El primer problema, puntualizó, fue que se necesitaba un software para hacer la versión pública de las resoluciones, pero no había recursos. Por ello, se comenzó a trabajar con un software del Ayuntamiento de Guadalajara (versión gratuita).
“Sólo que ese software no era a la medida del Poder Judicial”.
Luego, “el 8 de febrero arrancamos con ello, pero sí comencé a tener muchas críticas de reclamos de los compañeros”.
La Dirección de Informática elaboró un software apropiado para el Poder Judicial (denominado ELIDA) que se puso en marcha en marzo pasado.
Una de las primeras críticas fue de la organización México Evalúa. Señaló que la versión pública no era entendible.
Por ello se hizo una segunda versión de ELIDA.
Posteriormente, el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción subrayó que las sentencias estaban en un formato muy complejo, por lo que se requiere un buscador para analizar por delitos; por ejemplo, los feminicidios.
Tras esta “crítica constructiva”, se trabajó en la versión 3.5 del software. “Este buscador no es tan fácil. Digitalmente ya lo tengo”, contestó Espinosa Licón.
Se proyecta que comience a operar en una o dos semanas. “Como el software es propiedad del Supremo Tribunal, está en el trámite de registro”.
Añadió que se firmaron convenios con el INAI, el Estado de Nayarit y con la Suprema Corte de Justicia de Ecuador para que lo utilicen. Están por firmar acuerdos con Hidalgo y Querétaro. Y hay otros 22 Estados interesados.
En el caso del Consejo de la Judicatura, comentó que se está corrigiendo la plataforma donde se publican las sentencias porque es “muy antigua, muy complicada, y se está haciendo más ágil”. Podría quedar en un mes.
Ahora el debate es si deben publicar también las sentencias interlocutorias. En Jalisco se da prioridad a las definitivas.
VOZ DEL EXPERTO
Rezago en la digitalización
Anuar García, presidente de la organización SOS Capítulo Jalisco
Anuar García señala que se tiene un rezago en la digitalización de la justicia en el Poder Judicial del Estado. “No avanza como debería para que se puedan llevar las audiencias de manera remota, como en la mayoría del país, con la finalidad de acelerar el tema y que no tenga que haber contacto por el COVID-19”.
Insiste en que va muy lento el sistema. “Un ejemplo: en el despacho llevamos asuntos de Michoacán, México, Monterrey y Sinaloa sin necesidad de trasladarnos por el tema del COVID-19. Hay una autorización expresa del pleno para que se pueda llevar a cabo. Pero aquí en Jalisco, no”.
Desde el Poder Judicial, acentúa, se argumenta que este rezago obedece a la falta de presupuesto. “Creemos que es más sencillo que un tema presupuestal. Existe mucha reticencia por parte de los jueces a celebrar audiencias de esta manera por el tema de la tecnología”.
Reconoce que se están realizando audiencias en línea. “Una que otra, pero debería ser el común denominador”.
Añade que se espera una mejora en materia de digitalización. “La Embajada americana les entregó cinco millones de dólares para la implementación de sistemas electrónicos y, al parecer, las cosas vienen muy bien para que dentro de pocos meses podamos estar muy adelante. Sin embargo, todavía no se dan las cosas”.
TELÓN DE FONDO
Solicitan aumento presupuestal para 2022
Para el próximo año, el Poder Judicial del Estado solicita un incremento presupuestal del 5% y una bolsa adicional para proyectos especiales que esperan concretar.
En su anteproyecto de gastos considera que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debe acceder a 550 millones de pesos, mientras el Consejo de la Judicatura a mil 400 millones.
“Son 200 millones más en proyectos para el Tribunal. Para el Consejo de la Judicatura requerimos 250 millones más. Hicimos dos rubros, el presupuesto con el 5% de inflación, más estos proyectos adicionales”, declaró el magistrado Daniel Espinosa Licón.
Detalló que dentro de esos “proyectos especiales” están realizar adecuaciones a los edificios y hacerlos incluyentes, renovar equipos de cómputo y mejorar las condiciones de tecnología.
En esa bolsa no se incluyen los recursos necesarios para la entrada en operación de los nuevos juzgados laborales, ni los cinco millones requeridos para la operación de la Central de Notificaciones. Ambas estructuras podrían crearse en caso de aprobarse reformas que analiza el Congreso estatal.
Añadió que, para tratar de abatir el rezago generado por el cierre de juzgados por la contingencia sanitaria, esperan que en este mes se abran ocho salas en donde estaban los juzgados penales que operaban en el anterior sistema en el complejo penitenciario de Puente Grande y dos salas en el Reclusorio Metropolitano con jueces de ejecución de penas.
Este año, el Supremo Tribunal tuvo un presupuesto aprobado de 519 millones 454 mil pesos. Y el Consejo de la Judicatura accedió a mil 229 millones 540 mil pesos.
Las reformas
- En 2015, antes de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 29 Estados contemplaban en sus legislaciones la obligación expresa de publicar las sentencias y resoluciones judiciales que hubiesen causado estado; sin embargo, sólo 17 Entidades las publicaban, de acuerdo el análisis: “La transparencia y las sentencias del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
- “Las sentencias publicadas no cumplían con las características necesarias para garantizar su oportuno acceso, como los principios básicos de máxima publicidad, accesibilidad y oportunidad”, se destaca en el documento.
- En 2017 se observó que, a causa de una interpretación diferenciada y restrictiva del concepto de interés público, se generó menor apertura a las determinaciones judiciales. “Ejemplo: en respuesta a las solicitudes de acceso a la información, los Poderes Judiciales de Zacatecas y Campeche informaron no haber publicado una sola sentencia en dos años, pues no detectaron alguna que resultara de interés para la sociedad”.
- Ante las pocas sentencias publicadas, algunas organizaciones civiles señalaron que el concepto “interés público” fue poco claro y representó un retroceso, pues redujo la obligación de publicar todas las sentencias que hayan causado estado.
- La reforma aprobada el año pasado al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca transparentar todos los procesos judiciales, forma parte de un ejercicio transversal de combate contra prácticas discriminatorias y de parcialidad jurídica. “Abrir al ojo público las sentencias, permite el monitoreo y la evaluación de las acciones del Poder Judicial”.
- Por eso el Artículo 73 establece que los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las 32 Entidades deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Desde el pasado 9 de agosto, todos deben cumplir.
- En Jalisco, el año pasado se aprobaron modificaciones a Ley de Transparencia e Información Pública, en la que se autorizó que el Poder Judicial publique las sentencias de los últimos 10 años, a más tardar el 1 de julio de 2022.
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Derecho de réplica
De conformidad a su derecho ejercido por la señora Xóchitl Castellanos Cedano, con fecha del 3 de septiembre de 2021, se aclara lo siguiente:
Es incorrecta la aseveración publicada el 18 de agosto pasado en el tema “Detectan anomalías en 36 pensiones VIP”, acerca de la pensión que percibe Castellanos Cedano. El pago reportado en julio pasado por parte del Instituto de Pensiones de Jalisco (https://ipejal.jalisco.gob.mx) es retroactivo a la fecha y corresponde a nueve meses de la pensión derivada del fallecimiento de su esposo, Pedro Flores Casillas. Su pensión no forma parte de las que investiga la autoridad.
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