Entretenimiento
Los Anteojos de Baskerville
El acceso a la cultura y las capacidades diferentes
Luego de haber sido aprobada la reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso a la cultura en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y habiéndola turnado a los congresos locales para su aprobación, el Congreso del Estado de Jalisco prevé votar a favor el dictamen de esta iniciativa el próximo jueves.
Con lo anterior, serían 13 ya los estados que respaldarían esta reforma, de los 16 que se requieren para que entre en vigor. Pero, ¿cómo debemos entender el derecho a la cultura, sobre todo de cara a los grupos con capacidades diferentes? Debemos entenderlo como un derecho de acceso a los bienes y servicios que presta el Estado. No es un asunto de gratuidad, como a menudo se cree, esto es, no busca generar un acceso a la cultura a partir de la gratuidad de los eventos y productos culturales que promueve y organiza el Estado. Consiste en generar políticas públicas encaminadas a garantizar de la mejor manera posible que todos los ciudadanos mexicanos tengamos acceso a los bienes y servicios que presta el Estado, mediante programas y acciones sustantivas.
En ese sentido, es importante ver lo que hará el Estado con los grupos de ciudadanos mexicanos con capacidades diferentes en los recintos culturales. A partir de la aprobación de la reforma constitucional, el Estado deberá adaptar sus espacios culturales, programas y acciones sustantivas específicas, no como una especie de rama asistencial de este derecho, lo cual equivaldría a ver los derechos culturales como una especie de ley del más débil. No, se trata de ver estos derechos como una garantía del acceso equitativo a la cultura. Pongamos por caso a los ciegos y débiles visuales, usuarios de bibliotecas y museos. Estos espacios deberán ser adaptados (solo los pertenecientes al Estado), de la misma manera que han sido adaptados con rampas de acceso para los visitantes que acuden a ellos en sillas de rueda. En el caso de las bibliotecas, con sistemas multisensoriales, nomenclatura y libros básicos en sistema braille, por ejemplo. Lo hace la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Educación Pública, que en su compromiso por impulsar los derechos culturales de los indígenas, adapta los programas de estudio en las aulas que tengan un 20% de estudiantes indígenas. Editan además textos básicos como la Constitución en lenguas originarias, etcétera. En el caso de los museos, de cara a los ciegos y débiles visuales, deberán adaptar en la medida de lo posible su infraestructura en general y sus guiones museísticos en lo particular.
Es en este tipo de reformas donde podemos ver que la cultura como recurso estratégico para el desarrollo humano implica algo más que la adopción de un nuevo lenguaje. Implica, entre otras cosas, una estratégica relación con sus pares de economía, turismo, hacienda pública y, por supuesto, educación, para generar políticas públicas transversales, como lo ha hecho el Instituto Nacional de la Mujer con el tema de género, por ejemplo. Para ello el Estado cuenta con acciones sustantivas como la de ordenamiento jurídico y la de orientación y coordinación, enmarcada en planes y programas como el Programa Nacional de Cultura. Es en el marco de este documento, el cual encierra la política cultural del gobierno, que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) deberá desarrollar un nuevo modelo de gestión, inscrito en la diversidad cultural y en el reconocimiento de un derecho constitucional, que representa la piedra angular de todo un sistema de garantías de acceso a los bienes y servicios culturales para todos.
Con lo anterior, serían 13 ya los estados que respaldarían esta reforma, de los 16 que se requieren para que entre en vigor. Pero, ¿cómo debemos entender el derecho a la cultura, sobre todo de cara a los grupos con capacidades diferentes? Debemos entenderlo como un derecho de acceso a los bienes y servicios que presta el Estado. No es un asunto de gratuidad, como a menudo se cree, esto es, no busca generar un acceso a la cultura a partir de la gratuidad de los eventos y productos culturales que promueve y organiza el Estado. Consiste en generar políticas públicas encaminadas a garantizar de la mejor manera posible que todos los ciudadanos mexicanos tengamos acceso a los bienes y servicios que presta el Estado, mediante programas y acciones sustantivas.
En ese sentido, es importante ver lo que hará el Estado con los grupos de ciudadanos mexicanos con capacidades diferentes en los recintos culturales. A partir de la aprobación de la reforma constitucional, el Estado deberá adaptar sus espacios culturales, programas y acciones sustantivas específicas, no como una especie de rama asistencial de este derecho, lo cual equivaldría a ver los derechos culturales como una especie de ley del más débil. No, se trata de ver estos derechos como una garantía del acceso equitativo a la cultura. Pongamos por caso a los ciegos y débiles visuales, usuarios de bibliotecas y museos. Estos espacios deberán ser adaptados (solo los pertenecientes al Estado), de la misma manera que han sido adaptados con rampas de acceso para los visitantes que acuden a ellos en sillas de rueda. En el caso de las bibliotecas, con sistemas multisensoriales, nomenclatura y libros básicos en sistema braille, por ejemplo. Lo hace la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Educación Pública, que en su compromiso por impulsar los derechos culturales de los indígenas, adapta los programas de estudio en las aulas que tengan un 20% de estudiantes indígenas. Editan además textos básicos como la Constitución en lenguas originarias, etcétera. En el caso de los museos, de cara a los ciegos y débiles visuales, deberán adaptar en la medida de lo posible su infraestructura en general y sus guiones museísticos en lo particular.
Es en este tipo de reformas donde podemos ver que la cultura como recurso estratégico para el desarrollo humano implica algo más que la adopción de un nuevo lenguaje. Implica, entre otras cosas, una estratégica relación con sus pares de economía, turismo, hacienda pública y, por supuesto, educación, para generar políticas públicas transversales, como lo ha hecho el Instituto Nacional de la Mujer con el tema de género, por ejemplo. Para ello el Estado cuenta con acciones sustantivas como la de ordenamiento jurídico y la de orientación y coordinación, enmarcada en planes y programas como el Programa Nacional de Cultura. Es en el marco de este documento, el cual encierra la política cultural del gobierno, que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) deberá desarrollar un nuevo modelo de gestión, inscrito en la diversidad cultural y en el reconocimiento de un derecho constitucional, que representa la piedra angular de todo un sistema de garantías de acceso a los bienes y servicios culturales para todos.
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