Candidatos evaden publicar patrimonio

Jalisco es el Estado en donde más candidatos se han sumado a la plataforma 3de3 del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana. La mala noticia es que apenas 24 aspirantes, de mil 048 que pretenden ser alcaldes, diputados locales, legisladores federales, senadores y gobernador, han publicado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

De los siete aspirantes a la gubernatura, sólo cuatro han transparentado sus 3de3: Enrique Alfaro (MC), Miguel Castro (PRI), Carlos Lomelí (Morena) y Miguel Ángel Martínez (PAN). Por otra parte, únicamente tres candidatos (de 12) a ocupar una curul en el Senado son transparentes: Verónica Delgadillo (MC), así como Pedro Kumamoto y su compañera de fórmula, Juana Delgado (independientes).

Para la Cámara de Diputados, de los 100 aspirantes jaliscienses, sólo destacan ocho por transparentes: los independientes Rodrigo Cerda, Pablo Montaño y Alberto Valencia; mientras que, de los partidos políticos, se suman Ramón Guerrero y Julia Prudencio González (MC), Mónica Almeida López (PRD), Ramón Alejandro Pérez Madrigal (Panal) y María Del Refugio Ruíz Moreno (PRI).

La situación se repite en el Congreso del Estado: sólo nueve aspirantes independientes han publicado sus 3de3, de un total de 294. Nadie más.

La opacidad también es una constante entre los 635 candidatos a las alcaldías, pues ninguno aparece en el portal (https://3de3.mx/), aunque algunos como el emecista Ismael del Toro (por Guadalajara) o el priista Abel Salgado, entre otros, indican que ya enviaron la información y están en proceso de sumarse.

Aunque los candidatos no están obligados a presentar las declaraciones, el evitarlo debe significar un costo político, subraya Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Imco. “Cualquiera que se atreva a hablar de su compromiso con la lucha anticorrupción y rendición de cuentas, lo primero que debe hacer es presentar su 3de3; de lo contrario, no debería atreverse a tocar ese tema”. A la población le envía un mensaje: “Nos falta alzar la voz para que los candidatos sientan presión de su electorado”.

Aclara que aún están recibiendo documentos de candidatos, que están en trámite, pero siguen en evaluación para que cumplan con los requerimientos solicitados por la plataforma. Sin embargo, el Imco ha pedido correcciones a muchas de las declaraciones: “Estamos en espera de que solventen las observaciones y manden las versiones finales. Algunos dicen que ya las mandaron, pero la bolita está en su cancha porque hasta que no respondan nuestras observaciones no podemos proceder a la publicación. Es muy fácil echarnos la bolita, pero es algo que está pasando”.

Carlos Lomelí, el que más ingresos y casas reporta

Aunque la declaración patrimonial, fiscal y de intereses del candidato a la gubernatura por Morena, Carlos Lomelí, no ha sido actualizada desde diciembre de 2016, de todos los que aspiran a gobernar Jalisco es el que más recursos reporta, con 38 propiedades y un ingreso anual de ocho millones 356 mil pesos, según su declaración 3de3.

A su patrimonio se suma una flotilla de transporte compuesta por siete vehículos, con un valor de cinco millones 204 mil pesos; una aeronave marca Cessna, con un valor de un millón 700 mil pesos, y una embarcación de un millón 100 mil pesos.

Entre sus propiedades destaca una residencia de 882 metros cuadrados, adquirida en el 2014, por la cantidad de dos millones 900 mil dólares, en la exclusiva zona The Woodlands, al Norte de Houston, Estados Unidos. La propiedad de seis recámaras cuenta con alberca, salón de spa, tres cocheras, dos salas de juegos y un elevador que da servicio a los tres niveles.

Después de Carlos Lomelí, figura el candidato Enrique Alfaro, aunque la última vez que actualizó su declaración fue en mayo del año pasado, cuando se desempeñaba como alcalde del Ayuntamiento tapatío. En su declaración reporta un ingreso anual de dos millones 584 mil pesos por cargos públicos, actividades comerciales y financieras; inversiones y cuentas bancarias; siete inmuebles con un valor superior a los 11 millones 888 mil pesos, y un vehículo de 605 mil pesos.

El priista Miguel Castro Reynoso actualizó su declaración el mes pasado y declaró un ingreso anual de tres millones 415 mil pesos, por cargos públicos y donación. El abanderado tricolor también es propietario de 10 inmuebles y un vehículo del año.

El panista Miguel Ángel Martínez también subió su declaración el mes pasado y de todos los aspirantes a la gubernatura es el que menos ingresos anuales reportó, un millón 32 mil pesos; tiene tres vehículos y dos casas que ascienden a dos millones 860 mil pesos.

La plataforma 3de3 indica que Jalisco tiene 24 candidatos transparentes, donde nueve son aspirantes a diputados locales, ocho son candidatos a diputados federales, tres al Senado de la República y cuatro a la gubernatura del Estado.

Tras la opacidad, dan argumentos

Ante el limitado número de candidatos que han transparentado sus 3de3 en la plataforma de Transparencia Mexicana e Imco, el Partido Nueva Alianza (Panal) respondió que la mayoría de sus candidatos “son ciudadanos”, nunca han sido políticos y esto del 3de3 es nuevo para ellos, “ya se les pidió que lo hagan, pero argumentan que no es tan fácil como parece”, indicó su titular, Ilich González.

Salvador Cosío, candidato del Partido Verde a la gubernatura, se excusó y argumentó que ya cumplió con todos los requisitos de los organismos electorales estatal y federal, por lo que no ha sido requerido para presentar información adicional.

En el mismo tono, el dirigente estatal del PRD, Víctor Hugo Prado, sostuvo que los candidatos de su partido cumplieron con el requisito de presentar su declaración fiscal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y lanzó un llamado para que en los próximos días publiquen sus 3de3 en la plataforma del Imco.

De acuerdo con el líder del partido, los candidatos no están obligados a presentar estos documentos, “cuando hicimos la selección de candidatos, una de las recomendaciones que hicimos fue que, en la medida de lo posible, procuraran presentar sus declaraciones; sin embargo, no hay ninguna ley que les obligue”.

A su vez, Fredy Medina Sánchez, presidente del Partido Acción Nacional, realizó un requerimiento a los candidatos de su partido para que en un lapso no mayor a cinco días presenten su declaración 3de3. Se buscó a los dirigentes de Movimiento Ciudadano, PRI y Morena, pero evadieron responder.

Otros candidatos que entregaron su declaración 3de3, pero está en proceso de revisión, son Marta Rosa Araiza, de Nueva Alianza, quien busca la gubernatura; y los candidatos a diputados Mónica Almeida y Enrique Velázquez, del PRD.

Critican a candidatos

No sólo son pocos los candidatos que han cumplido con publicar su 3de3, sino que muchos de ellos han presentado información desactualizada, señala la candidata independiente a una diputación local por el Distrito 10, Susana Ochoa.

La integrante de la plataforma Vamos a Reemplazarles destaca que los 14 candidatos independientes de Jalisco que forman parte también de Wikipolítica, son la única agrupación política que han presentado sus declaraciones patrimoniales y de intereses actualizadas a 2018.

“Hay otros candidatos que lo han presentado, pero son declaraciones viejas… nos parece que eso no puede suceder. Es imposible que se fiscalicen todas las declaraciones, pero me parece que, en campaña, las personas que estamos como candidatas debemos tener nuestras mejores caras. Presentar declaraciones que no están actualizadas es algo que no puede suceder y que es tramposo”.

Acentúa que los ciudadanos deben exigirle a quienes les solicitan el voto que presenten sus declaraciones actualizadas, porque es importante saber cuánto dinero tienen y con cuánto se van tras sus cargos públicos.

Pendiente, plataforma nacional para los 3de3

La plataforma nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la que se publicarán las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos del país sigue pendiente y no hay fecha para su operación. Sin embargo, el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Alatorre, comenta que ésta ayudará a combatir la opacidad en la presentación de las declaraciones 3de3, así como la corrupción, pues será electrónica y permitirá hacer cruces de información.

“El centralismo no necesariamente es la mejor solución, pero en la realidad nacional que tenemos, lo que estamos dándonos cuenta es que si dejamos que algunos Estados se vayan por la libre, van a ser más opacos que el promedio nacional. En este sentido veo bien que se acuerden, a través de una ley nacional, los requisitos y las obligaciones para que no se deje al albedrío de los Congresos estatales (la presentación de todas las declaraciones)”.

Aunque aún no se libera el formato único para que todos los servidores públicos presenten su 3de3 de forma obligatoria, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, María del Pilar Pérez Chavira, señala que falta mayor publicidad sobre esta obligación.

Esto, indica, si se toma en cuenta que además de los funcionarios de primer nivel y mandos medios deberán presentar las declaraciones los médicos, maestros, los guardias y todo el personal que anteriormente no era sujeto obligado. Señala que hay muchos servidores públicos que desconocen esta medida. “Veo deficiencia en la publicidad y en la toma de conciencia”, por ello presentó un exhorto dirigido a todos los entes responsables a que se socialice el tema y se evite que, por desconocimiento, los servidores públicos sean sancionados.

La diputada considera que se requieren mejoras a las reformas aprobadas el año pasado (Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas), pues es necesario que todos los contralores apliquen los mismos criterios para requerir oportunamente al servidor público, advertirle de la posibilidad de sanción y aplicar la misma.

Recuerda que aquel servidor público que incumpla con presentar sus declaraciones, deberá ser requerido para que en un plazo de 15 días presente la información, de no hacerlo, puede incluso perder el puesto.

Por su parte, el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Alatorre, acentúa que en la próxima sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción podría aprobarse el formato único para la presentación de declaraciones.

Explica que deberán hacerse capacitaciones, particularmente aquellos funcionarios que nunca las habían presentado, como son los de niveles bajos, “todos los demás que hemos sido funcionarios alguna vez, sabemos cómo se presentan”.

A nivel local, los únicos Ayuntamientos que han realizado los primeros intentos para obligar a sus funcionarios a presentar su 3de3, son los de Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, es sólo para los de primer nivel y la información publicada no se actualiza en tiempo real. La última corresponde a 2016. Incluso, hubo quienes a pesar del monitoreo que llevan a cabo las autoridades municipales, incumplieron con presentar las declaraciones correspondientes a ese año.

En el portal de Guadalajara sólo se encuentra la información de 109 funcionarios y 13 regidores. En el de Zapopan publicaron 57 funcionarios y 14 regidores.

Declaraciones en el Gobierno de Jalisco pasarían de 17 mil a 225 mil

Debido a las reformas que se realizaron para la puesta en marcha de los sistemas anticorrupción, la declaración patrimonial, de intereses y fiscal deberá ser presentada no sólo por los mandos medios y de primer nivel, sino por todos los servidores públicos. En el caso del Gobierno de Jalisco se estima que el total de sujetos obligados pasará de 17 mil a 225 mil.

El director general jurídico de la Contraloría del Estado, Arturo Cesar Leyva González, afirma que el incremento será de alrededor de mil 300 por ciento. Sin embargo, toda la estructura estatal deberá presentar las declaraciones una vez que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción libere los formatos únicos para cumplir con esta obligación.

El funcionario reporta que en 2017 se recibieron 17 mil 321 declaraciones: 14 mil 658 en formato electrónico, conforme a la ley anterior, y dos mil 573 en formato impreso conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al corte del 13 de abril de este año, la Contraloría ha recibido dos mil 838 declaraciones en formato impreso, “ya tenemos funcionando la nueva plataforma del nuevo sistema. La razón, precisamente, de que se recibieran algunas en formato impreso, es porque estaba en desarrollo”.

Aclara que actualmente se manejan los formatos establecidos en el sistema DeclaraNET y están obligados a presentarla durante este mes. Pese a esto, las autoridades estatales trabajan en diversas plataformas electrónicas para atender las nuevas obligaciones.

“La plataforma (nacional) se tiene prevista que contenga al menos seis sistemas, pues se conformará de la base de datos de las propias Entidades Federativas y es de donde se alimentará. Principalmente será para identificar quejas y denuncias, quiénes son los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas (entre otros temas)”.

Incluirá también, dice, la información de las declaraciones, que servirá para que las entidades investigadoras o fiscales revisen la evolución patrimonial de los servidores públicos, “no es un sistema sencillo. Como Estado se están trabajando precisamente las bases de un software para que sea más fácil identificar o hacer un cotejo entre las declaraciones que hace un servidor público, los bienes que posee y sus ingresos”.

EL ANÁLISIS

Clase política, aferrada a la opacidad

Jaime Barrera

El tema que hoy le presenta EL INFORMADOR revela claramente cómo persiste en la mayoría de nuestra clase política y gubernamental una férrea resistencia a la rendición de cuentas y a la transparencia.

Funcionarios públicos y políticos se aferran a la cultura de la opacidad enquistada desde siempre en nuestra vida pública y así se manifiesta en el incumplimiento de la presentación de sus declaraciones patrimoniales y la nueva exigencia de la llamada Ley 3de3.

En la pasada elección intermedia del 2015, el gran logro de las organizaciones de la sociedad civil fue justamente el lanzamiento de esta última modalidad, que retaba a los entonces candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a los puestos de elección popular en las Entidades, a publicar en un portal digital abierto a cualquier interesado, su declaración patrimonial, la de impuestos y la de posibles conflictos de interés. Esta última, que fue la más novedosa, consiste en que cada aspirante aclare si tiene o no participación en alguna empresa o negocio que pudiera convertirlos en juez y parte a la hora de hacer alguna adquisición para el sector público, o a la hora de legislar algún tema del que fueran actores interesados.

Al término de las elecciones del 2015 y por lo alcanzado con este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la siguiente fase fue llevar la iniciativa al Congreso para que se legislara, y evolucionarla de una petición voluntaria en su cumplimiento, a una que se convirtiera en obligación constitucional. Lo primero que se hizo fue convocar a los ciudadanos para respaldar con su firma esta medida y llevarla como iniciativa ciudadana al Congreso. Se obtuvieron más de 291 mil firmas y diputados y diputadas no tuvieron más remedio que recibirla, y pese a múltiples opositores, aprobarla parcialmente en el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

El rechazo mostrado en este nuevo proceso electoral a evolucionar hacia una mayor transparencia de todos aquellos que pretenden ocupar un cargo público debe ser la motivación para fortalecer esta exigencia ciudadana. Así que además de vigilar los términos en los que el Comité de Participación Ciudadana del SNA defina los formatos para abrir las 3de3 de los funcionarios, se debe relanzar este instrumento y exigir que se legisle para que se incluya en la Ley Electoral, y no sea sólo obligatorio para funcionarios, sino para  todos los candidatos y  sus equipos de campaña. Este también debe ser un frente de batalla contra la corrupción en la que nos queda mucho por hacer.

TELÓN DE FONDO

Burlan ley

Un total de nueve mil 026 servidores públicos del Ejecutivo estatal, municipios y diversos organismos autónomos incumplieron con presentar la declaración patrimonial correspondiente a 2016, que hoy ordena la ley.

De acuerdo con la información publicada por el Congreso del Estado, siete mil 668 funcionarios de los 125 Ayuntamientos y del Legislativo, entre otros, no entregaron la información correspondiente. De éstos, la mayoría obedecía a policías municipales (mil 474). Sin embargo, en la lista final publicada por el Legislativo se mantenía a incumplidos de años anteriores.

De acuerdo con la información que publica de manera mensual la Contraloría del Estado, a éstos se suman mil 358 servidores públicos del Gobierno del Estado, correspondiente a más de 17 mil sujetos obligados.

Tras las modificaciones que se realizaron a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Congreso ya no concentrará la información de los municipios y los organismos públicos, pues será el órgano interno de cada ente el que se haga responsable de la información que, a su vez, se subirá a la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando comience a operar.

A pesar de que la ley siempre ha contemplado diversas sanciones, incluidas económicas, ante este tipo de incumplimientos, la Contraloría reportó que no hubo multas en contra de funcionarios correspondiente a 2016. 
Únicamente informó que durante ese año se aplicaron cinco sanciones a personal de la Fiscalía, a quienes se les realizó una amonestación por escrito.

Por su parte, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), reportó que en ese periodo se cobraron 77 créditos fiscales por un total de 131 mil pesos. 

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