Avalan alza en telefonía e internet y “big brother” contra contribuyentes

En sesión maratónica y polémica, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal 2021. Con mantas y pancartas con demandas del PAN, se avaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tome fotos y videos en sus visitas a los contribuyentes para modernizar los procedimientos dentro de sus domicilios. Ante este “big brother fiscal”, afirman que garantizarán la seguridad y confidencialidad.

Por la madrugada continuaban en la discusión en lo particular, pero dejaron fuera el aumento en el impuesto a cigarros, bebidas alcohólicas y saborizadas.

La panista Patricia Terrazas remarcó que las reformas “no incluyen impuestos adicionales, pero sí incorporan medidas coercitivas” para aumentar la recaudación. El priista Fernando Galindo sostuvo que los cambios carecen de sensibilidad ante la crisis, mientras el morenista Pablo Gómez les reclamó: “Nos piden que hagamos lo que ustedes no harían: bajar los impuestos”.

También aprobaron la Ley Federal de Derechos, con alza de 7% en las cuotas del espectro radioeléctrico. La oposición advirtió que subirán las tarifas de telefonía e internet móviles.

Otros ajustes implicarán una tasa única de retención del Impuesto Sobre la Renta a los ingresos de las plataformas digitales, dependiendo de su actividad económica.

Por otra parte, en el Senado se avanzaba en la desaparición de 109 fideicomisos, con fuertes críticas de la oposición.

Prevén que alza en cuotas amplíe la brecha digital

Después de dos horas de debate para desahogar las reservas pendientes, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la Ley Federal de Derechos, con el incremento de 7% en las cuotas para la explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. La oposición acusa que subirán las tarifas de telefonía celular y de internet. 

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, describió: “Se reducen las cuotas para los derechos del espectro radioelectrónico previstas en el Artículo 244 G”. Y relató las actualizaciones: todos los municipios de Baja California, Baja California Sur y San Luis Río Colorado de Sonora pagarán cuatro mil 444.79 por la explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y no seis mil 526.48 como lo proponía el Ejecutivo. A todos los municipios de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, San Pedro y Viesca, les costará 13 mil 919.70 y no 20 mil 438.92. Todos los municipios de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic y Ojuelos y Santa María de los Ángeles, les costará cinco mil 406.11 y no siete mil 938.02, como lo proponía el Ejecutivo. 

El panista Ricardo Flores Suárez ejemplificó que tiene un amigo de nombre Martín Ibarra, que vive en la colonia Mirador y trabaja en Uber. “Utiliza celular para poder trabajar y tendrá que pagar más en las recargas para su teléfono y mañana le van a acomodar otro impuesto: el de las plataformas. ¿Con qué va a comer este señor  si todo su dinero se irá al pago de impuestos? El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó parte del Paquete Económico para 2021, donde propone incrementar los derechos por el uso del espectro radioeléctrico”. 

Lamentó que el dinero rendirá menos, los altos cobros del espectro radioeléctrico inhibirán las inversiones y no habrá incentivos para participar en licitaciones. “La Ley Federal de Derechos se convertirá una barrera a la entrada de nuevos proveedores de servicios y, por lo tanto, no estaremos en posibilidades de exigir mejoras en la calidad y la ampliación del servicio de internet y telefonía celular”. 

En tanto, el extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el priista Enrique Ochoa Reza, apuntó que se afecta al espectro radioeléctrico, que se puede traducir en un encarecimiento del servicio de telefonía móvil para las familias mexicanas.

GUÍA

¿Por qué subirán los costos?

El espectro radioeléctrico es el recurso que usan las empresas de telefonía e internet móviles para brindar estos servicios a los usuarios finales.El Ejecutivo había propuesto un incremento de 56.5% en el precio que pagan estas empresas al año por usar el espectro; sin embargo, la Cámara de Diputados disminuyó a siete por ciento.

Un alza en el costo del espectro influye en el aumento de los precios de los servicios de telefonía celular e internet, pues las empresas lo trasladarán a los usuarios finales.El incremento será de casi el doble de la inflación.

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) subraya que los usuarios mexicanos no podrán gozar de servicios de mayor calidad y con precios más asequibles. Además, indica que se incrementará la brecha digital para los ciudadanos que todavía no cuentan con servicios de telefonía e internet móviles. “Si bien el ajuste a la baja es positivo, sigue representando una barrera para el despliegue de redes móviles más robustas y con mayor presencia a lo largo del territorio nacional”.

Aprueban que el SAT tome fotos y videos en visitas a contribuyentes

Diputados federales avalaron el uso de las herramientas tecnológicas para grabar las visitas domiciliarias que realice el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes. Será con la condición de que estas herramientas sean asignadas por la autoridad; es decir, los celulares o las cámaras de video o fotografía tendrán medidas de seguridad y de encriptación para que no se use de manera indebida la información.

Por eso se hace una modificación, con el objeto de exceptuar de la reserva conocida como “secreto fiscal”, la información que requiera el Ministerio Público o la Policía respecto a las investigaciones de hechos delictivos.

Otro cambio realizado al dictamen es que, para Uber, Didi y las plataformas de hospedaje, en la parte de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se indica que pasará a una tabla de tarifas de acuerdo con los ingresos percibidos por el chofer, repartidor y emprendedor, asociada a una tasa única.

Para el transporte y la entrega de bienes, la ley vigente prevé una tasa de 2% al 8% para ingresos de cinco mil 500 pesos a más de 21 mil pesos mensuales. La Comisión de Hacienda de los diputados propuso que sea una sola de 2.8 por ciento.

Para el hospedaje pasa de una tabla con diferentes tarifas desde 2% al 10% para los ingresos mensuales de cinco mil pesos hasta más 35 mil pesos, a una propuesta que sea una de cinco por ciento.

Para las empresas extranjeras de la economía digital sin establecimiento en territorio mexicano, que no cumplan con sus obligaciones fiscales, el bloque temporal que se incluye en la iniciativa del Ejecutivo se acepta sólo para los casos en que incurran en tres meses consecutivos de incumplimiento.

En materia del aseguramiento precautorio a terceros por bienes relacionados, en la modificación se precisa en qué momento tienen responsabilidad los terceros relacionados para ser embargados de manera precautoria.

Revés a cuota complementaria del impuesto a las gasolinas

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó que fue retirada de la Miscelánea Fiscal 2021 su propuesta de crear una nueva cuota complementaria que sería aplicable a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que ya pagan los consumidores en la compra de gasolinas y diésel.

Precisó que se reunió con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y se acordó retirar esa propuesta. “Aunque nos parecía una buena idea, pero no hubiera tenido ningún impacto inflacionario porque era poner un piso cuando los precios de los hidrocarburos están muy abajo. Decidimos facilitar el tránsito para que fuera retirada”.

Ajustan 33 mil millones

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2021, en donde se modificó a la baja la estimación de ingresos para el próximo año.

El documento prevé ingresos por seis billones 262 mil 736 millones de pesos, lo que resultó en 33 mil millones menos a lo propuesto por el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador,  de seis billones 295 mil 736 millones de pesos.

La reducción es por el concepto de “Otros”, puesse eliminó el Artículo Décimo Tercero Transitorio, en el que se establecía que el Instituto de Salud para el Bienestar instruiría a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, en 2021, concentrara en la Tesorería de la Federación los 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso federal.

“La medida planteada en el artículo transitorio requiere de un mayor análisis, discusión y consenso, por lo que se propone eliminar el citado transitorio y recorrer los siguientes numerales para ajustar el orden que corresponda”, refiere el documento del dictamen.

Por eso se eliminan 33 mil millones de pesos porque no corresponden a una estimación de ingresos futuros. 

“Es un monto que ya se encuentra en el fondo antes referido,  el cual ya tiene un destino de conformidad con la Ley de Salud”, subraya el dictamen avalado.

Se prevé que los ingresos que obtiene el Gobierno a través del pago de impuestos sean por tres billones 533 mil 032 millones de pesos, lo que representa 56.4% de los ingresos totales.

Avalan que los gobernadores se endeuden ante las crisis

Diputados aprobaron en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios “para dar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales y el endeudamiento”. También se modifica el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera y se reforman diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, de Deuda Pública y Contabilidad Gubernamental (de 2016). 

En caso de presentarse situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias sanitarias, como la presente del COVID-19, los Gobiernos podrán contratar y reestructurar financiamientos sin contar con la autorización de la legislatura local correspondiente. 

Los objetivos del dictamen, turnado al Senado, son atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Las Entidades podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias o emergencias sanitarias. 

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), expresó que es resultado del estudio, análisis y discusión de cuatro iniciativas propuestas por legisladores de diversas fracciones parlamentarias, a efecto de reglamentar, regular y atender la materia de disciplina financiera.

Acentúo que manteniendo los preceptos constitucionales, se permite su mejor cumplimiento y atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, brindando certidumbre jurídica para la atención de la población en el marco de la emergencia sanitaria.

Las reformas  incorporan elementos mínimos indispensables para sentar las bases de la actuación cuando exista una pandemia o emergencia sanitaria; promueve acciones que permitan atender a la población afectada por la emergencia sanitaria, la reactivación económica y profundiza aquellas medidas que fortalezcan las haciendas públicas locales.

Los Estados y municipios podrán diferir pagos de la deuda de corto y largo plazos por un periodo hasta de 12 meses, apoyando su liquidez; las transferencias federales etiquetadas de 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre de 2020, y las de 2020, en octubre de 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre.

También se incrementa el porcentaje de adeudos de ejercicios anteriores, de tal suerte que de manera transitoria inicien en 2021 con un 5% en lugar de dos por ciento.

Se incluye una medida de carácter de excepción, con el objetivo de apoyar a los Gobiernos estatales y municipales ante caídas abruptas del Producto Interno Bruto, superiores al 5%, para que las autoridades puedan reestructurar las deudas de corto plazo.

La diputada Terrazas señaló que las Entidades no podrán contraer directa o indirectamente financiamiento internacional. Los financiamientos deberán celebrarse bajo las mejores condiciones del mercado y los Gobiernos locales sólo deberán informar a sus Congresos el ejercicio de la deuda en la cuenta pública.

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