“Denuncié por acoso y amenazas en las redes sociales hace más de un año. Llevé los mensajes impresos y la dirección electrónica. Y nada. No llamaron jamás. Por mis propios medios encontré a la persona responsable ¿Y ahora? ¿Qué sigue?”, se pregunta Gabriela Miranda, quien el pasado 23 de agosto escribió en las redes sociales de la Policía Cibernética del Estado.En los primeros ocho meses de este año, en Jalisco se han presentado 490 denuncias ante la Fiscalía del Estado por casos de violencia digital.De estas, 293 corresponden a ciberacoso y 197 a violencia a la intimidad sexual, según información otorgada como respuesta a una solicitud de Transparencia. La cifra es inédita.En el documento se recuerda que los delitos de ciberacoso y violencia a la intimidad sexual entraron en vigor a partir de septiembre del año pasado en Jalisco. Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado modificara diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, conocida como “Ley Olimpia”, con la que se castiga la violencia digital.De acuerdo con datos del Módulo de Ciberacoso 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco hay cinco millones 337 mil usuarios de internet mayores de 12 años, de los cuales entre octubre de 2019 y noviembre del año pasado, un millón 058 mil fueron víctimas de ciberacoso. La mayoría no denuncia.BUENAS PRÁCTICASLas recomendaciones para aumentar la seguridad en las redes sociales y comunidades virtuales son:En diciembre pasado, el Congreso de Jalisco aprobó reformas al Código Penal para corregir el error cometido días antes con las modificaciones que invalidaban la “Ley Olimpia”, a través de la cual se tipificó como delito la violación a la intimidad sexual. De acuerdo con la reforma que había sido aprobada desde septiembre del año pasado, quien obtenga de una persona mayor de edad material con contenido erótico sexual y, sin su consentimiento, lo divulgue original o alterado, se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión, de acuerdo con el Artículo 135 bis. “Cuando el ultraje señalado en el párrafo anterior se cometa a través de las tecnologías de la información o comunicación, se le impondrá al responsable una pena de cuatro a ocho años de prisión”, indica la legislación.En el Artículo 142 A, que forma parte del Capítulo de corrupción de menores, se establece que se impondrá de tres a seis años de prisión y una multa de 100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que facilite, provoque, induzca o promueva en un menor de edad o con quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, entre otros. “Cuando el acto de corrupción se realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación, al responsable se le impondrán de seis a 12 años de prisión, además de una multa de 250 a 550 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas correspondientes a los demás delitos que en su caso se cometan”, añade el documento.GUÍADe acuerdo con la Ciberguía de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana del Gobierno federal presentada este año, la “Ley Olimpia” se le denomina a un conjunto de reformas legislativas en varios Estados del país encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.Las modificaciones que se realizaron a disposiciones de carácter penal son con relación a la protección a la intimidad personal y derechos sexuales, la prevención de la violencia sexual en internet, el ciberacoso, la conciencia a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como generar conciencia sobre la violencia digital.La “Ley Olimpia” define la violencia digital como acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada; difusión de contenido sexual (fotos, videos o audios) sin consentimiento a través de las redes sociales, que atente contra la integridad o vida privada, y vulneración de algún derecho humano de las mujeres.Sobre la evolución de la “Ley Olimpia”, se precisa que surgió en 2014 a través de la propagación de un video íntimo de Olimpia Melo Cruz, expuesto por su ex pareja. En 2018, Olimpia impulsó una iniciativa de ley para reformar el Código Penal, logrando su aprobación en Puebla, Nuevo León y Yucatán.En 2019 se aprueba en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Zacatecas. En este año, legisladores de la Cámara de Diputados avalaron en lo general y en lo particular la ley en el Código Penal Federal.Se contempla como delito la difusión, exhibición, divulgación, almacenamiento, tráfico de contenido sexual, de videos, fotos o audios, sin consentimiento, a través de medios digitales como las redes sociales, mensajería o sitios de internet.Castiga la elaboración de imágenes, audios o videos simulados de contenido sexual íntimo, sin el consentimiento de la persona implicada o mediante engaño. Se consideran como agravantes cuando la víctima sea familiar hasta tercer grado en línea recta o cuando hubiese existido una relación sentimental, educativa o laboral entre el agresor y la víctima.Entre 2018 y 2021, la Policía Cibernética de Jalisco brindó cuatro mil 612 apoyos a las Agencias del Ministerio Público en las carpetas de investigación que requieren la búsqueda de datos mediante el uso de las tecnologías de la información, correos electrónicos, redes sociales y páginas, entre otros; es decir, un promedio de 100 al mes.Lo anterior, según información otorgada por la vía de Transparencia por parte de la Fiscalía del Estado. Aunque se solicitaron los informes del trabajo realizado por la Policía Cibernética desde su puesta en marcha, éstos fueron reservados. Tampoco se brindó información sobre los sitios web que han sido deshabilitados para combatir la ciberdelincuencia.Hace cinco semanas, Antonio Torres, un usuario de las redes sociales, señaló que se desconoce el trabajo que realiza esta área. “Deberían hacer más contenido, nadie los conoce, ni saben qué hacen. Hagan más presencia en las redes”, exigió.Posteriormente, el pasado 21 de octubre, la Policía Cibernética realizó una publicación en la que se hace un llamado a reportar de inmediato si en sus redes sociales encuentran alguna publicación o página que vende o distribuya billetes falsos. “La falsificación de billetes es un delito que puede pagarse con prisión si se detecta su venta y distribución en las redes sociales”.Ante esto, Yazmín Hernández, otra usuaria, criticó el llamado: “¿Pero esto sólo aplica a cierta parte de la ciudadanía? Es una falacia. ¿Está el caso de Las Chiquirrucas? No sólo se les acusó de violación y distribución de material pornográfico, sino que también pagaron con billetes falsos, pero eso queda impune, tan así que están libres”.Lo anterior, en referencia a los abusos cometidos por ese grupo de “influencers” en contra de un migrante. Aunque se abrió una carpeta de investigación, éstos ofrecieron una disculpa pública a la víctima y pagaron una suma económica al afectado tras acceder a un mecanismo alternativo de solución de conflictos.Tras la aprobación de la denominada “Ley Olimpia” en el Estado, a través de la cual se busca combatir los delitos relacionados a la violencia digital, la Policía Cibernética juega un papel importante en el combate de la misma.El año pasado, Sofía García, entonces diputada priista, declaró que tras estas reformas se requería de la creación de unidades especializadas en el tema y la capacitación con perspectiva de género del personal de la Policía Cibernética.CLAVESEstudio. De acuerdo con el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, durante el año pasado se atendieron mil 104 casos de investigación cibernética, derivadas de solicitudes de colaboración con autoridades competentes por los delitos de pornografía infantil, trata de personas, secuestro, personas desaparecidas y amenazas.Ilícitos. De ese total, se presentaron 79 denuncias por delitos contra niños y niñas, con el fin de lograr la identificación y recuperación de posibles víctimas, así como la detención de probables responsables y el aseguramiento del material relacionado con contenido de abuso sexual infantil.Denuncias. Además, se atendieron 21 mil 290 reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, brindándoles asesoría. Y se emitieron 567 alertas y boletines de seguridad.Falsos. Se desactivaron cinco mil 920 sitios web apócrifos, que usurpaban la identidad de diversas instituciones con fines de fraude, propagación de códigos maliciosos, además de la obtención de datos personales y financieros.Corporación. La Guardia Nacional desarrolla también la Campaña de Concientización de Ciberseguridad. A través de ésta se lograron más de 137 millones de visualizaciones en las redes sociales de contenido de prevención en ciberseguridad.Pendientes. Se desarrolla también el Protocolo Nacional Homologado de Incidentes Cibernéticos, el cual reunirá procedimientos y mejores prácticas para la contención y mitigación de amenazas cibernéticas en las Entidades y dependencias federales, entre otros. “Además, se busca vincular a los centros de Ciberseguridad del país, con el fin de que estén mejor preparados para atender cualquier amenaza que ponga en riesgo a las infraestructuras críticas del Estado mexicano y brindar mejores herramientas para la protección de las familias”, se destaca en el documento.¿Qué opina del acoso en las redes sociales?Participa en Twitter en el debate del día @informador