De los nueve municipios del área metropolitana, Tonalá y El Salto registran un nivel de endeudamiento en “observación”, según el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, al corte del primer semestre de 2020. Esto significa que, en plena pandemia, sólo se les permite tener un techo de endeudamiento adicional de 5%, cuando otros Ayuntamientos tienen acceso al 15 por ciento.El indicador más preocupante para Tonalá es por el servicio de la deuda y las obligaciones sobre los ingresos de libre disposición, relacionados con la capacidad de pago.El presidente municipal Juan Antonio González explica que el indicador es por una reestructura de la deuda que se hizo en 2014, así como el aumento en la tasa de interés. Pero afirma que bajó el pasivo en 166 millones de pesos (debe 771.3 millones a los bancos y se ubica en el décimo lugar nacional).Debido a la emergencia sanitaria, el Congreso de la Unión avaló que municipios y Estados contraten y reestructuren financiamientos sin la autorización de la legislatura local, pero González descarta más deuda:"No vamos a contratar deuda, es un compromiso que hicimos con las ciudadanas y los ciudadanos. Estamos atacando los problemas de fondo, los grandes fraudes que nos hicieron, como el tema de las luminarias... pero en Tonalá no se tendrá más deuda".Los Ayuntamientos de Casimiro Castillo, El Salto, Pihuamo y Tonalá tienen un nivel de endeudamiento en “observación”, lo que significa que sólo se les permite tener un techo de endeudamiento neto adicional de cinco por ciento. El indicador más preocupante para Tonalá, de los tres que se evalúan, tiene que ver con el servicio de la deuda y de las obligaciones sobre los ingresos de libre disposición, que se relacionan con la capacidad de pago.De los 125 municipios de Jalisco, 91 entregaron información y 34 no proporcionaron datos para que se evaluara su deuda. De los 91 que sí otorgaron, cuatro tienen ese nivel de endeudamiento en “observación”, y 87 un nivel sostenible, lo que les permite tener un techo de endeudamiento neto adicional de 15 por ciento.Los que no entregaron datos son Acatic, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Ameca, Atemajac de Brizuela, Bolaños, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, El Arenal, Guachinango, Huejuquilla el Alto, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Ojuelos, Poncitlán, San Gabriel, San Marcos, San Martín de Bolaños, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Teuchitlán, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tuxpan, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande.El Sistema de Alertas de los Municipios en el primer semestre de 2020 toma en cuenta tres indicadores: la proporción de ingresos municipales, el servicio de la deuda y las obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición (vinculado con la capacidad de pago), así como las obligaciones a corto plazo y con proveedores y contratistas.Por otro lado, Guadalajara es el municipio con más deuda en Jalisco, con mil 645.6 millones de pesos, que lo ubica en el cuarto sitio a nivel nacional; Zapopan está en el noveno lugar, con 945.5 millones, y Tonalá se ubica en el décimo puesto, con 771.3 millones. El primer lugar nacional es Tijuana, en Baja California, con dos mil 600.9 millones.De los dos mil 447 municipios que existen en el país, sólo 788 cuentan con obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, según el análisis publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.De estos 788 municipios, 314 no pudieron ser evaluados por la Secretaría debido a que no entregaron información, o la misma no fue suficiente para llevar la evaluación.De los 464 municipios que sí pudieron ser evaluados, sólo dos presentan un nivel de endeudamiento elevado, mientras 29 tienen un nivel en observación. Los 433 municipios restantes presentan un nivel de endeudamiento sostenible.CLAVESFuente: Reporte trimestral sobre la deuda de las Entidades federativas y los municipios.De acuerdo con el Sistema de Alertas en el primer semestre de 2020, la deuda de las Entidades federativas, municipios y sus entes públicos ascendió a los 596 mil 397.9 millones de pesos, una cifra mayor en 1.2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, así como inferior en 0.2% respecto al primer trimestre de 2020.La deuda como proporción del Producto Interno Bruto (estatal) se ubicó en 2.7%, la misma cifra en puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.La deuda municipal ascendió a 43 mil 879.4 millones de pesos, de los cuales 41 mil 050.5 millones pertenecen únicamente a los Ayuntamientos. El resto, dos mil 828.9 millones, a sus entes públicos.Las Entidades federativas que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto al total fueron Nuevo León (14 mil 706 pesos), Quintana Roo (13 mil 133 pesos), Chihuahua (12 mil 935.5 pesos), Coahuila (11 mil 947.3 pesos) y Ciudad de México (nueve mil 259.9 pesos).Por el contrario, las menos endeudadas fueron Guanajuato (mil 052.7 pesos), Puebla (mil 034.2 pesos), Guerrero (831.2 pesos), Querétaro (155.8 pesos) y Tlaxcala (22 pesos).Los Estados que sobresalen con una mayor relación de su deuda respecto a su Producto Interno Bruto son Chihuahua (6.6%), Quintana Roo (6.5%), Chiapas (6.3%) y Nayarit (4.8%). Las de menor relación son Puebla (0.9%), Guanajuato (0.7%) y Campeche (0.5%).Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron Tijuana (dos mil 600.9 millones), Monterrey (mil 975.1 millones), Hermosillo (mil 882.3 millones), Guadalajara (mil 645.6 millones) y León (mil 095.1 millones de pesos).Juan Antonio González, presidente municipal de Tonalá, afirma que han logrado reducir 166 millones de pesos en la deuda gracias a una reestructura. Explica que este año algunas calificadoras, como Verum, les pusieron una mejor calificación crediticia.En un documento compartido a este medio, la calificadora informa que incrementa la calificación a “AA-/M (e)” desde “A/M (e)”, a un financiamiento bancario estructurado contratado por el municipio en 2014.“El aumento en la calificación del financiamiento bancario estructurado responde a la calidad crediticia del municipio de Tonalá, así como la fortaleza jurídico-financiera de la estructura y el buen comportamiento de las coberturas financieras del servicio de la deuda bajo los diferentes escenarios de estrés modelados por Verum, favorecidos por adecuados pagos de capital y un favorable comportamiento de los ingresos federales”, se indica.Según la calificadora, el municipio registra una disminución sostenida en su deuda directa respecto a sus ingresos disponibles, lo que le permite tener una buena flexibilidad financiera reflejada en un oportuno nivel de liquidez para mitigar los efectos adversos de la crisis sanitaria.El alcalde recalca que, además de la deuda, han tenido que resolver problemáticas heredadas por la pasada administración, como la falta de pago a Pensiones del Estado, un fraude en luminarias y laudos.Con Pensiones, explica, están por cerrar un convenio, mientras que el asunto de las luminarios lleva un año y medio en conflicto.Recuerda que la empresa cobraba 3.2 millones de pesos mensuales a cambio de cambiar 21 mil 200 lámparas; sin embargo, no cumplió y siguió recibiendo el dinero.“Es una empresa que no tenía financiamiento, que no garantizaba una fianza, que no pagaba como decía el contrato lo correspondiente a la energía”.Menciona que se tomó la decisión de rescindir el contrato, pero la empresa comenzó con argucias jurídicas, como suspensiones, amparos y juicios de nulidad.“Todos los hemos combatido y ganado. Hace cuatro semanas decidimos poner la denuncia penal por un fraude de más de 170 millones de pesos. Estamos en espera de ratificar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”. Una vez que se ratifique la denuncia, comenzarán con el proceso para que se pueda licitar el servicio.Por otro lado, en días pasados se dio a conocer que la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, inició un proceso de suspensión por 15 días sin goce de sueldo contra González, por el incumplimiento en el pago de un laudo.Al respecto, el alcalde contesta que todavía están a tiempo de aplazar esta circunstancia y que están abiertos a negociar con los interesados. “Son casos que vienen de administraciones pasadas, que irresponsablemente no les dieron seguimiento ni importancia. Hemos hecho varios convenios con personas que demandaron, pero desgraciadamente no tenemos un presupuesto para estar atacando estas circunstancias”.En 2016, el Congreso de la Unión avaló la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la intención de frenar el endeudamiento irresponsable de los gobernadores y alcaldes en México.Uno de los candados para evitar irregularidades o abusos, es que los Congresos estatales debían aprobar los nuevos créditos bancarios solicitados por los Gobiernos estatales o municipales. Por ejemplo, la legislatura local correspondiente, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, autoriza los montos máximos para la contratación de créditos. Y los diputados deben realizar previamente un análisis de la capacidad de pago, el destino y el otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago.Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Disciplina Financiera. En caso de presentarse situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias sanitarias, como la del COVID-19, los Gobiernos podrán contratar y reestructurar financiamientos sin contar con la autorización de la legislatura local correspondiente.Aunque los legisladores federales afirman que las modificaciones no buscan exceder los niveles de endeudamiento y permanece la obligación de mantener un registro público, el riesgo de que se disparen las deudas en los Estados es latente, ante los recortes en programas y recursos provenientes de la Federación por la caída en la recaudación ante la pandemia actual, que se extenderá hasta el siguiente año. Y también porque todos los años hay afectaciones por lluvias o temblores, principalmente.Para evitar más presiones hacia el Presidente de México, se incorpora un capítulo de previsiones extraordinarias para que las administraciones locales puedan renegociar sus endeudamientos de corto plazo, si se presenta una caída del Producto Interno Bruto superior al 5%, por lo que se permitirá la reestructuración. De esa forma, tendrán la oportunidad de endeudarse en crisis como la presente (en el primer semestre del año se registró una caída de 18%).Luego que en mayo pasado el Congreso de Jalisco aprobara contratar una deuda por hasta seis mil 200 millones de pesos, que se pagarán a 20 años, aumentó el endeudamiento por persona en Jalisco.En 2019, el endeudamiento por persona era de tres mil 210.3 pesos, pero al segundo semestre de 2020 subió a tres mil 538.6 pesos, de acuerdo con el reporte trimestral sobre la deuda de las Entidades federativas y municipios. En total, suman 29 mil 487.9 millones de pesos en deuda, lo que significa que creció en 8.7% en relación con el trimestre anterior.El 78.7% del total del financiamiento corresponde al Estado y sus entes públicos, y el resto, 21.3%, a los municipios y sus entes públicos. De los 125 municipios, 89 presentan deuda por un monto de seis mil 284.9 millones.Además, según el análisis, Jalisco obtuvo su financiamiento a través de la banca múltiple, con 70.2%. El resto, 29.8%, con la banca de desarrollo.“Esta deuda tiene como fuente de pago sus participaciones federales en un 86.2%, aportaciones federales con 6%, ingresos propios en 2.7% y la deuda de corto plazo quirografario, con 5.1 por ciento”.Sigue #DebateInformador¿Qué opina de las deudas de los Ayuntamientos?Participa en Twitter en el debate del día @informador
