¿Se puede cerrar Ayotzinapa?

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2015).- No hay presente vivo con pasado muerto”, gritaban las abuelas de la Plaza Mayo tras la caída de la sangrienta junta militar argentina que gobernó a sangre y fuego durante siete años la nación sudamericana. Pocos dichos encarnan tanta sabiduría política. Un país no se puede construir sobre la base de las dudas, la incredulidad, la incertidumbre y la simulación. Las verdades históricas no son un conjunto de frases que adornan libros de textos gratuitos ni decretos que impone el Gobierno. La verdad histórica es el núcleo de la rendición de cuentas, de la sujeción del Gobierno a los ciudadanos. Darle la vuelta a la página del pasado puede ser una tentación casi irresistible en un momento de crisis, pero sólo nos condena a vivir atados a un pasado sin resolver, a una herida que nunca cicatrizó. Ayotzinapa es esa herida. Tras más de cuatro meses de una errática intervención municipal, estatal y federal, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha podido construir una narrativa que sea creíble para los manifestantes y para la indignación de amplios sectores de la población. Son muchos los cabos que no se pueden atar, que carecen de explicación y son muchas las responsabilidades que siguen sin ser asumidas.

¿Todo fue producto de una confusión entre bandas del crimen organizado? ¿Por qué se abandonó la hipótesis de que los normalistas iban a torpedear un evento de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda? ¿Por qué decía el Presidente Enrique Peña Nieto que era un problema local? ¿Tanta crueldad contra los normalistas es producto de una confusión de criminales de un cártel? ¿Por qué el Ejército no intervino estando a sólo dos kilómetros del lugar de los hechos? ¿Debemos creer la única versión de los hechos puesta sobre la mesa que surge de una serie de declaraciones de delincuentes y, sobre todo de uno, del famoso “Cepillo”? ¿Por qué no hay ningún político de relevancia, quitando a la famosa pareja imperial de Iguala, pagando por lo sucedido aquel 26 de septiembre? ¿Se puede con todos esos cabos sueltos, con todas esas dudas, construir una verdad histórica que sea aceptada por la mayoría de los mexicanos?

Confianza y credibilidad

La confianza es un vínculo entre gobernantes y gobernados que se construye a diario. Se construye estando en las buenas y en las malas, diciendo la verdad cuando más cuesta y, sobre todo, asumiendo responsabilidades cuando el panorama es sombrío. La confianza no se la gana el político que siempre hace todo bien, eso resulta inverosímil, sino aquel que sabe enfrentar las consecuencias de sus actos cuando el panorama es sombrío. Es decir, la confianza es la otra cara de la responsabilidad. Sin embargo, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, la responsabilidad política es un concepto más que extraviado. Y es que analicemos caso por caso, más allá de Ayotzinapa. ¿Quién ha pagado por el fiasco de la licitación del tren México-Querétaro? ¿Por qué sigue en su puesto el Secretario de Comunicaciones y Transportes? Gerardo Ruiz Esparza se mantuvo a pesar del colapso del tren. La negativa a dar una explicación veraz de la cancelación de la licitación se llevó “entre las patas” al proyecto más ambicioso de esta administración.

En materia económica, Enrique Peña Nieto ha dado los peores resultados desde la alternancia partidista. El país creció a 1.1% en 2013 y se pronostica que andará por los dos puntos en 2014. Este año las cosas no han empezado bien con un recorte del gasto de más de 120 mil millones de pesos, una deuda que alcanzará los 45 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y un primer recorte de crecimiento por parte de analistas del mundo de los negocios. ¿Y quién ha pagado por los malos resultados? ¿Debería seguir Luis Videgaray en su puesto ante el mal rumbo de los indicadores económicos?

Y es que parece que el gabinete es intocable. Solamente ha habido un movimiento en dos años de mandato de Peña Nieto —convertir a Eduardo Sánchez en vocero de la Presidencia—. La excesiva paciencia de la Presidencia con sus secretarios ha provocado que los escándalos manchen aún más la popularidad presidencial. Enrique Peña Nieto bien habría podido auxiliarse de un procurador con mayor legitimidad para enfrentar la narrativa pos-Ayotzinapa, sin embargo ha preferido mantener a un Murillo Karam que difícilmente será quien pueda enderezar el barco.

Reacciones similares vemos en los problemas de conflictos de interés en las casas. El Presidente de la República no ha sido capaz de construir un vínculo de confianza que le permita ofrecer una versión creíble sobre lo sucedido en Ayotzinapa. Durante 26 meses de mandato, cada noticia negativa la ha dado o un secretario o un subsecretario (hasta la primera dama ha dado explicaciones). Asumir errores y pedir disculpas es parte de gobernar, es parte de reestablecer la credibilidad con la ciudadanía. Si a una ciudadanía de por sí incrédula por todos los años en los que distintos gobiernos han mentido abiertamente o manipulado la verdad sobre sucesos trascendentales para el país, le añadimos un presidente que no asume responsabilidades, el cóctel de la incredulidad es insuperable. ¿Cómo esperar que un Presidente como Enrique Peña Nieto tenga el capital político suficiente para ofrecer una narrativa socialmente aceptada sobre lo que pasó en Ayotzinapa? La presentación de Virgilio Andrade, como nuevo titular de la Función Pública, es un momento más que ilustrativo: un Presidente que no logra reestablecer la credibilidad de amplios sectores de la sociedad.

Un cierre por decreto

Un vistazo a la historia nos permite concluir que el Gobierno mexicano ha sido incapaz de cerrar muchas de las heridas que nos afectan como país. Abiertos, o semi-abiertos, tenemos la masacre de Tlatelolco de 1968, la guerra sucia de 1971, la muerte del cardenal Posadas Ocampo, los magnicidios de 1994, la masacre de Acteal, la muerte de Colosio, los enfrentamientos de Atenco; incluso, las muertes de los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake Mora, son incógnitas para buena parte de la población. Y quitando a aquellos que sólo creen en las más locas interpretaciones conspiratorias, la realidad es que el Gobierno mexicano siempre ha intentado cerrar las polémicas y los escándalos de la misma forma que establece el precio de la gasolina o los impuestos. Es decir, cerrar por decretos. Sin embargo, si antes fue difícil cerrar por decreto una herida social profunda en México, ahora con multiplicidad de medios de comunicación, el papel de las redes sociales y la atención internacional a Ayotzinapa, buscar cerrar por decreto es simplemente perder el tiempo.

Lamentables hechos como el de Ayotzinapa no se borran sin tres elementos clave: una narrativa veraz y con pruebas de lo ocurrido aquel día; criminales pagando por los homicidios y la tortura; así como responsables políticos que permitieron que la trama mafiosa entre autoridades municipales y criminales pudiera actuar en total impunidad. Sin esos tres requisitos saldados, será imposible cerrar el caso Ayotzinapa. Y ni siquiera con esos elementos podríamos hablar de un cierre total, pero si por lo menos una clausura temporal que permita poner el ojo en las reformas institucionales y políticas que sirvan como escudo para impedir que Ayotzinapa vuelva a ocurrir.

Un cierre nos aleja de las soluciones

Pero más allá de la necesidad del Gobierno Federal de cerrar el problema de Ayotzinapa a cuatro meses de la elección, lo cierto es que a nadie le conviene que lo que sucedió el 26 de septiembre pase a un segundo lugar en las prioridades de la prensa y la clase política. Sólo con el recuerdo vivo de Ayotzinapa se podrán hacer los cambios necesarios para convertir a México en un país de estado de derecho, donde la clase política rinda cuentas y la corrupción sea castigada. Ponerle punto y final a Ayotzinapa constituiría una forma de diluir su impacto sobre el proceso electoral y el debate de los partidos político de cara a las elecciones intermedias de 2015. Ayotzinapa constituye un hito porque es una afrenta sistémica; es decir, todos están manchados, no hay partido o color de camiseta que pueda sentirse exonerado de lo sucedido en Iguala. Los golpes sistémicos son los más efectivos para propiciar cambios.

No hay caminos cortos o atajos. Ayotzinapa se cerrará con justicia y responsabilidad a corto plazo, y persistirá como un referente del largo camino que tiene México para lograr una democracia de estado de derecho, combate a la impunidad y rendición de cuentas. Argentina sólo cerró las dolorosas heridas de la dictadura cuando el país entero vio a Jorge Rafael Videla en un banquillo de acusados; Francia sólo vio cerrada las heridas de la Segunda Guerra Mundial y del régimen colaboracionista de Vichy, cuando Philippe Pétain fue sentenciado a la cadena perpetua; y así podríamos citar decenas de ejemplos más. Ayotzinapa puede ser un hito que nos permita atacar de fondo algunos problemas que nos agobian como país: violencia, corrupción, infiltración, desigualdad, y que se ven reflejados nítidamente en los hechos de Iguala. A pesar de la verdad histórica de Murillo Karam, le falta mucho al país para el cierre de la herida de Ayotzinapa y comenzar la cicatrización.