De los 16 Estados con programas de verificación vehicular en el país, sólo la mitad tiene activas las multas por incumplir con los procesos de revisión de emisiones contaminantes.Los que operan estos instrumentos regulatorios son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Veracruz y Coahuila. También Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Yucatán.Los primeros ocho son los que mantienen las sanciones contra omisos, mientras que Michoacán, Tlaxcala y Jalisco las han suspendido de forma temporal. Los dos primeros tienen proyectado retomarlas en el segundo semestre de este año.En Jalisco no se ha informado la fecha en que comenzarán a levantarse las multas, luego de que hace unos días se cancelara su aplicación, programada para julio próximo. Sin embargo, el gobernador advirtió que la verificación continúa siendo obligatoria y la puesta en marcha de las sanciones se anunciará pronto. En el Estado, las multas por no verificar o rebasar los límites de contaminantes irán desde los mil 924 hasta los nueve mil 622 pesos. La zona Sur de la ciudad, donde se ubican los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, concentran el mayor número de días con mala calidad en el aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco.En lo que va de este año, con corte al 30 de mayo, la estación de Santa Fe, que se ubica en Tlajomulco, ha registrado 123 días con mala calidad del aire y la estación Las Pintas, en El Salto, lleva 132 días. Las otras ocho estaciones se ubican por debajo de los cien días.Aunque durante el año pasado empeoró la calidad del aire en la metrópoli, en los primeros cinco meses de este año ha mostrado una mejoría. Sólo las estaciones de Miravalle, Tlaquepaque y Las Pintas presentan niveles superiores al año pasado, considerando el mismo periodo.En el portal del programa de verificación se destaca que en las últimas dos décadas ha empeorado la calidad del aire en la metrópoli, “llegando a puntos críticos donde se supera la contaminación de la Ciudad de México”.Se agrega que en 2014, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, calculo que en el AMG podrían evitarse 301 muertes prematuras anuales por padecimientos asociados a la contaminación por partículas finas (PM 2.5).Hermes Ulises Ramírez Sánchez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), declara que no hay registro de políticas públicas adecuadas en materia ambiental. “No ha habido un programa que en realidad haya sido exitoso y haya contribuido a mejorar el medio ambiente”.Ante los señalamientos de que el programa de verificación vehicular es recaudatorio, las autoridades han defendido que los recursos que ingresen por esta vía y correspondan al Estado, se destinarán al Fondo Ambiental de Jalisco. A través de éste se realizarán proyectos y acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire y del medio ambiente.Sin embargo, este medio publicó que los ingresos han beneficiado más al proveedor del software y tecnología que al fondo estatal. El primero ha recibido 84.5 millones de pesos, mientras que al fondo le han transferido 21.9 millones de pesos. Y el gasto de este último no se ha detallado. Taxis ignoran verificaciónEste medio publicó que, desde el comienzo del programa de verificación vehicular han acreditado la prueba sólo mil 255 automóviles que dan servicio en las aplicaciones digitales (Uber o DiDi), a pesar de que la Secretaría de Transporte tiene un registro de más de 19 mil unidades en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La omisión se extiende a los taxis amarillos: han pasado el examen sólo cinco mil 795, cuando hay más de 12 mil en la ciudad. Desde noviembre de 2020 y hasta la fecha, el nuevo programa de verificación vehicular ha beneficiado más al proveedor del software y tecnología que al Fondo Ambiental de Jalisco.Por prestar el servicio, el proveedor del sistema ya captó 84.5 millones de pesos, mientras que al Fondo estatal apenas le transfirieron 21.9 millones de pesos.En ese periodo, la Coordinación Estatal de Gestión del Territorio detalló que ha realizado 18 transferencias al Fondo y al proveedor, según reportó mediante Transparencia.La dependencia no especificó los pagos a los propietarios de los verificentros, que también están incluidos en la repartición de ingresos de este programa.El año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) anunció que debido a los retrasos en el programa, se renegociaron las tarifas pactadas con la empresa Worldwide Environmental Products, proveedora del software y la tecnología usada en el nuevo esquema de verificación, y que está a cargo del jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Luna.Por otra parte, el fin de semana se confirmó que habrá multas por no realizar la prueba hasta que funcione de manera integral el sistema de verificación vehicular. Hermes Ulises Ramírez Sánchez, investigador de la Universidad de Guadalajara. Cuando las políticas públicas son impositivas y recaudatorias no tienen eco en la población, remarca Hermes Ulises Ramírez Sánchez, investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).“Desafortunadamente, la mayoría de la gente lo ve como una medida recaudatoria. Por eso no ha tenido la aceptación que debería”. Considera que las multas se cancelaron más por cuestiones políticas que por realmente apoyar a los ciudadanos.Lo principal, dice, es que el Gobierno estatal no tiene listo el programa y prueba de ello es que no se cuenta con las líneas de verificación suficientes para llevar a cabo las revisiones de los vehículos y el sistema de citas sigue con fallas.“Es oneroso para muchos bolsillos y no hay una organización adecuada ni una capacitación del personal para hacerlo de la manera más adecuada”.Las fallas en su implementación, recalca, han provocado que durante más de tres sexenios, “este programa haya sido un fracaso”.Resalta que cada administración llega con la idea de hacer algo novedoso y al final se quedan con lo mismo que ya tenían en administraciones pasadas. El actual, recuerda, se comenzó a gestar desde la pasada administración.Por ese motivo, opina que las multas podrían tardar más tiempo en aplicarse, pues se requieren más verificentros.“Me parece que va para largo. Ya va el tercer sexenio en el que ha fracasado rotundamente, se implementa a medias y no funciona y quien paga las consecuencias es el medio ambiente y las personas que vivimos en esta ciudad por los altos índices de contaminación”. En 2018, último año en que el programa de verificación vehicular fue obligatorio, previo a la suspensión que duró casi tres años para dar paso al nuevo mecanismo, en Jalisco se verificaron sólo 770 mil 954 vehículos, según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).La dependencia reporta que en ese año, el 21.27% de automóviles aprobó el proceso de verificación. El año pasado, cerró con un 0.38% (todavía no se aplicaba el nuevo programa). Y en mayo pasado, Abraham Torres Andrade, director general de Calidad del Aire, afirmó que sólo el 5% del total de vehículos ha verificado.“La verificación vehicular mediante el Programa Control de Emisiones Vehiculares, se realiza para controlar y disminuir la contaminación generada por los vehículos automotores ya que es la principal fuente de emisiones a la atmósfera”, puntualiza la Semadet a través de la plataforma Mide Jalisco.Actualmente la verificación aplica a vehículos oficiales del gobierno del Estado, de los municipios, vehículos de plataforma, taxis, vehículos diésel y transporte público. Los programas de verificación vehicular operan con señalamientos de irregularidades en la mayoría de los Estados, lo que ha provocado que los cancelen o pongan en pausa.En diciembre pasado, el gobierno de Baja California canceló la verificación que se retomaría este año. Argumentó que se revisará la concesión de la empresa responsable del programa.Los señalamientos de presuntos ‘moches’ a personal de verificentros o presencia de coyotes en torno a éstos han sido denunciados en varias Entidades como el Estado de México, Morelos, Michoacán, Ciudad de México, entre otros.En 2018, Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, denunció que le pidieron dinero cuando acudió a verificar.Hermes Ulises Ramírez Sánchez, académico de la UdeG, declara que la capital del país es la que cuenta con más programas para reducir la contaminación, y en el camino han cambiado los resultados, los cuales han sido buenos en algunos años.“Eso cayó un poco por los cambios de administración, se suspendieron políticas públicas y, por lo tanto, tampoco está funcionando como debería hacerlo”.En el caso de Jalisco, asociaciones de talleres mecánicos acreditados para realizar la verificación han denunciado presuntos actos de corrupción en la puesta en marcha del nuevo programa de verificación. Los programas de verificación vehicular que se implementan en el país son regulados a través de leyes federales y locales, según destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).En su Artículo 112, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente da la facultad y distribuye la competencia para que cada Estado y/o municipio del territorio nacional implemente un programa de verificación vehicular.“En este sentido, la normatividad local debe establecer las condiciones de operación y funcionamiento de los programas, definiendo las áreas facultadas para la autorización, vigilancia y sanción de los centros o unidades de verificación”, puntualiza la Semarnat.Detalla que los programas deben incluir los elementos técnicos respecto a los protocolos de prueba, las características de los equipos de revisión y los límites máximos permisibles aplicables, en la revisión de emisiones vehiculares, con referencia a los definidos en las Normas Oficiales Mexicanas.“El objetivo de estos programas es mantener el parque vehicular en circulación en la mejor condición ambiental posible, motivando el mantenimiento preventivo de aquellas unidades que se presentan a verificar, y obligar el mantenimiento correctivo de los vehículos que presenten niveles de contaminación mayores a lo permisible”, se agrega. 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