El pasado 6 de septiembre, la Fiscalía presumió que obtuvo una sentencia por homicidio doloso en contra de Luis Enrique. El 24 de septiembre de 2017, junto con dos cómplices, asesinó a un hombre en Ixtlahuacán de los Membrillos porque pretendía a su hija.El año pasado se obtuvieron 161 fallos por este ilícito: seis por cada 100 casos ocurridos en 2018, cuando sumaron dos mil 413.“Las condenas en este tipo de delitos son muy pocas. Hay un déficit en el tema de investigación, en procesos para llegar a sentencias definitivas”, dijo Daniel Espinoza, juez oral en el Distrito Judicial I, con sede en Tonalá.En análisis previos realizados por el juzgador, encontró que en Alemania alrededor de la mitad de los casos de homicidio era archivada definitiva o temporalmente, en reserva de obtener más datos de prueba.“Si comparamos, entonces, la estadística de Alemania, donde la experiencia en la oralidad y un modelo de justicia garantista es de muchos años, y donde 50% de los homicidios resulta en condena, evidentemente con las sentencias por homicidios en Jalisco tenemos más de 90% de impunidad”.Jorge Tejada, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), advirtió que esta cifra es atribuible a la falta de capacidades de investigación del Ministerio Público.“Debería haber muchas más condenas, pero no es algo que se le achaque al Nuevo Sistema de Justicia, sino a la fase de investigación, a que el Ministerio Público es un cuello de botella donde se atoran los casos”.Agregó que las sentencias ejecutadas en 2018 provienen de homicidios que se documentaron uno o dos años atrás, pues ese es el tiempo promedio que dura el proceso entre la investigación, localización y detención de los imputados, así como la celebración de las audiencias, el juicio, las apelaciones y amparos.Durante 2018, la Fiscalía del Estado emitió sólo 18 comunicados por obtención de sentencias condenatorias por homicidio doloso. De ellas, 14 fueron por hechos suscitados entre 2000 y 2015; el resto, en 2017.Y sobre los móviles, únicamente en un caso fue atribuible a pugnas entre la delincuencia organizada. Los demás fueron por motivos personales; es decir, que la víctima conocía a su homicida, aunque también hubo casos por robos y riñas.En el año más violento en la historia de Jalisco, donde el número de víctimas por homicidio doloso aumentó 57% en comparación con 2017, las personas detenidas por este delito sumaron apenas 60, según información de la Fiscalía del Estado.Si se toma en cuenta que en 2018 hubo dos mil 413 víctimas de homicidio doloso (en 2017 sumaron mil 536), sólo hubo 2.4 detenciones por cada 100 casos.Daniel Espinoza Licón, juez oral en el Distrito Judicial I, explicó que las bajas cifras en cuanto a procuración de justicia se deben a numerosos factores.En principio, él ha tenido conocimiento de casos en los que los policías tardan en llegar al lugar de los hechos, no tienen los registros correspondientes o deben esperar a encontrar un elemento bien capacitado para procesar las evidencias.Y si el policía que llega después tampoco está bien capacitado para hacerlo, entonces éste llama a los servicios periciales.“Son muchos tiempos muertos o perdidos en este comunicar y que lleguen las autoridades correspondientes lo que ha generado en muchas ocasiones que los abogados aleguen que hubo demora en la recolección de datos o en la puesta a disposición del detenido que trae como consecuencia la nulificación de pruebas”.Esto ocurrió mucho al principio y aunque se ha reducido, aún persisten las fallas que se lograrían disminuir al mínimo con la profesionalización de todos los operadores del sistema.“No solamente en el actuar policial, yo incluiría la labor pericial y al Agente del Ministerio Público porque hay poca coordinación”, añadió.Incluso ha habido casos específicos donde el policía no quiere levantar los registros hasta que lleguen los servicios periciales. Esto después es criticado por los peritos, pues al ser los policías los primeros respondientes, es su obligación levantar los indicios y entregárselos posteriormente, como parte de la cadena de custodia.“Hay debate entre ellos sobre quién tiene que hacer el levantamiento de indicios, si el policía o el perito”.Y si a esto se suma que el Ministerio Público no asume el mando y conducción de la investigación, entonces se evidencia la falta de coordinación durante el desarrollo de la pesquisa.Como cada año, Guadalajara obtuvo el primer lugar en homicidios dolosos al sumar 584 víctimas en 2018. Y aunque por cantidad de población, generalmente Zapopan ha sido el segundo municipio con más homicidios, en esta ocasión el segundo sitio se lo quedó San Pedro Tlaquepaque, que sumó 414 casos.Dicha cifra superó incluso las muertes reportadas en Zapopan en cualquier año. Esta fue una de las razones por las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluyó a ese municipio dentro de las 17 zonas con mayor índice de violencia para enviar fuerzas federales.Tlajomulco de Zúñiga obtuvo el tercer lugar en víctimas de homicidios dolosos, espacio que ya había alcanzado en otros años, pero ahora con 305 casos, mismos que representaron un incremento de 60% en comparación con los 185 ocurridos un año atrás.Zapopan cayó al cuarto sitio, con 254 homicidios el año pasado, solamente 10 más que los que se registraron en el mismo municipio durante 2017. Las bajas cifras de sentencias condenatorias por homicidio doloso seguirán al menos este y el próximo año, anticipó Jorge Tejada Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), experto en Derecho Penal y Seguridad.“Actualmente hay una reingeniería de la Fiscalía en su sistema de gestión de casos en los que se está tratando de devolver la eficiencia en la investigación para llegar a cifras mejores, como las que se presentan en Chihuahua, Durango, Nuevo León, donde las fiscalías tienen una efectividad 10 veces mayor que en Jalisco”.Además, desde 2015 existen pugnas entre la delincuencia organizada que han disparado los homicidios en el Estado, por lo que la Fiscalía enfrenta un gran rezago en las investigaciones.Incluso si se aumentara el personal, abatir ese retraso heredado por la pasada administración les tomará al menos un par de años.El investigador indicó que solamente se logrará un mayor número de sentencias si se fortalecen las áreas de investigación de la Fiscalía del Estado con personal, tecnología, vehículos y al respetar la integración de los grupos.“Que no sean distraídos en tareas emergentes para apoyar otras áreas como el robo de vehículos, secuestros o desaparecidos”.Las autoridades también deben seleccionar los casos para abordar primero aquellos que tienen más posibilidades de solucionarse con pruebas y con la identificación de los presuntos responsables. Así se podrá diseñar una estrategia de corto, mediano y largo plazo para reducir la impunidad.“Hay una regla de la investigación, que entre más reciente es el hecho hay más probabilidades de obtener las pruebas. Entonces, es una espiral entre los casos antiguos, que son muy numerosos, y también hay una mayor dificultad en obtener las pruebas para procesarlos”, concluyó.Por apuñalar a su pareja sentimental, y decretarse legalmente que es responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, José Ángel pasará 24 años tras las rejas.La Fiscalía del Estado informó el viernes que un juez de Control y Oralidad resolvió lo anterior, e incluso le ordenó a José Ángel que pagara una multa económica para reparar el daño.El hecho por el que se le acusa sucedió en mayo de 2018, en calles de la Colonia Las Flores, en Tonalá.Según la Fiscalía, el sentenciado y su víctima caminaban juntos, pero de pronto inició una discusión entre ambos y José Ángel “sacó un arma blanca y la agredió en repetidas ocasiones, causándole lesiones graves”. De acuerdo con el comunicado, otras personas que iban pasando auxiliaron a la mujer y detuvieron la agresión. También retuvieron al sospechoso en tanto paramédicos y policías llegaban al lugar a prestar ayuda.La lesionada fue canalizada a un hospital; José Ángel fue detenido y el arma con la que atacó a la mujer se aseguró, por lo que hubo pruebas suficientes para que el juez, por medio de un proceso abreviado, dictara sentencia por tentativa de feminicidio.
