Tras los eventos de violencia ocurridos en los municipios de Teocaltiche y Tapalpa, el Gobierno federal mandó a Jalisco tres mil 586 elementos de fuerzas de seguridad en nueve días. El 21 de noviembre arribaron mil 086 militares a Teocaltiche, en donde fueron asesinados tres soldados por miembros del crimen organizado, y el 29 de noviembre llegaron dos mil 500 más para “colaborar con las autoridades locales para investigar y localizar a los responsables de los hechos violentos” en la Entidad.Para comparar, en el Estado había siete mil 151 miembros de la Guardia Nacional (GN) hasta el pasado 30 de marzo, según el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, de la organización Causa en Común. Eso quiere decir que los nuevos refuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional representan la mitad de todos los agentes de la GN en Jalisco. Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que en el tema de seguridad son responsables tanto el Gobierno estatal como el federal. “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara, nos señala que la seguridad está a cargo de los tres niveles de Gobierno. A nivel municipal, estatal y federal. Si no hay coordinación quien gana es la delincuencia: la común, la que roba vehículos, autopartes y transeúntes. Y se robustece también la delincuencia organizada. No hay coordinación, lo que tenemos es desconfianza”.Añade que es fundamental hacer cambios y que en la siguiente administración se deben priorizar perfiles técnicos y con experiencia, sobre todo en la Coordinación General Estratégica de Seguridad.“Ya no se debe estar entre los vaivenes políticos o premios de consolación los puestos clave en materia de seguridad como la Coordinación Estratégica de Seguridad, que ha sido un puesto político. Ha sido ocupado ese puesto por políticos sin trabajo. Pone en riesgo a miles de policías, que están perdiendo su vida por falta de una verdadera estrategia de coordinación. Creo que la próxima administración debe de comenzar a considerar a personas calificadas, preparadas y aplicando la meritocracia”. Alfonso Gutiérrez Santillán, académico del Colegio Libre de Estudios Universitarios, opina que las políticas de seguridad se deben analizar e implementar nuevas acciones para mejorar la seguridad pública, “sino vamos a seguir teniendo policías reactivas. Ahorita que hemos tenido problemas, mandaron a militares, pero sucede hasta que pasa algo. Están actuando con base en lo que sucedió. También el patrullaje no debe ser aleatorio, como ocurre ahorita, sino estratégico”.LA VOZ DEL EXPERTOAlfonso Gutiérrez Santillán, académico del Colegio Libre de Estudios UniversitariosEl académico del Colegio Libre de Estudios Universitarios considera que el modelo policial es obsoleto en relación con la realidad, lo que provoca más incremento de homicidios, personas desaparecidas y violencia.“Aunque delitos patrimoniales van a la baja, hay una cifra negra muy elevada. Y de los delitos que sí se denuncian, sólo el 4.6% se remiten al juez. Tenemos un problema grave, se debe redefinir el modelo policial, tenemos problemas graves porque tenemos una policía que se está quedando rezagada”. El especialista analiza que las policías están olvidadas, pese a que reciben dos fondos federales de apoyo, no ajustan para todas las carencias que se tienen. “En promedio hay 2.8 policías por cada mil habitantes. La Fiscalía del Estado requiere apoyo con personal, policías y ministerios públicos. De los pocos delitos que se están denunciando, no se pueden atender todos. Cuántas carpetas no se están investigando y están archivadas por falta de personal”.Según Gutiérrez Santillán, si realmente se quieren apoyar a procuración de justicia, deben considerar el doble de personal, además de más peritos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). “Con tanta deficiencia el sistema no puede funcionar correctamente. Hay que apoyar a las policías, porque muchas están olvidadas y viven con carencias y salarios insuficientes”.LA VOZ DEL EXPERTOFrancisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de GuadalajaraEl académico de la UdeG remarca que en el momento en que los perfiles no sean políticos, sino con experiencia, abonarán a una estrategia más amplia. “Personas con calidad moral, honestidad probada, experiencia comprobada, para que puedan llenar el espacio, porque luego nombran a personas improvisadas o amigos en puestos clave como comisarías, fiscalías. Ni en nombramiento de jueces o magistrados”. Debe de aplicarse el servicio profesional de carrera, y evitar el manoseo político en estas instituciones. No podemos dejar fuera a la Policía del Estado. Debe de funcionar ajena a la partidocracia, ajena a los partidos políticos como ha sucedido en Jalisco en los últimos años”. El académico concluyó que la “falta de coordinación en las autoridades municipales y estatales, y también ahora con las autoridades federales como la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de México”.La infiltración de miembros de la delincuencia organizada preocupa a especialistas en temas de seguridad. Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG, considera que es fundamental hacer cambios de fondo en la política de seguridad ante la cooptación del crimen organizado en las policías municipales y estatales.“En el pasado proceso electoral, Jilotlán de los Dolores, se suspendieron las elecciones porque la delincuencia organizada no le dio el visto bueno a ningún candidato. Sabemos que en un gran número de municipios, lo dice el Inegi, ya está infiltrada la delincuencia organizada”.Explica que esto se refiere a que hay un Gobierno paralelo operando al mismo tiempo que un Gobierno Constitucional. “En algunos municipios las autoridades constitucionales, como el presidente municipal, está subordinado a lo que les dice la delincuencia organizada. Y lo que le piden a cambio de llegar a ser presidentes municipales, es la comisaria municipal o el Registro Público de la Propiedad”.Dice que es alarmante porque se trata de un cáncer muy profundo que se tiene en Jalisco, “con el tema de control de autoridades municipales y estatales. Es más complejo lo que se tiene que empezar a trabajar para cambiar las cosas”.Detalla que en los últimos operativos, como el de Tapalpa, se evidenció que la Federación no confía en ellos, por lo que no se cumple con el principio de coordinación.“No solamente no hay coordinación entre Gobierno del Estado y municipios con las fuerzas federales, sino al contrario, hay desconfianza, por eso dicen en el Estado que no les avisan cuando hay operativos. Eso se debe, en mi opinión, a que el Gobierno federal hace sus investigaciones por su lado, aplica la inteligencia y contrainteligencia por su cuenta, y no comparte la información de lo que va a hacer”.Jiménez Reynoso destaca que desde el punto de vista Constitucional eso no debe de hacerse. “Los tres deberían de hacer un bloque contra la delincuencia organizada, pero la autoridad federal prefiere no compartir información porque sospecha, creo yo, de fugas de información”.Por su parte, Alfonso Gutiérrez Santillán, académico del Colegio Libre de Estudios Universitarios, concuerda en que el crimen organizado ya rebasó a las instituciones policiales, “en algunas zonas de Jalisco se está perdiendo el control. Se debe cambiar la estrategia y modelo de combate. El modelo debe ser modificado y buscar nuevas estrategias que involucren a todas autoridades, para que no salgan con que ahora no les corresponde. La violencia que deriva en homicidios nos pone en riesgo a todos los ciudadanos en una comunidad”.
