La resolución de casos de homicidios dolosos empeoró en Jalisco, al registrar una impunidad directa del 100% en 2022, de acuerdo con México Evalúa, cuando en 2021 el porcentaje fue del 99.7 por ciento. Según la organización, que hace cálculos a partir de los Censos de Procuración e Impartición de Justicia Estatales y solicitudes de acceso a la información pública, la impunidad directa se mide como la falta de atención, investigación o resolución de los eventos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea al no “haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien, encontrarse sin sentencia”. 

Luis Campos, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, dijo que es necesario detectar los motivos por los cuales no se da respuesta a los casos.

Jorge Luis González Monteón, académico de la UdeG, subrayó que hace falta más personal. “Hay una simulación en la forma en que investigan, procesan y sancionan”. 

México Evalúa explicó que algunos Estados lograron menor impunidad en homicidio doloso porque canalizaron los asuntos a través del procedimiento abreviado.

Simulación, impedimento para acceder a la justicia

Jorge Luis González Monteón, profesor de la Universidad de Guadalajara, señala que una de las problemáticas más graves que impiden el acceso a la justicia está relacionada con los grupos criminales. “La delincuencia organizada está infiltrada en las corporaciones policiacas, incrementa la impunidad. El Gobierno federal es el encargado, responsable de atacar a la delincuencia organizada, y cada día es mayor el avance que tiene la criminalidad en todo el territorio. Eso es lo que estamos observando, impunidad por simulación en la investigación. Simulaciones en el procesamiento, y los reclusorios están atiborrados”.

Indica que, por ejemplo, acaba de conocer un caso en el que tardaron seis años en dictar una sentencia a cuatro personas y a tres las absolvieron. “Seis años privadas de la libertad en prisión preventiva, a tres les dicen que no son responsables. ¿Cómo queda la justicia que después de seis años les digan que quedan libres porque no pudieron comprobar el delito? Eso refleja ineficacia en la investigación. Es realmente desesperante para mucha gente. La Constitución dice que en un año se les debe juzgar y no deben durar más de dos en prisión preventiva”.

Remarca que el país está viviendo una crisis de seguridad pública, donde la sociedad no ha podido exigir al Gobierno la función que le corresponde. “¿Dónde están los responsables materiales e intelectuales del homicidio del exgobernador, ni a estas alturas investigan? ¿Qué le espera a Juan ciudadano? Es una tarea de todos. Y como ya vienen las campañas, nos van a volver a prometer lo mismo”.

Por su parte, Luis Campos, abogado postulante y profesor de la Universidad Panamericana, comenta que hay cuestiones que a veces la autoridad no puede controlar, donde los casos quedan abiertos por falta de evidencia. “Y quedan como asuntos inconclusos. Se quedarán pausados mucho tiempo, hasta que los tiempos que la ley penal determina para que la facultad de investigar del Ministerio Público (MP) concluya. Es decir, las sanciones que pudieron haberse impuesto a alguien no se pudieron identificar, prescribe y no se le puede perseguir penalmente, y el caso se guarda y archiva”.

Por ejemplo, añade, hay un caso donde atropellan a una persona y quizá hay un testigo que aporta datos de una placa, y resulta que investigan y el dato del vehículo estaba mal. “Entonces no puedes encontrar al responsable. Allí el MP abrió su investigación, mandan oficio a la Policía para acordonar el área del evento, tomar fotografías. Ya tienes todo eso agotado. Entonces de quién es responsabilidad, ¿del MP o que no había tantos testigos?”, indica.

Juicios orales en Jalisco, los más tardados del país

El derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución mexicana, garantiza el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal competente e imparcial, con resoluciones prontas, en un máximo de cuatro meses para delitos con pena máxima de dos años, y un año para penas mayores, a menos que la defensa requiera un plazo mayor.

Según el reporte Hallazgos 2022 de México Evalúa, la duración promedio de las causas penales mediante juicio oral en México fue de aproximadamente 484 días para hombres y 504 días para mujeres.

Jalisco destaca como la Entidad con mayor demora a nivel nacional, con un promedio de 817 días para la conclusión de causas penales mediante juicio oral, superando el límite legal de dos años.

La organización señala que Jalisco, junto con Puebla, Baja California Sur y Coahuila exhibe duraciones más largas, atribuibles, en parte, a la suspensión de audiencias por la contingencia sanitaria. Esto afectó principalmente a los procesos más extensos y a tribunales que demoraron en adoptar audiencias virtuales.

En Jalisco, el 59.99% de las causas penales en el fuero común concluyó mediante suspensión condicional del proceso, el 23.34% por acuerdo reparatorio, el 10.74% por sentencia en procedimiento abreviado, el 2.67% por sustracción de la justicia, el 1.63% por criterio de oportunidad, el 0.99% por sentencia en juicio oral y en el 0.64% no se identificó el proceso.

A nivel nacional, solo el 4.7% de los casos judicializados termina mediante juicio oral, pero esta forma es más común en delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, secuestro, desaparición de personas, homicidio, feminicidio, tortura y trata de personas, según México Evalúa.

GUÍA

Algunos problemas detectados y soluciones

1. Inexistencia de una política de seguridad y justicia de Estado.

México Evalúa propone el diseño de una política de mediano y largo plazo que contemple la prevención y reacción desde la vía civil, la reducción de la impunidad, la protección de derechos, la reinserción social y la construcción de paz como ejes prioritarios y aplicables en todos los niveles.

2.  Abandono del fortalecimiento de capacidades investigativas.

La organización propone impulsar la definición de un Modelo Nacional de Procuración de Justicia con análisis sobre distribución de competencias, asignación del gasto y priorización de fenómenos específicos.

3. Falta de garantías de independencia en la operación de la justicia.

Sugieren incorporar el servicio profesional de carrera en el Artículo 116 de la Constitución, “mismo que deberá comprender el ingreso, capacitación, evaluación del desempeño y capacitación del personal de las fiscalías, defensorías públicas, comisiones de víctimas, unidades de medidas cautelares, tribunales y sistema penitenciario”.

4. Justicia tardía con procesos penales largos

Plantean que los poderes judiciales en ambos fueros implementen un mecanismo de seguimiento de personas imputadas bajo prisión preventiva por más de 24 meses, mismo que detone la revisión oficiosa de estos casos en audiencia, en sintonía con el desarrollo jurisprudencial reciente.

5. Ausencia de una perspectiva que busque la construcción de paz

México Evalúa propone una  política  que implique el fortalecimiento de vías civiles de seguridad pública, la pacificación de zonas con alto nivel de conflictividad y el freno a las condiciones de terror e inseguridad. “Que la articulación de las instancias de justicia penal privilegie en sus políticas de persecución penal y administración de justicia la garantía de los derechos humanos, y destine los recursos necesarios para su protección y garantía”.

Robo, el delito más común

México Evalúa analizó que el robo fue el delito más común en Jalisco en 2022. Los delitos de robo simple, narcomenudeo y extorsión tuvieron un 99.9% de impunidad. Según México Evalúa, en el caso del robo simple, al ser un delito de bajo impacto, “lo esperable es que las instituciones no se desgastaran en esfuerzos investigativos o bien que se aprovechara el uso de salidas alternas. La principal salida que se otorga a este delito son los criterios de oportunidad, seguida de la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado”.

En cuanto al narcomenudeo, alertaron que se refiere a casos de posesión, no de comercio o suministro. A pesar de tratarse solo de posesión, la forma principal de resolución es la sentencia condenatoria a través del procedimiento abreviado, sin dar suficiente prioridad a los criterios de oportunidad u otras salidas. En estos casos, se enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque restaurativo y de salud pública.

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IlseMartínez