En Jalisco hay 104 mil 865 registrados como agresores, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.Esto representa más del doble de los 41 mil documentados el año pasado.Mediante este documento, los ciudadanos pueden conocer el número de agresores, aunque no tienen acceso a la información desagregada.Por su parte, las autoridades sí pueden ingresar a los detalles, como el tipo del vínculo que el agresor tiene con la víctima; por ejemplo, familiar, institucional, comunitario, laboral o docente, entre otros.Además, pueden saber si se le inició algún procedimiento penal, órdenes de protección o seguimiento a la trata de personas y desaparecidas.A pesar del banco de datos, en la revisión realizada a la “política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que una debilidad es que no se permite identificar si los agresores fueron atendidos mediante programas educativos para desincentivar ese tipo de conductas, “lo cual es uno de los objetivos de la política establecida”.Los casos registrados de repetición de la violencia señalan que en el ámbito familiar es donde existe la mayor constancia de estos actos, por lo que es urgente reforzar las políticas de reeducación al agresor.A nivel nacional, suman 756 mil 295 agresores de mujeres.Entre 2010 y 2019, Jalisco recibió 984.9 millones de pesos en subsidios otorgados por la Federación para que los utilizara en el cumplimiento de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El dinero sirvió, por ejemplo, para albergar a personas en refugios o para los Centros de Justicia.La cantidad que recibió Jalisco representa el 2.8% de los 35 mil 574 millones de pesos entregados a los Estados para este rubro, por parte de instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).Las Entidades con mayor porcentaje de participación comparado con el monto total fueron Yucatán (4.5), Coahuila (4.1) Michoacán (4.1), Oaxaca (4.1) y Chiapas (4).Pese a los montos destinados, la Auditoría observó que la operación de la política pública presentó debilidades, “ya que no se contó con los modelos rectores de los ejes de acción de prevención, atención, sanción y erradicación, los cuales debían contener las medidas, programas, directrices, mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos humanos de las mujeres”.Por otro lado, en la evaluación de la armonización legislativa, Jalisco tiene el puntaje más bajo, con apenas 11 de 24 elementos legislativos mínimos para garantizar que contó con un marco normativo armonizado en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, afirmó la ASF.En la ley se consideran aspectos como la obligación de tener una instancia conductora de la política en la Entidad; la coordinación con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia; la integración de un sistema estatal; la elaboración de un programa estatal; la creación de un banco de datos estatal y nacional; la contribución a la consolidación del sistema, así como el establecimiento de los tipos de violencia.Y en el Código Penal se debe definir que el aborto no sea punible en los casos de conducta imprudencial de la madre, violación, inseminación artificial sin consentimiento de la madre, riesgos a la salud o peligro de muerte de la mamá, deformidades fetales o alteraciones genéticas. También definir los delitos como la violencia obstétrica, violencia política, violencia sobre los derechos reproductivos o las alteraciones a la salud por razones de género, entre otros.LEGISLACIONESAdemás del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, los sistemas de información que sirven para la erradicación de la violencia se conforman por el Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y de la Sociedad, el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, así como la página de internet sobre mujeres y niñas desaparecidas, los cuales están contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.Aunque desde hace 12 años se publicó la legislación, la Auditoría Superior encontró que el Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y la Sociedad no se implementó, ya que no existe coordinación entre las instituciones que deben establecerlo. Mientras que en el Sistema Integrado los datos están desactualizados o no muestran las fuentes de información, por lo que no es posible conocer la institución que dio el servicio.En cuanto a la página de internet, esa disposición se cumplió con el Registro Nacional de Personas Extraviadas, que tras las reformas de 2017 se transfirió a la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.Según la ASF, aunque el Monitoreo del Comportamiento y el Sistema Integrado tienen objetivos distintos, el primero tiene por objeto construir un expediente sobre los casos de violencia y el segundo generar estadísticas sobre la violencia. “Se considera que ambos sistemas podrían estar interconectados”.Según los registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, entre 2010 y 2019 detectaron que 15 mil 764 mujeres padecieron violencia de forma recurrente, principalmente en las familias. En el ámbito escolar es en el que menos se registró la reincidencia de estos actos.Destacan que es urgente evaluar cuántas mujeres iniciaron procedimientos para demandar la reparación del daño y sancionar al agresor o, en su caso, de reeducación. “Por ello, el seguimiento, el acompañamiento y la conformación de registros administrativos son necesarios para visibilizar en qué medida las mujeres acceden a la justicia, así como las acciones de acompañamiento legal y de reparación del daño”, indica la última investigación de la Auditoría Superior de la Federación.Por este motivo, los casos de repetición reflejaron el número de mujeres que, si bien pudieron tener contacto con las autoridades, los mecanismos de atención que se aplicaron para detección no fueron los adecuados, o no se les dio seguimiento por las instituciones que las atienden para evitar que vivieran actos violentos, “ya sea por su agresor o por las propias autoridades durante su atención”.Sobre el funcionamiento del registro, las instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las instituciones de Gobierno de los Estados ingresan información sobre los casos atendidos o los identificados en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, con el propósito de generar los reportes estadísticos que permitan realizar las acciones de prevención y erradicación de la violencia, así como un seguimiento de cada caso registrado en el país.GUÍALa Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) desaprovechó la información para la elaboración del Programa integral para reducir este problema entre 2014-2018. “El conocimiento generado y los estudios complementarios no se utilizaron como insumo principal para realizar el diagnóstico contenido en ese programa. Únicamente se rescató un fragmento vinculado con la reproducción de la violencia”, remarcó la ASF.En el año 2014 se logró un acuerdo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que las Entidades federativas suministraran información al Banco Nacional de Datos e Información, para que éste integrara los expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia. Y que generara un registro de datos sobre las órdenes de protección, así como la identificación de las situaciones que requieran medidas gubernamentales de “urgente aplicación” en el país.Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría, no se observaron acciones de homologación de los registros administrativos en las dependencias y Entidades de la Federación que otorgan servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia, “por lo que se debe realizar un diagnóstico sobre las instituciones que atienden, para que participen en la homologación de sus registros, a fin de que se facilite el intercambio de información de manera completa y comparable”.El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres tiene como objetivo instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y los derechos humanos, teniendo como metas específicas controlar la integración de la información a través de metodologías, instrumentos estandarizados y políticas de operación para el intercambio institucional de la información entre las instancias involucradas. Y la elaboración de estadísticas y diagnósticos de violencia que permitan conocer sistemáticamente las características y los patrones de este fenómeno, con la finalidad de detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para las mujeres, así como las necesidades de servicios para su atención.LA VOZ DEL EXPERTOMaría Antonia Chávez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara.María Antonia Chávez considera que el registro de agresores puede ser una herramienta clave para la construcción de escenarios de paz. Dice que, por ejemplo, se podrían tener perfiles de las zonas donde están identificadas las personas más violentas, y en esos espacios establecer programas de educación para la paz, resolución de conflictos o control emocional. “Porque es allí donde podemos desarrollar la reeducación. Ahora se utiliza mucho el mapeo para generar espacios educativos”.También remarca que, aunque un curso por sí mismo no hace que la persona deje de ser violenta, se pueden medir las conductas o la reincidencia después de un proceso de educación o capacitación.Detalla que es necesario seguir reafirmando desde la agenda de igualdad, especificar cada uno de los comportamientos patriarcales que se reproducen, inducirlos en agendas permanentes para hombres y mujeres, ya que los procesos reeducativos abonan a construir una ciudadanía psicológica y socialmente más equilibrada. “Tener claros los indicadores: si es la primera vez, si es un proceso de reeducación... y poder decir que es una persona rehabilitada para la vida social. Un proceso que esté determinado por profesionales”.Entre los años 2017 y 2019, la Conavim entregó subsidios a 18 Entidades federativas que contaron con la declaratoria de Alerta de violencia contra las mujeres, por un monto de 182 millones de pesos. Del total, 12.4% de los recursos fueron para Michoacán, que recibió la mayor cantidad de apoyo.Jalisco, en cambio, fue el tercer Estado con menos recursos, con dos millones 515 mil pesos para este plan.Por ese motivo, la Auditoría Superior de la Federación considera necesario que se establezcan criterios de priorización de recursos y de comprobación de los mismos, ya que solamente se limita a remitir acciones bimestrales. “Se podría robustecer con el establecimiento de un seguimiento riguroso en el ejercicio del recurso por parte de la Conavim, para garantizar que se cumplan con los proyectos”.La Alerta consiste en un conjunto de medidas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida; sin embargo, en Jalisco no se lanzaron ni se concluyeron nuevas acciones en el último año.De acuerdo con información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, obtenida por Transparencia, los últimos resultados son de octubre de 2019. Desde entonces no hay reportes ni una implementación efectiva del plan estratégico.Por otro lado, el seguimiento de la Alerta de violencia de género en Jalisco, presentado en 2019, se enfoca en seis ejes principales. Sin embargo, aunque se precisó que las estrategias tendrían avances en 2020, no ocurrió.Sigue #DebateInformador¿Qué opina de la protección del Estado hacia las mujeres?Participa en Twitter en el debate del día @informador
