Rosario Robles duerme desde ayer en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por delitos de ejercicio indebido del servicio público. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo ordenó la prisión preventiva y desestimó el hecho de que Robles pidiera seguir su proceso en libertad.La Fiscalía General de la República imputó los delitos por la presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros, que causaron un daño a la hacienda pública por más de cinco mil millones de pesos.Mientras ese presunto quebranto se ejecutó a través de 27 convenios de colaboración firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (al mando de Robles) con diversas universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas, ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya iniciaron un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia, ya que se detectaron 105 convenios adicionales reportados por la Auditoría Superior de la Federación.Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa. Añadió que se solicitó información y apoyo a las unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos. “Hasta este momento tenemos siete personas con cuentas congeladas, con montos variables que llegan a los 12 millones de pesos. Estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de las empresas fachada”.Antes de ser sentenciada a dos meses prisión preventiva, con su equipo de seis abogados, Robles escuchó atenta el veredicto del juez. Con voz entrecortada y evidente cansancio, rogó por su libertad y alegó que no tiene patrimonio ni millones de pesos para huir de la justicia. Anoche, su abogado Julio Hernández declaró que el juzgador aplicó “razonamientos poco apegados a Derecho, sin fundamento”.Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del caso y señaló que “no es un asunto” del Gobierno federal. “Es un logro el que no haya impunidad”.Las últimas horas de libertad de Rosario Robles las pasó entre sus abogados, papeles y un juez que no escuchó su ruego de no someterla a prisión.La audiencia de vinculación a proceso en la que su defensa presentaría las pruebas a su favor estaba programada el lunes a las 18:00 en el Reclusorio Sur. Desde una hora antes, la ex funcionaria arribó al lugar en una camioneta BMW y vestida de blanco con una mascada roja que adornaba su cuello. “Estoy aquí para presentar la defensa y para demostrar mi inocencia… y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Estoy aquí con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”.Robles se enfrentó a la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el ejercicio indebido del servicio público, al supuestamente omitir alertar al ex presidente Enrique Peña Nieto sobre los desvíos ocurridos durante su administración al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que ocasionaron un daño al erario por cinco mil 73 millones de pesos.Al considerar el volumen de la documentación que presentaron los abogados de Robles, los fiscales solicitaron un receso de una hora y el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aprovechó el momento para reprenderlos. “No les voy a dar una hora y no sé para qué me vienen a pedir permiso, si ya saben que es su obligación”.Al regresar a la sala de audiencias, el abogado Rogelio Ramírez enunció los 32 datos de prueba a favor de Rosario Robles. Pero la Fiscalía logró que el juez desechara dos testimoniales y una pericial de la defensa.Una de las testimoniales fue la de María Eugenia Romero Martínez, ex secretaria particular de Rosario Robles, quien refirió que la ex funcionaria comunicaba las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ex presidente Enrique Peña Nieto, pero también instruía al oficial mayor, Emilio Zebadúa, para solventar las mismas.El abogado respondió la solicitud de vinculación a proceso emitida por la Fiscalía General y se refirió a sus 24 dictámenes emitidos sobre las irregularidades, mismos que, aseguró, fueron realizados cuando los contratos cuestionados ya habían sido consumados, por lo que Rosario Robles no podía frenarlos ni prevenirlos. Además, argumentó que algunos dictámenes fueron emitidos cuando Robles ya no estaba en las secretarías, por lo que no le correspondía a ella solventar las observaciones sino a sus sucesores. “Es un acto de cinismo decir que ella no era responsable porque los dictámenes fueron emitidos fuera de su esfera jurídica… porque ya no era servidora pública”, calificó el juzgador.La sucesiónEn la sucesión de Sedesol, los abogados refirieron que Robles informó al nuevo titular, José Antonio Meade, qué observaciones habían sido solventadas y cuáles estaban pendientes, según el anexo 21, folios 630 al 633, del acta de entrega-recepción. “Esto es una joya y no lo trajeron por casualidad”, enfatizó el juez. Y luego emplazó a la defensa para que el 16 de agosto próximo entregue copia certificada del acta de entrega-recepción de la Sedesol a la Fiscalía para que determine si investigará a Meade por no cumplir con su obligación de solventar las observaciones.La defensa presentó las resoluciones del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu que concluyeron que no existieron las irregularidades observadas por la Auditoría, que los entes contratados sí cumplían con los requerimientos técnicos y que no había elementos para fincar responsabilidades.Al detallar la entrevista que el abogado realizó a la propia Robles, relató que la ex secretaria sí notificó directamente a Enrique Peña Nieto las observaciones a través de la “línea roja”, en reuniones de gabinete y en giras de trabajo. El juez observó que la defensa no presentó ningún oficio que acredite que Peña Nieto tuviera conocimiento de los hechos, por lo que sugirió que de existir un aviso por escrito y no presentarlo ante la Fiscalía, Robles estaría encubriendo al ex presidente. A las 3:48 horas de ayer, el juez comenzó a exponer los argumentos del auto de vinculación a proceso que dictó en su contra por ejercicio indebido del servicio público, por no evitar que los funcionarios a su cargo cometieran los desvíos referidos. “De haber querido evitar los hechos hubiera ejercido su facultad para hacerlo, pues era la única que podía influir en el oficial mayor, Emilio Zebadúa, quien firmó la mayoría de los contratos irregulares, para que dejara de celebrar estos actos jurídicos, pero no lo hizo simplemente porque no quiso”, precisó el juzgador.La FGR pidió la prisión preventiva justificada porque consideró que Robles representa riesgo de fuga, peligro para los testigos y no tiene arraigo en la Ciudad de México.Antes de que el juez decidiera si Robles regresaría a casa o no, ésta tomó la palabra y destacó que se presentó voluntariamente, que ha vivido en la misma casa durante 24 años y que ha trabajado toda su vida en la Ciudad de México.“No tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones para irme a vivir a Canadá y regresar impunemente. Mi única cuenta bancaria está congelada”.El juez desestimó los argumentos y, por ello, la noche del martes fue la primera que Robles pasa en el penal de Santa Martha Acatitla.PERFILSerá monitoreada las 24 horasLA DEFENSA¿Quién está en Santa Martha Acatitla?Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la vinculación a proceso de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Señaló que “no es un asunto” del Ejecutivo federal. “Es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho… no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho”.Refirió que el asunto de Robles, señalada de presunta omisión en el desvío de cinco mil 073 millones de pesos, lo atiende la Fiscalía y el juez correspondiente, que son dos instancias autónomas e independientes. “El proceso está abierto, hay términos legales, y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen más implicados, pero no es un asunto nuestro; tampoco soy Poncio Pilatos”.La defensa de la ex funcionaria señaló que el ex presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor en la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, tuvieron conocimiento de estas irregularidades, a lo que López Obrador aclaró: “Eso también es parte de la investigación. El juez es el que va a decidir”.Acentuó que el proceso tiene un término legal y las autoridades judiciales son las que decidirán sobre la culpabilidad o inocencia.Por su parte, representantes de los partidos políticos piden que la investigación contra Rosario Robles llegue hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto.Fernando Belaunzarán, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, consideró que debe hacerse justicia y no sólo ser una revancha por los “videoescándalos”, en que se vieron involucrados funcionarios del Gobierno local del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2004. “Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a Rosario Robles. Si el tema es realmente la Estafa Maestra, tienen que llegar a Peña Nieto, no es creíble que no supiera, pues hubo escándalo público”.En tanto, el secretario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, opinó que la Fiscalía está dando buenas señales de querer terminar con la corrupción, pero falta que se llegue “a lo más alto de la escalera. La prueba de fuego será que la investigación llegue hasta Peña, pero no deja de ser una buena noticia y un triunfo del periodismo de investigación”.Sigue: #DebateInformador¿Rosario Robles es una presa política?Participa en Twitter en el debate del día @informador
