Desde 2010, la Fiscalía de Jalisco registra 243 averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos ambientales en la Entidad. Sin embargo, apenas suman tres sentencias condenatorias (una en 2015 y dos más en 2017). Las afectaciones en el Bosque La Primavera, el Lago de Chapala, El Nixticuil, El Centinela y el Río Santiago, entre otros, forman parte de las denuncias penales que se han presentado.Diana Padilla, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), responde que hace falta una mayor especialización para sancionar estos ilícitos. “A lo mejor no vemos tantos casos de éxito en delitos ambientales. En conversaciones con el fiscal (Gerardo Octavio Solís), él me ha expresado que es un área que necesita de mayor apoyo. Es muy pequeño el equipo y los recursos con los que cuenta. Eso limita y por eso se tardan las investigaciones”.Además, la Fiscalía estatal no tiene juzgados especializados en la materia. “Sucede con los jueces de carácter penal, que ven todos los delitos del orden común y de manera adicional los delitos ambientales. Entonces, obviamente los focos rojos en materia de seguridad normalmente son a los que se les da mayor peso. El tema ambiental se deja un poquito de lado”, añade Diana Padilla.Los delitos ambientales incluyen las descargas de sustancias que dañan los suelos, la atmósfera o los cuerpos de agua. También por provocar incendios fuera de terrenos propios o destruir recursos forestales maderables sin permiso.En abril, el Congreso de Jalisco aumentó las penas por los delitos ambientales de tres hasta nueve años, así como las sanciones hasta los cuatro millones de pesos, con lo que se pretende inhibir estas prácticas, que actualmente registran 99% de impunidad.Eduardo Mosqueda, director ejecutivo del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), critica que la mayoría de las denuncias se queda en el papel.Desde 2005, miembros del Comité Salvabosque en defensa del Bosque El Nixticuil han denunciado constantemente delitos ambientales cometidos en la zona, como talas o hasta arrojar escombros. Sin embargo, sus asuntos generalmente son “rebotados” entre distintas dependencias y no llegan a los juzgados.Desde 2010, la Fiscalía General del Estado reporta solamente tres sentencias condenatorias por delitos ambientales, una en 2015 y dos más en 2017, según datos de la Dirección General de Seguimiento a Procesos.Esto es sólo 1.2% de las denuncias presentadas ante esa instancia, que desde 2010 suman 243 averiguaciones previas o carpetas de investigación.Los delitos ambientales incluyen el descargar sustancias que puedan alterar suelo, atmósfera o agua; provocar un incendio fuera de terrenos propios o destruir recursos forestales maderables de jurisdicción estatal o municipal sin permiso.Eduardo Mosqueda, director ejecutivo del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), lamenta que los asuntos se queden estancados. “Uno de los casos que llevamos tiene seis o siete años… y todavía no se ha judicializado”.A su consideración, es muy difícil sancionar un delito ambiental porque existen muchos intereses de particulares y de autoridades, además de falta de capacitación. “Lo que puedo decir de los delitos ambientales es que hay pocas capacidades de las fiscalías locales y federales que puedan llegar a entender cómo se configura el delito ambiental”.Para aumentar la cantidad de los asuntos que puedan llegar a los juzgados y ser castigados, es necesario que las autoridades cuenten con personal que se pueda especializar en esta materia, pues requiere de conocimientos técnicos y científicos, además de apoyarse en instituciones que les faciliten los dictámenes.Como organización, Idea asesora a las fiscalías en el país para capacitarlas en asuntos ambientales; sin embargo, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha manifestado interés.En el contexto del cambio climático y la crisis ambiental, se requiere que las autoridades pongan énfasis en castigar estos delitos, remarca.En abril pasado, el Congreso de Jalisco aumentó las penas por los delitos ambientales de tres hasta nueve años, así como las sanciones hasta los cuatro millones de pesos, con lo que se pretende inhibir estas prácticas, que actualmente registran 99% de impunidad, además de la cifra negra.“La contaminación del aire, del agua y del suelo está totalmente impune. Hay poco interés de los actores federales y locales por el impacto al medio ambiente”, sentencia Mosqueda.Contrario a lo que se podría esperar, la mayor parte de las denuncias por delitos ambientales no se interpone en los municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde abundan las áreas naturales y reservas ecológicas, sino en la zona conurbada; incluso, en 75 de éstos no hay investigación alguna en Jalisco.De las 243 denuncias por delitos ambientales interpuestas en la Fiscalía General del Estado desde enero de 2010 a septiembre de 2019, sólo hay 95 expedientes en 45 municipios fuera de la metrópoli.Las 148 denuncias restantes se concentran en la metrópoli. Y el que más registra es Zapopan, con 50 casos.En el interior del Estado, Autlán de Navarro es el que más acumula (13). Lagos de Moreno tiene cinco; Puerto Vallarta, Tequila y Talpa de Allende solamente suman cuatro casos cada uno, mientras que Acatlán de Juárez, Casimiro Castillo, Sayula, Villa Corona y Tapalpa tienen tres cada uno.En otros 35 municipios han presentado entre una y dos denuncias. Y 75 no cuentan con ninguna, ni siquiera en San Gabriel, demarcación afectada en la última década por deforestaciones e incendios causados presuntamente por la agroindustria.GUÍA* De enero a septiembre.Fuente: Fiscalía del Estado.Antes de que concluya este año, el Congreso de Jalisco aprobará reformas al Código Penal del Estado para sancionar con mayor rigor a los delitos ambientales, lo que se hará con la tipificación de una nueva categoría, informa la diputada Claudia Murguía, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.“Presenté hace algunos meses una iniciativa más específica que implica una conducta reconocida a nivel internacional, relacionada con el ecocidio. Ya solamente falta la última etapa. Estoy segura de que la vamos a aprobar antes de que termine 2019”.Recuerda que, a inicios de este año, el diputado Daniel Robles presentó otra iniciativa enviada por el gobernador para aumentar las sanciones por los delitos ambientales.Con esto, en abril se aprobó aumentar las penas impuestas por delitos ambientales, que eran de uno a tres años de prisión, por lo que aumentaron de uno hasta nueve años; además, las sanciones económicas pasaron de 40 mil pesos hasta cuatro millones de pesos.“Si bien es cierto que se reforzaron las penas, es conveniente tipificar el ecocidio. Mi iniciativa ya fue avalada por todas las fracciones parlamentarias y sectores de la sociedad. Las penas van de los dos a los 20 años de prisión y desde los 40 mil hasta los 20 millones de pesos a quien dañe de manera severa y duradera uno o más ecosistemas”.La legisladora argumenta que su iniciativa tiene su origen en los daños ambientales en la Entidad, sobre todo en la Región Sur, de donde ella proviene, por parte de la agroindustria.“Daña severamente nuestra flora, nuestra fauna. Y también nuestros suelos. Si bien es cierto que ya existen delitos tipificados, esto no ha frenado la tala inmoderada de nuestros bosques en los últimos 10 años”.El dictamen ya fue aprobado en primera lectura. Actualmente aplican ajustes en la redacción para aprobarlo finalmente por mayoría.Se cuestionó a la diputada sobre los señalamientos de investigadores que advierten que es común que el Congreso tipifique nuevos delitos o aumente penas, pero sin prever que la instancia que debe actuar, en este caso la Fiscalía del Estado, tenga los medios para investigar y judicializar los casos.Al respecto, expuso que ya existe una Procuraduría de Protección al Ambiente, aunque reconoció que lo ideal sería contar con una especializada en el Estado, aunque eso no exime a la Fiscalía para que actúe conforme a derecho. “Efectivamente, existe total y plena impunidad, pero esa ya es materia que compete al Ejecutivo”.El ecocidio sólo está tipificado en un par de Entidades en el país.CLAVESIlícitos. Según datos de la Fiscalía Especial Regional, en los últimos 10 años han detenido sólo a 10 personas por estos delitos; sin embargo, únicamente tres averiguaciones previas o carpetas de investigación llegaron a los juzgados. Y ninguno de los casos ha terminado, pues no existen sentencias.Alarma. Las estadísticas son alarmantes porque nos dan una idea de que ésta no es una herramienta efectiva de protección ambiental de corte correctivo, como sería aplicar la última acción del Estado para sancionar conductas que atentan contra el medio ambiente, señala Raquel Gutiérrez Nájera, académica de la Universidad de Guadalajara.Libre. La única sentencia obtenida por la Fiscalía Especial Regional data de 2014 por un caso anterior (2010), pero no resultó en ninguna sanción porque fue absolutoria.Desde hace 15 años, el Comité en Defensa del Bosque Nixticuil se ha resistido a las invasiones inmobiliarias dentro del área municipal de protección hidrológica. Por eso han interpuesto numerosas denuncias que permanecen impunes.La última fue por la construcción de una finca dentro de la reserva, pero en lugar de encontrar apoyo en las autoridades han buscado persuadirlos para no denunciar. “Hemos hecho denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) y nos han comentado que, por ser el Nixtcuil un área natural protegida de tipo municipal, no pueden hacerse cargo. En el caso más reciente que hemos llevado nos pasó como un efecto dominó en el que todas las autoridades dicen: ‘Yo no soy competente’”, lamenta Ana Cabral, integrante del comité.Detalla que, por los delitos contra la biodiversidad y los cambios de uso de suelo, buscaron denunciar ante la Fiscalía General de la República, pero los enviaron a la Fiscalía del Estado, donde encontraron que hay un área de delitos ambientales.“Acudimos y una vez que entramos empezó otra serie de irregularidades con la propia área de delitos ambientales y de delitos varios… nadie se quería hacer cargo de nuestra denuncia”.En la misma Fiscalía fueron enviados a cuatro agencias diferentes para ver en cuál les podían recibir la denuncia, pero se negaron a atenderlos. “Siempre dándonos largas, diciéndonos que fuéramos en tres o en cuatro ocasiones en un mes, perdiendo tiempo y sin una respuesta fija”.La última invasión al bosque fue por parte de un ciudadano, quien construyó una casa dentro de éste. Como prueba entregaron una respuesta de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan donde, con las coordenadas específicas, confirmaron que estaba dentro del área de protección hidrológica, “pero esto no fue suficiente para la Fiscalía”. “La estrategia que tomaron fue catalogarla como no judicializable. Esto lo que hace es que no se abra un procedimiento penal como tal hasta que se tengan pruebas más contundentes. Eso nos decían, entonces aunque exhibíamos un cúmulo de pruebas, pues respondían que con el nuevo sistema penal no las querían así”.
