Morena reafirmó ayer su intención de avanzar con la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazando los fallos judiciales que intentan frenar su discusión en el Congreso. Esta reforma, que incluye la elección popular de jueces y la reestructuración de la Suprema Corte, ha generado controversia tanto en el ámbito político como jurídico.Ricardo Monreal, quien asume hoy el rol de coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en esta nueva legislatura, calificó como “inadmisible e improcedente” cualquier resolución de un juez o autoridad que intente intervenir en el desempeño constitucional del Congreso. “No sólo es violatorio del principio de legalidad e invasión del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución”, declaró en un video publicado en sus redes sociales, reiterando su compromiso de seguir adelante con la reforma.La suspensión provisional otorgada por la jueza Martha Eugenia Magaña López, que impide temporalmente la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, ha sido un punto de debate significativo. El abogado litigante Juan Enrigue argumentó que esta suspensión brinda tiempo a los legisladores entrantes para revisar detalladamente la iniciativa en lugar de apresurarse a aprobarla. “Nunca en materia de ley, y mucho menos en materia de reforma constitucional, las prisas son convenientes. Normalmente, las prisas responden a presiones políticas y suelen ser riesgosas para el país”, comentó.Por otro lado, expertos en derecho constitucional sostienen que los recursos legales presentados en contra de la reforma no tendrán un impacto significativo en su avance. Héctor Ruiz López, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, indicó que Morena y sus aliados en el Congreso probablemente ignorarán la suspensión. “Después de haber escuchado las declaraciones de Ricardo Monreal y de otros actores que han manifestado su postura en redes sociales, es evidente que consideran estas suspensiones como intentos de interferir en la autonomía del Poder Legislativo. El juicio de amparo no procede contra reformas a la Constitución ni contra el trabajo legislativo en general”, explicó Ruiz López.El artículo 61 de la Ley de Amparo establece claramente que “el juicio de amparo es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, lo cual respalda la postura de Morena de avanzar con la reforma judicial a pesar de los fallos judiciales. Según Ruiz López, estas suspensiones sólo actúan como tácticas dilatorias que no detendrán la discusión ni la eventual aprobación de la reforma en el Congreso.En respuesta a estas acciones, se prevé que estudiantes universitarios de Derecho y trabajadores del Poder Judicial realicen una protesta hoy, horas antes del último Informe de Gobierno oficial de López Obrador. Esta manifestación busca expresar el descontento con la reforma judicial, que algunos consideran como un ataque a la independencia del Poder Judicial. López Obrador mantiene su objetivo de promulgar la reforma antes de finalizar su mandato. La reforma judicial es una pieza clave para consolidar los cambios institucionales que ha buscado implementar.CRONOLOGÍALA VOZ DEL EXPERTOJuan Enrigue, abogado litigante.Luego de la suspensión provisional que otorgó la jueza Martha Eugenia Magaña López para evitar que la reforma al Poder Judicial se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados, Juan Enrigue, abogado litigante, señaló que este recurso jurídico otorga tiempo a los legisladores entrantes a la nueva legislatura para revisar la iniciativa, contrario a solamente aprobarla.“Lo que da en este caso es tiempo para que no se apresuren los tiempos. Los que dictaminaron en comisiones esto sale hoy de su trabajo. Están dictaminando para gente que no conocen. Mañana entra otro Congreso y ellos van a dar por visto lo que observaron los diputados de otra composición mayoritaria. ¿Cómo es posible que los que entran mañana ya digan: ‘ay, es que eso ya lo vieron los anteriores’? No, velo tú”, explicó el experto.Enrigue recordó que tanto esta suspensión como la nueva medida temporal emitida por cuatro jueces de distrito que evita que, en caso de que la reforma se apruebe, ésta se discuta en los congresos de cada Estado del país, impedirá que se apresure una iniciativa tan delicada como una reforma constitucional.Celebró que la suspensión otorgue una pausa a las discusiones de la reforma a ese organismo, a la que calificó de violar los derechos de Poder Judicial que han hecho carrera en sus respectivos puestos.“Estimo que ese tipo de pausas son muy adecuadas y más aun tratándose de reformas constitucionales. Hay muchos países en los que el proceso de reformas constitucionales forzosamente tienen un largo periodo de meditación y estudio, justamente para evitar la tentación de complacer al poderoso”.Con la inminente aprobación de la reforma judicial, vendrá el momento de hacer cuentas para conocer su costo. Y el encargado de sacar la calculadora es el Instituto Nacional Electoral (INE), que tendrá el mes de octubre para definir cuál será el presupuesto que se destinará para la primera elección de ministros, magistrados y jueces de 2025.Según los cálculos del diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, la intención de su partido es que la reforma judicial “en septiembre pueda estar discutida, deliberada y, en su caso, aprobada”. Una vez que termine el proceso legislativo, el INE deberá calcular el presupuesto necesario para realizar la primera elección, explicó el también diputado Leonel Godoy, integrante del grupo de trabajo de Morena que revisa el dictamen de la reforma al Poder Judicial (PJ), aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 26 de agosto.“Eso nadie lo está tocando (el presupuesto para la primera elección), nadie ha planteado eso, un tema con el presupuesto. Primero se tiene que aprobar, luego el INE va a ser el responsable, hará la propuesta, será con tiempo suficiente, porque el presupuesto se aprueba hasta noviembre. Quien hará el cálculo es el Instituto Nacional Electoral”, matizó Godoy al concluir la reunión que sostuvieron ayer 10 diputados de Morena, entre los que estuvieron las diputadas Olga Sánchez Cordero e Irma Juan Carlos. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dado que será el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, tiene hasta el 15 de noviembre para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que el INE tendrá el mes de octubre para calcular el costo de la elección de ministros, magistrados y jueces, para incluirlo en el PEF.Godoy Rangel señaló que se tiene contemplado que las modificaciones que están planteando en el grupo de trabajo, y las de la oposición, se presentarán en el pleno, durante la discusión de la reforma judicial, la siguiente semana.La diputada por Morena, Olga Sánchez Cordero, dijo que en la reforma judicial son “irreductibles” para el Presidente y para la presidenta electa dos puntos: la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un Tribunal de Disciplina. El segundo es la elección por voto popular de los jueces y ministros. Propuso sacar del dictamen diversos temas para evitar convertir a la “Constitución en una ley reglamentaria de todo”, por ejemplo, quitar el promedio mínimo de ocho para acceder a los cargos del Poder Judicial, las cartas de recomendación y agregarlos en una ley secundaria.La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, aseguró que la reforma al Poder Judicial es el primer cambio de muchos otros en México y propuso que en lugar de utilizar abogados para que una persona interponga un amparo, se haga por medio de formatos electrónicos.Esto, durante una entrevista que le realizó la periodista Sabina Berman a ella y a Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exministro de la Corte.Aunque el material fue posteado desde el 19 de julio, fue retomado por abogados en redes sociales, quienes criticaron la propuesta de Lenia Batres al acusar que con esto los estarían dejando sin trabajo porque la gente ya no los necesitaría.La ministra afirmó que el problema radica en que la justicia es cara y poco asequible, hay pocos defensores y el lenguaje usado en el Derecho es incomprensible para la ciudadanía, por eso el acceso a ella es una obligación de las instituciones.Por lo anterior, destacó que las cosas deberían ser más simples y no necesitar para todo un abogado.Explicó que “la tecnología podría ayudarnos a hacer formatos o formularios electrónicos, incluso para demandas, actualmente no se reciben demandas vía internet si no están firmadas por el particular, tramitadas por el abogado y se requiere un abogado para defenderse”.“Tendríamos nosotros que abrir esa posibilidad a que las personas mismas se defiendan por sí mismas con formularios muy didácticos, por ejemplo, el Instituto de Transparencia y los recursos de revisión, podríamos copiarlos”, remata.
