Pese a la declaratoria formal de suspensión de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que inicia hoy y se añaden a los ceses parciales que se dieron desde el lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, menosprecian estas acciones y anuncian que la reforma seguirá adelante. López Obrador desdeñó el paro: “No va a suceder nada, no pasa nada”. Añadió que a la mayoría de los mexicanos “no les importa”. Agregó, de forma sarcástica, que la huelga ayudará a que los jueces, magistrados y ministros no dejarán en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.“Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar”, declaró el Presidente. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo respetar las protestas contra la reforma pero no el paro de labores. Y defendió la reforma al afirmar que su objetivo es independizar a los jueces del poder económico. “En el momento que un juez sea electo por el pueblo, tiene más autonomía que la que tiene ahora”, afirmó.El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que pese al paro nacional, la iniciativa presidencial que propone la votación popular de jueces y magistrados se dictaminará el próximo 26 de agosto, con el fin de continuar el proceso legislativo hasta su probable aprobación en septiembre, cuando Morena tenga mayoría calificada para hacer cambios a la Constitución. Para el senador Ricardo Monreal, la huelga es una “estrategia política” y dijo que los trabajadores del Poder Judicial “no sufren retroceso en sus conquistas laborales”. Por lo pronto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) ya emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del PJF. Esto significa que, oficialmente, desde hoy alrededor de 55 mil trabajadores del Poder Judicial federal, entre ellos más de tres mil 400 en Jalisco, se van a huelga indefinida, aunque muchos de ellos ya están en paro desde el pasado lunes. La convocatoria excluye a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que seguirán operando normalmente.“La iniciativa es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial”, afirmó la Jufed. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Domingo Figueroa, añadió que la reforma disminuirá la confianza de los inversionistas al politizarse las designaciones de jueces, que estarán más sujetos a presiones externas. El Consejo de Colegios de Abogados en Jalisco dijo que la reforma judicial “dañará” la democracia y “someterá” al Poder Judicial a los intereses personales del Presidente. “Es indigno que un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo quieran someter, hincar y doblar a un Poder Judicial de la Federación, que es el contrapeso en la democracia”, afirmó el presidente del organismo, José Luis Tello.Ante la polémica por la conformación del Congreso de la Unión y de la reforma judicial, Andrés Manuel López Obrador pidió a los cinco empresarios más ricos del país, según Forbes, a que dieran su opinión sobre estos temas.Se trata de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Bailléres y María Asunción Aramburuzabala.Hizo un llamado a los magnates para dar su opinión, pero también pidió reflexionar sobre el rol de las organizaciones con las que están vinculados y si estas incurren en violaciones a la Constitución. “¿Ese es el México que quieren para sus hijos y nietos?”, cuestionó el Presidente.De los cinco, sólo Ricardo Salinas Pliego contestó: “Por favor. Seamos serios”.El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, advirtió que el paro de los trabajadores del Poder Judicial no frenará la reforma judicial.Indicó que el próximo lunes 26 de agosto se prevé, en la Comisión de Puntos Constitucionales, discutir dicho dictamen, el cual quedó confeccionado para garantizar todos los derechos a los trabajadores, incluidos los ministros y magistrados.“Ya fue discutido, fue analizado, se escucharon todas las voces, personalmente lo he hecho”.Hay discrepancia de algunos trabajadores, que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 67 por ciento, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces.Incluso añadió que “ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores”.Mier rechazó que con la reforma que pretende la elección popular de ministros, magistrados y jueces, se afecte la carrera judicial. “Tengo por escrito, porque lo hicieron llegar, la opinión de 40% de los otros trabajadores, que han realizado en carrera judicial ocho exámenes para ser promovidos de jueces a magistrados, o de secretarios que han hecho ocho exámenes para ser promovidos como jueces” y no los han promovido, explicó. Porque, a su parecer, sucede lo siguiente: En las vacancias, finalmente en los exámenes de oposición, lo que prevalece no es solo el puntaje, sino quienes tienen un padrino arriba; entonces, eso se va a acabar, se va a respetar su carrera judicial, van a ser postulados todos lo que hoy son secretarios, que por carrera judicial tienen el derecho legítimo”, dijo.Ignacio Mier aseguró que revisarán y en su caso incluirán en la discusión de la reforma el próximo lunes en comisiones, la sugerencia del Presidente de crear algún mecanismo para proteger a los jueces que aborden temas de narcotráfico.El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores incluir en la reforma constitucional al Poder Judicial un mecanismo de protección para juzgadores que atiendan casos relacionados con la delincuencia organizada.“Una de las cosas que quiero recomendar, a ver si un legislador puede, hay algo que pienso que debe tener la reforma que se nos fue, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada”.En conferencia de prensa, el mandatario dijo que debe haber un mecanismo de protección para los juzgadores. “Porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones, es lo que nos sucede también eso con las policías, si son policías municipales están más expuestos, porque conocen a sus familiares, ahí están, policía estatal también”.Destacó que por eso es importante la rotación y movilidad que tienen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y Marina, para que no haya conocimiento de los delincuentes y no puedan ser amenazados. “El caso de los jueces que tienen que decidir sobre estas cosas, también hay que buscar un mecanismo de protección”, dijo.Ayer, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordaron iniciar un paro nacional de labores en protesta a la reforma al Poder Judicial que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Entre los estados en paro, destacó Yucatán, donde sus trabajadores del PJF acamparon sobre la avenida Itzáes, bloqueándola parcialmente en la colonia Sambulá.Desde el mediodía del pasado lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron un paro de labores en contra de la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno Federal.Consideran que la reforma judicial vulnera los derechos humanos y labores de la base trabajadora, ya que la propuesta pretende eliminar la carrera judicial de oficiales, actuarios y secretarios. Además, dicen que está en riesgo el servicio civil de carrera.A nivel nacional, destacaron las declaraciones del magistrado con sede en Quintana Roo, Pedro Durán, quien indicó que esta protesta es un movimiento de resistencia contra los actos que pretenden destruir la República, la Democracia y la independencia judicial. “En este momento me cuestiono si el Presidente está bien de sus facultades. Está tratando de apoderarse del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué no le enseñaron en la licenciatura que hay una división de Poderes y que la división de Poderes se respeta? Claro que no; terminó 14 años después su titulación. Eso habla de quién es quien nos gobierna. Alguien que no respeta a las instituciones”, expresó.LA VOZ DE LOS EXPERTOSAdolfo Gámez y Javier Soto Morales, especialistas en derecho penal. El paro de labores que iniciaron el pasado lunes trabajadores del Poder Judicial federal y al que se sumarán magistrados y jueces provocará un colapso en la impartición de justicia. Adolfo Gámez, doctor en Derecho Penal y abogado penalista, señaló que “vamos a entrar en un colapso, porque ya se va a decidir entre los asuntos cuál puede ser relevante, trascendente. ¿Qué va a pasar? Que muchas herencias que no se van a poder distribuir, o sea la transmisión de las propiedades se va a parar; personas privadas de su libertad no se les va a definir su situación jurídica; personas que están reclamando una reparación del daño y no va a ser posible porque no va a haber un tribunal que lo atienda, es un principio de un colapso”, afirmó.Por su parte, Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, explicó que habrá una saturación en el sistema de justicia y recordó que al menos en Jalisco, hay actividad importante de resolución y atención de recursos legales. Por ello, mencionó que las afectaciones no solo se dan para las personas comunes, sino para empresas y otras organizaciones que tienen pendientes juicios.“Se tienen que resolver y por eso ahí el tema de la urgencia esperemos para que esos asuntos no se detengan y que sí afectan al ciudadano de a pie, al ciudadano normal porque si un juicio de amparo va a tardar en resolverse, por supuesto que genera una afectación no solo a empresas, sino a los negocios, también a personas como decimos de carne y hueso”.Soto Morales no estima cuál podría ser la afectación en cuanto a rezago que se puede generar en la resolución de asuntos por el paro indefinido, pero Adolfo Gámez sí detalló una numeralia aproximada de los casos que son atendidos en distintas materias por parte de juzgados todos los días: por ejemplo, en materia civil, un juzgado recibe aproximadamente 900 asuntos al año, alrededor de tres o cuatro diarios. En materia familiar, estima la recepción de tres mil asuntos, mientras que en materia administrativa se reciben alrededor de dos mil amparos de forma anual; descartó que vayan a funcionar las guardias establecidas, al señalar que “las guardias no te alcanzan para el número de asuntos que se manejan”. Esto se sumaría al rezago que hay en materia de resolución que se acumuló tras la pandemia de COVID-19: “Son miles de amparos, miles de asuntos, de carpetas de investigación, de todo, pues que se van a acumular al rezago que teníamos”.
