La elección de más de mil jueces y magistrados se llevará a cabo en dos etapas, según explicó la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. La primera etapa está programada para el 1 de junio de 2025, cuando se celebrarán votaciones populares para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y a jueces y magistrados tanto federales como de algunos Estados. La segunda etapa tendrá lugar en 2027, donde se votará por el resto de los jueces.Para hacer posible este proceso, el Gobierno de Sheinbaum ha enviado al Congreso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Según Godoy, con estas modificaciones se busca asegurar que la elección de los jueces se realice con “legalidad”, “imparcialidad” y “transparencia”. “Queremos que el proceso sea completamente claro para los ciudadanos, que cada voto cuente y sea respetado”, declaró la consejera jurídica.En Jalisco, que comprende el Tercer Circuito del Poder Judicial Federal, por ejemplo, se estima que un total de 330 candidatos aparecerán en las boletas el 1 de junio de 2025, de acuerdo con Hamlet García, coordinador de asesores de Morena en el Senado de la República. “En números redondos, puedes hablar de un poco más de 110 jueces y magistrados en el estado. Entonces, estaríamos hablando de 55 cargos que se renovarán. Si cada Poder de la Unión nomina dos candidaturas por cada cargo, eso daría un total de seis nominaciones por cada uno de los 55 cargos, lo que suma 330 candidatos a jueces y magistrados en Jalisco”, explicó García.Para garantizar la transparencia del proceso, se han establecido comités evaluadores en cada uno de los Poderes del Estado. Estos comités se encargarán de revisar y seleccionar a los candidatos que competirán por los cargos judiciales vacantes. El exdiputado federal destacó que la conformación de estos comités y la publicidad que se le está dando al proceso son elementos claves para asegurar que las elecciones sean justas y transparentes. “Los integrantes de los comités serán elegidos de manera libre por cada uno de los Poderes de la Unión, lo que garantiza que no habrá favoritismos ni influencias indebidas en la selección de los jueces”, aseguró.Al recibir de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el Pleno de la Cámara Alta desahogará los dictámenes mañana.En el acto de recepción de las propuestas del Poder Ejecutivo, Fernández Noroña informó que las turnará de inmediato a las comisiones respectivas. “Esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones del Pleno de abordarlas, pues son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025”, apuntó.Por su parte, la secretaria de Gobernación destacó que la reforma constitucional al Poder Judicial representa una nueva realidad en la que los tres Poderes de la Unión son electos por el voto popular y subrayó que “estamos, hoy, frente a esta gran oportunidad de hacer historia al participar en la construcción de una nueva estructura de impartidoras e impartidores de justicia en México”.“La ciudadanía ha expresado reiteradamente su anhelo de tener justicia, y ello es posible. Debemos respetar su voluntad facilitando todos los medios para que se materialice la autonomía e independencia del Poder Judicial”, enfatizó.Rosa Icela Rodríguez detalló que las dos iniciativas entregadas contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país. “En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos. Las propuestas legislativas que hoy ponemos a su consideración regulan con claridad y certidumbre la preparación, la realización, y la validación del proceso”.Afirmó que en el ánimo “irrestricto” de procurar equidad y respeto a los derechos de los participantes, también se propone la modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. SUN16 de octubre de 2024: El Senado de la República emitirá la convocatoria general dirigida a los tres Poderes de la Unión. 31 de octubre de 2024: Instalación de los Comités de Evaluación encargados de seleccionar a los candidatos.4 de noviembre de 2024: Publicación de las convocatorias para la ciudadanía interesada en participar. 24 de noviembre de 2024: Inicio del proceso de inscripción para los aspirantes a los cargos judiciales.15 de diciembre de 2024: Los Comités de Evaluación verificarán los requisitos de elegibilidad, revisando los documentos de los aspirantes. 31 de enero de 2025: Los Comités llevarán a cabo entrevistas públicas y seleccionarán a los finalistas idóneos. 4 de febrero de 2025: Los Poderes de la Unión determinarán la conformidad de los finalistas y devolverán los listados a los Comités. 5 de febrero de 2025: Los Comités insacularán y depurarán los listados definitivos y los remitirán nuevamente a los Poderes. 7 de febrero de 2025: Los Poderes de la Unión aprobarán los listados depurados y los enviarán al Senado. 12 de febrero de 2025: El Senado integrará, revisará y enviará los listados finales al Instituto Nacional Electoral (INE).El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declare la invalidez de las suspensiones emitidas por varios jueces para frenar el proceso de elección de jueces. El INE interpuso un recurso para que se determine la incompetencia de los juzgados que otorgaron suspensiones para que no siga el proceso electoral derivado de la reforma judicial.El expediente contra diversos jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, identificado como SUP-AG-209/2024, fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien debe presentar un proyecto de resolución en los próximos días.Este recurso ante el TEPJF se presenta luego de que políticos de Morena, como el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández, piden al INE ignorar las resoluciones judiciales que le ordenan detener la organización del proceso elección de jueces, magistrados y ministros que manda la reforma judicial.LA VOZ DEL EXPERTOHéctor Ruiz, investigador de Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara.Luego de que en las iniciativas secundarias a la reforma al Poder Judicial se estableciera que cada uno de los Poderes de la Unión contará con un comité evaluador que seleccionará a los candidatos para los puestos judiciales vacantes, Héctor Ruiz, profesor investigador de Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara, mencionó que la integración de estos organismos es un tema pendiente, pues no se especifica quién formará parte de éstos.“Todavía no queda claro cuáles van a ser las reglas, en forma de crítica constructiva, o cómo es que se van a integrar estos comités de evaluación. Se maneja de manera muy escueta que serán cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica y observando la paridad de género, pero no establece quién, cómo, qué tipo de votación, o qué se entiende por prestigio”, comentó.El académico señaló que los parámetros de honestidad y “buena reputación” que establecen las iniciativas no pueden ser medidos objetivamente, sin embargo, consideró que el candidato será considerado honesto hasta que se demuestre lo contrario. “Es difícil comprobar la honestidad. Desde el punto de vista jurídico, pues que no haya sido sancionado o procesado penalmente, o sentenciado, o acusado de algún acto de corrupción”.Rubén Ortega Montes, profesor del departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario de la Ciénega de la UdeG.Tras el envío de las dos iniciativas para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia Electoral al Poder Legislativo, Rubén Ortega Montes, profesor del departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario Ciénega de la Universidad de Guadalajara, mencionó que en ambas existen vacíos que aún no han sido respondidos, tales como los comités de cada Poder del Estado y la corrupción.“Es un vacío total, es una artimaña para que los grupos del poder, grupos gobernantes, grupos dentro del propio poder, sean los que, en un momento determinado, decidan entre todos los que se anoten quiénes van a ser los candidatos. Pero esto estaría más manipulado que las propias elecciones […]. Nos dijeron que la corrupción se barría de arriba hacia abajo y lo que mostró la realidad es que nunca logró barrerse la corrupción”, agregó.El académico mencionó que ahora la ciudadanía tendrá que depender de la “buena fe” de los integrantes de los comités y los candidatos a los puestos judiciales. “Son medidas populistas que una vez que estén llevadas a cabo a través de estas reformas y la elección que llegué a haber va a ser muy complicado el poder blindar de corrupción a jueces que van a ser pertenecientes a un partido. No va a haber ninguna división de poderes”.
