Las leyes secundarias de la reforma educativa aprobadas por el Senado otorgan más facultades al Gobierno federal, advierten expertos en la materia, pues consideran que hay una centralización del sistema educativo.Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, destaca que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá más atribuciones que las dependencias estatales. “No nos conviene en nada porque somos un Estado responsable, queremos mejorar, tenemos un sindicato más positivo que el de otras Entidades”.Argumenta que se requiere mayor autonomía curricular, de gestión y presupuestal.Antonio Ramírez Díaz, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que en las leyes reglamentarias del Sistema para la Carrera de los Maestros y la de Mejora Continua, tanto la planeación como la orientación del gasto están concentradas en la Federación. Señala que esto obedece, en gran medida, a los problemas de corrupción que se han presentado en las Entidades, por ejemplo, en el otorgamiento de plazas.Juan Carlos Silas, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidentes (ITESO), reconoce que sí hay regreso al centralismo.Los temas que causaron más polémica en este paquete de leyes son la participación de las representaciones sindicales en la asignación de plazas, la preferencia que se dará a los normalistas para ocupar los espacios vacantes y la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed). Ahora los Comités Escolares recibirán también recursos para la mejora de los planteles.Tras la aprobación de las leyes, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, afirmó que permitirán acabar con el “huachicol educativo”, pues se combatirá la corrupción y el abuso al magisterio.El personal docente que trabaje en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, tendrán sueldos superiores a quienes laboren en las ciudades. Esto debido a la creación del programa de promoción horizontal, en la que los maestros podrán acceder a incentivos económicos sin necesidad de cambiar de función.Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En éste se puntualiza que los docentes conservarán los estímulos salariales siempre y cuando permanezcan en esas zonas de trabajo, las cuales serán determinadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).En el país, el sueldo promedio mensual de un maestro es de 21 mil 144 pesos. Sin embargo, los docentes de escuelas indígenas ganan 25% menos con respecto a los de las escuelas públicas generales, de acuerdo a un diagnóstico elaborado por Mexicanos Primero. En julio pasado y durante la campaña electoral, el Presidente Andrés Manuel López había adelantado la posibilidad de que los docentes, al igual que los médicos, ganen más en las zonas rurales.Antonio Ramírez Díaz, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), comentó que las leyes tienen un carácter social, con énfasis en la atención de grupos vulnerables a quienes se les dificulta el acceso a la educación.“Me parece que es bueno el punto, nada más que aquí volvería a insistir: esto es lo que nos dicen las leyes, pero digamos, habría que hacerlo efectivo y operativo para que realmente llegara ese estímulo a los maestros que les corresponda”.Agregó que esta estrategia se suma a otro de los temas que han generado mayores críticas en la elaboración de las leyes secundarias, ya que en los procesos para asignar nuevas plazas se dará preferencia a los maestros egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y de los Centros de Actualización del Magisterio.El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destacó que los pases se darán en automático para mejorar la calidad de la educación de las zonas marginadas.Juan Carlos Silas, coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación del ITESO, declaró que también se le debería dar prioridad a las normales privadas.“Éstas hicieron exactamente lo mismo (que las públicas), es decir: los alumnos tuvieron que pasar los exámenes de selección, tuvieron que cursar las experiencias formativas y todo esto está avalado también por el Estado”.Consideró que para fortalecer a las normales, es preferible mejorar sus planes de estudio, asignarles más dinero, darles infraestructura, contratar más maestros y darles tiempo a los profesores para que investiguen.Por su parte, Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero en Jalisco, declaró que este tipo de desigualdades podrían atenderse en la armonización que aprobarán los diputados locales en un plazo máximo de 180 días, posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, consideró que la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa dejaron algunos huecos y riesgos, principalmente en los temas de evaluación y asignación de plazas.Indicó que si no existe un diagnóstico objetivo, difícilmente se puede conocer lo que hace falta para mejorar. En ese sentido buscarán que la Entidad tenga un esquema de formación docente sólido. Acentuó que han encontrado disposición de los docentes a participar, ya que no le tienen miedo a la evaluación.“Lo que dice la ley es generar un sistema, y en la generación de este sistema, es donde puede estar algún riesgo. Nosotros lo vemos como la oportunidad de trabajar en lo que le convenga a los niños: maestros que tengan vocación y la disposición a ser evaluados para saber qué les hace falta en su formación”.Remarcó que fue un desacierto no darle más autonomía a las Entidades federativas, sobre todo en la selección de los maestros que ingresan al sistema educativo, ya que los procesos de asignación de plazas serán tripartita; es decir, con participación del Gobierno federal, los sindicatos y las dependencias locales.“Hay Estados que están muy preocupados por esto, Jalisco no, porque la relación que tenemos con los profesores es muy buena. Todos están interesados en que el esquema de promoción sea justo, meritorio, y por la buena relación que llevamos con los sindicatos, vamos a determinar criterios justos, pero eso se pudo haber garantizado desde la reforma constitucional y con las leyes reglamentarias”.Afirmó que los líderes y trabajadores de las secciones sindicales 16 y 43 están interesados en que lleguen los mejores maestros y que reciban una buena formación y apoyo para su función educativa. Uno de los temas que más sorpresa generó en el proceso de aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, fue la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), destacó Antonio Ramírez, investigador de la UdeG.En la Ley General de Educación que sustituye a la Ley de Infraestructura Física Educativa, se contempla que los Comités Escolares de Administración Participativa, conformados por personal docente y padres de familia, recibirán presupuesto anual para mejorar las condiciones de los centros escolares.El investigador subrayó que la intención es continuar la línea de combate a la corrupción del actual Gobierno federal, pues el fin es que llegue el dinero de manera directa a las personas.Sin embargo, señaló que esto podría traer complicaciones. “Es decir, va a ser una instancia que requiere tener un conocimiento de leyes, deberá tener también conocimientos de lineamientos, de estudios, de proyectos, de obras, de supervisión de obras, de seguimiento técnico administrativo de la construcción. Esta serie de conocimientos, pues no las tienen”.Por su parte, Juan Carlos Silas, académico del ITESO, dijo que algunas voces señalan que esto podría ser un “desastre”. “Porque en realidad el compadre Pedro va a invitar al compadre Manuel a que sea él el que haga la construcción del salón…, claro que existe un riesgo, pero esperemos a que se presente el riesgo y luego lo solucionamos. Es una jugada que a todos nos sorprendió”.Paulina Hernández añadió que se pretende que todas las escuelas reciban la misma cantidad de recursos para llevar a cabo mejoras. La cifra que se maneja, detalló, es de 100 mil pesos. “Serán insuficientes”. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presumió que con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa terminarán con el “huachicol” educativo, en referencia a la asignación de plazas de maestros.“Por fin tenemos esta caja transparente para el manejo no sólo de las plazas, sino para el manejo de muchos trámites que tanto maestras y maestros decían que eran causa de extorsión, que les exigía la autoridad educativa o los propios sindicatos a cambio de favores o dinero”.Recalcó que el objetivo es eliminar la corrupción en el sector educativo, por lo que garantizan un sistema totalmente transparente en resultados para admisión, promoción y reconocimiento a través de un acto público.“Cualquiera puede ir, sobre todo los involucrados. Esto quiere decir que quien aplica por una promoción va a poder estar en el momento en que se señale quiénes obtienen la promoción”.Subrayó que esa mesa estará formada por personal de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación local, y la representación sindical.“Una de las razones para solicitar este tipo de favores era, por ejemplo, la transferencia de un lugar a otro dentro de un Estado. Eso también va a estar regulado, y nos va a permitir algo que no existía y es una intervención de la Secretaría de Educación Pública para que esto no se dé a nivel local, sino dentro de un sistema”.Acerca de los señalamientos en contra de grupos que afirman que esto significa que las plazas se las dieron a los sindicatos, pidió a la población revisar las leyes para que comprueben que no es verdad.La reforma aprobada contiene tres leyes para complementar los cambios que tuvo el Artículo 3 Constitucional: la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Ley para la Mejora Continua de la Educación.A pesar de que el titular de la SEP rechazó que a través de las leyes reglamentarias se haya cedido el control de la asignación de plazas a las representaciones sindicales , los expertos comentaron que se corre el riesgo de que esto suceda.La directora de Mexicanos Primero recordó que en el artículo 39 de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros, se puntualiza que los procesos de selección se harán bajo una participación tripartita.“Pone al nivel de las autoridades estatales a estas representaciones. En esta mesa tripartita se va a tomar en cuenta quiénes ingresan y obtendrán cargos, así como los cambios de adscripción, entre otros. Sí es como darles poder nuevamente de decisión en los procesos. Para nosotros sí es un retroceso”, señaló.Antonio Ramírez, académico de la UdeG, coincidió que al incorporarlos a la mesa de negociación, las representaciones sindicales adquieren más poder, “o retoman parte del poder que tenían antes de la reforma de Enrique Peña”.Pese a esto, comentó que se deberán vigilar los procesos para conocer quiénes obtuvieron las plazas, “para luego poder definir si el mecanismo que han establecido fue adecuado o no. No lo veo tan mal porque sabemos que los gremios son muy fuertes”. Ley General de EducaciónLey General del Sistema para la Carrera de las Maestras y MaestrosLey para la Mejora Continua de la Educación
