López Obrador analiza la iniciativa para que las secretarías absorban a organismos autónomos, lo que significaría un retroceso, advierten expertos. Coinciden en revisar el gasto, pero sin desaparecer la autonomía de 11 de estas instancias, como el Instituto Nacional de Transparencia. Cynthia Cantero, coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, recuerda que gracias a las reformas, los inconformes con las resoluciones pueden presentar recursos de revisión. Antes no era obligatorio.El periodista Sergio Rincón añade que el Instituto de Transparencia es fundamental para exhibir a gobiernos corruptos.En el Senado, las fracciones opositoras arman un bloque para frenar la iniciativa.LOS CAMBIOSPara desaparecer los órganos autónomos y reguladores en materia de energía, el Congreso de la Unión debe modificar la Constitución federal. Es necesario que dos terceras partes de los legisladores voten a favor de los cambios, por lo que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes.Además, tras el aval del Congreso de la Unión, se requiere de la aprobación de 17 Congresos estatales, cuando menos.En la conferencia mañanera del pasado 7 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que el lunes 11 presentaría a su gabinete una propuesta para que cada secretaría “absorba” las funciones de los organismos autónomos.“Ya que tengamos todo podremos presentar las reformas legales. Y que haya debate, como fue con los fideicomisos”.Refirió que un problema es que los titulares de los organismos autónomos no ajustan sus salarios al argumentar su autonomía, incluso algunos ganan más que el Presidente. “Eso se buscará corregir, como otras cosas. Vamos a hacer esta revisión de todos estos aparatos burocráticos y todo con el propósito de ahorrar”.Dijo que, por ejemplo, el IFT podría pertenecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras el Inai pasar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción.Con esa medida, comentó, ahorrarían entre 10 mil y 20 mil millones de pesos. “Sí vamos a ajustar, respetando a los trabajadores”.Uno de los argumentos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para absorber a los órganos autónomos federales es que muchos comisionados utilizan la “autonomía” para mantener sus salarios millonarios.Actualmente, los titulares que ganan más que el Presidente son Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto Nacional Electoral (INE); Julio Alfonso Santaella, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); Alejandra Palacios Prieto, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Adolfo Cuevas Teja, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como Alejandro Díaz de León Carrillo, del Banco de México (Banxico). Este último con un salario de 247 mil 964 pesos netos mensuales, que incluso duplica el salario de AMLO, que es de 111 mil 865 pesos, de acuerdo con los sueldos publicados en la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).Y eso sin contar con los ingresos adicionales, como el caso de Lorenzo Córdova Vianello, que por “compensación garantizada” recibe otros 146 mil 327 pesos al mes, o los aguinaldos de más de 253 mil pesos, como el de Julio Alfonso Santaella.El maestro Joaquín Monroy Cárdenas, profesor de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara Virtual, considera que el Presidente debería impulsar que en estos órganos se garantice el servicio civil de carrera, lo que reduciría los costos y aumentaría la competencia de las instituciones, más allá de volverlos a centralizar.“Hay que revisar cómo se designan esos funcionarios, allí hay materia para perfeccionar, ya que las leyes por sí mismas no garantizan derechos”.Sin embargo, recalca que la reciente autonomía brindada a organismos como el IFT o el Inai ha dado frutos medibles, como una mayor competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, que se traduce en mejores precios para los consumidores, o en investigaciones periodísticas de valor, como La Estafa Maestra.“Tienen la gracia de que sus decisiones directivas son tomadas en un colegio, es una variable que explica el desarrollo que ha tenido México para acceder a la transparencia”.A través de un comunicado, la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce en México comunicó que el Ejecutivo federal tiene maneras de influir políticamente en los nombramientos, como los que actualmente están en proceso, pero pide hacerlo dentro del orden constitucional y con fundamentos técnicos.También recordó que la Cofece ha supervisado las concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos. Y logró beneficios por la aplicación de la ley por 20.5 millones de pesos y ha impuesto multas por seis mil millones.Por otro lado, remarcó que gracias al IFT se han reducido los precios de los servicios de las telecomunicaciones en 27%, y en el caso de los servicios móviles hasta 44%, lo que implican ahorros por más de 425 mil millones de pesos para los consumidores.Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia.El Instituto Nacional de Transparencia (Inai) tiene una plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar todo lo que producen o resguardan las instituciones públicas de México, y es también el medio para solicitarles información.El periodista Sergio Rincón remarca que gracias a esta herramienta se puede evaluar si lo que dicen los funcionarios es verdad, y no solamente hacer notas con declaraciones.“Podemos acceder a la información financiera, saber cuánto está ganando un funcionario o sus declaraciones patrimoniales. También cuánto gasta el Presidente en sus comisiones de viajes, entre otras cuestiones. Es algo que se ha ido perfeccionando y es valioso para el periodismo”.Comparte que, para elaborar el reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya” se realizaron más de cuatro mil 500 solicitudes de información, aunque sólo utilizaron mil 500. “Es información que no te va a dar cualquier funcionario… en lo que nos ayuda el Inai es para hacer un periodismo no sólo declarativo, sino que se compruebe con documentos”.Sin embargo, señala que hace falta que el instituto corrija algunas deficiencias, como los problemas con el servidor de la plataforma, o que tenga más “dientes” para obligar a que los sujetos obligados brinden los datos.Detalla que cada administración presenta obstáculos para negar la información, pero varios periodistas de investigación han notado que actualmente tienden a declarar como inexistente la información, sin que se vote para ello. “Este Gobierno se está saltando la ley, porque dice que tienes que hacer esa asamblea para clasificar lo inexistente. En muchos casos, como contratos, los periodistas se han ido a juicios. Es una tendencia de este Gobierno, por eso es tan importante el Inai, porque es un contrapeso”.ALERTAN ANTE REFORMACynthia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), subraya que el Inai es el coordinador del sistema nacional, donde se determina la política en la materia. “Esto ha permitido que se ejerza homogéneamente el acceso a la información en todo el país, con más de ocho mil autoridades, y no solamente es garantizar el acceso a la información del Poder Ejecutivo en el ámbito federal... el carácter de órgano autónomo lo que permite es que se pueda dar seguimiento a la implementación de una política nacional”.La también coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia explica que antes de la reforma para que el Inai fuera autónomo, éste dependía del Poder Ejecutivo, por lo que cada Entidad decidía los mecanismos al acceso a la información, lo que arrojaba que cumplieran de forma desigual.“Se tendría que reformar la Constitución, quitarle que fuera un órgano nacional, y tendría que desaparecer incluso el sistema nacional. Es desaparecer toda una estructura operativa… no es solamente es desaparecer una institución, sino modificar atribuciones y funciones que actualmente todos tenemos completamente vinculantes con el Inai”.En Jalisco, la afectación es que los ciudadanos no podrían acudir a una segunda instancia en caso de que les restrinjan el acceso a los datos.Rubén Alonso González, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en su Capítulo Jalisco, califica como “aberrante” la posibilidad de quitar la autonomía a los organismos señalados por el Presidente. Por ejemplo, menciona que la posibilidad de que el Inai pasara a formar parte de la Secretaría de la Función Pública no cuadra en las atribuciones o la finalidad de esta dependencia, ya que se trata de un órgano interno de control de la administración pública federal y su naturaleza, finalidad y función es ser un órgano de control al interior.“El Inai está para garantizar y promover el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, y la protección de datos personales, no de los servidores públicos. Perdemos un organismo para garantizar nuestros derechos. El derecho a la información es una obligación en los servidores públicos… y en los ciudadanos es un derecho”.Por otro lado, remarca que si el principal argumento del Presidente es el tema del gasto o de un ejercicio indebido de los recursos, es lo que se debe cuestionar, pero no la naturaleza de los organismos.“Sería una buena llamada a que los organismos revisen el gasto y lo dediquen a las tareas más sustantivas. Deben enviar señales de austeridad en aquello que no es sustantivo. A veces, la lógica presidencial es que si ve una rama podrida quiere cortar todo el árbol, en lugar de podar la rama. Pero los propios organismos pueden hacer este ejercicio y que la gente perciba, vea y constate que hay voluntad de no realizar gastos superfluos, en caso de que sea el problema”.La Amedi mandó un comunicado en el que puntualizó que la autonomía del IFT y el Inai es un logro democrático de actores sociales y académicos.“La autonomía surge porque se reconoce el carácter técnico y especializado de las instituciones para tutelar derechos fundamentales, regular los sectores económicos, atender las asimetrías en los mercados y reducir la discrecionalidad política en la toma de decisiones”.Sigue #Debateinformador¿Avala que el Gobierno absorba al Instituto de Transparencia o INE?Participa en Twitter en el debate del día @informador
