A pesar de la violencia y los pendientes en materia de seguridad, durante el año pasado el Gobierno de Jalisco ejerció sólo cuatro mil 325 millones de pesos (MDP) a través de la Secretaría de Seguridad Pública (incluye a la Policía Vial), cuando tenía etiquetados cinco mil 154 (MDP) por parte del Congreso del Estado, según el Censo Nacional de Gobierno y Seguridad 2020 del Inegi.

Mientras se dejaron de ejercer esos recursos, Jalisco se convirtió en la Entidad con más fosas clandestinas en el país y con el mayor número de desaparecidos en la actual administración, de acuerdo con el Gobierno federal. Además, durante el año pasado el Estado registró el mayor número de delitos no denunciados y no investigados.

La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado confirma que, al 31 de diciembre pasado, en la Secretaría de Seguridad se pagaron o ejercieron cuatro mil 321 MDP en todos los rubros: servicios personales, materiales, servicios generales e inversión pública, entre otros.

Durante su tercer informe, el gobernador aseguró que el presupuesto en seguridad se incrementó, pero no desglosó el gasto entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General, Ciencias Forenses y la Coordinación General de Seguridad.

Este año, la Secretaría de Seguridad tiene una asignación inicial de cinco mil 076 MDP, pero ya se aplicó un ajuste y quedó en cuatro mil 679 MDP, según la Secretaría de la Hacienda estatal.

Reportan menos agentes

• El año pasado, Jalisco reportó un total de cuatro mil 940 elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública estatal (donde se incluye a la Policía Vial),  lo que significó menos uniformados con respecto a los de 2019 (cinco mil 470), según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario.
• En este estudio se reporta también que el aseguramiento de armas por parte de la  Policía estatal se redujo durante el año pasado en Jalisco. 
• Mientras en 2019 se aseguraron nueve mil 979 armas largas, cortas y municiones, durante 2020 bajó a cuatro mil 142.

Policía estatal, rezagada en detenidos enviados al MP

La Policía de Jalisco está  entre las últimas del país en el número de personas puestas a disposición ante el Ministerio Público (MP), tras presuntamente cometer un delito. Durante el año pasado se realizaron mil 651 casos, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2020 del Inegi.

Según los datos revelados en este estudio, las corporaciones de 20 Entidades reportaron mejores números que la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Las que registraron más puestas a disposición del MP fueron las de la Ciudad de México, Estado de México y Yucatán.

En Jalisco, los principales delitos reportados fueron la posesión, comercio o suministro de narcóticos (711),  seguido por el robo de vehículos (249) y  la portación  ilícita de armas (164).

Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que son números bajos.  “Nos habla de una ineficacia muy preocupante de la Policía que depende del Ejecutivo estatal, porque ni siquiera una detención por policía es puesta a disposición del Ministerio Público. Esto me parece preocupante porque no se justifica con el gasto enorme que tiene la Policía estatal”.

En el censo se puntualiza que la puesta a disposición se refiere al acto documentado en el Informe Policial Homologado,  por medio del cual  los integrantes de las instituciones policiales realizan la presentación física de personas y objetos derivados de su intervención ante las autoridades competentes, con motivo de la comisión de faltas cívicas y de hechos probablemente delictivos.

El académico recuerda que los elementos no han tenido las capacitaciones suficientes para actuar como primer respondiente.

“No existe un protocolo para que, cuando detengan a una persona,  la pongan en conocimiento inmediato ante el MP para ver si son detenciones legales o ilegales. El problema es que casi todas las detenciones que hace la Policía estatal, el 65%, son ilegales”.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, acepta que persisten las fallas en la implementación del nuevo sistema penal. “Siguen las detenciones ilegales, los autos de no vinculación al proceso por errores en la integración de la carpeta de investigación, pero también porque los jueces no homologan sus criterios”.

Con relación a las puestas a disposición de personas ante el juez cívico u oficial calificador, se reporta que la corporación estatal realizó mil 113 durante el año pasado. La principal falta cívica fue por conducir vehículos en estado de ebriedad o drogados (565).

En 2020, el personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatales del país realizaron 739 mil 456 puestas a disposición de personas, de las cuales  72% fueron ante el juez cívico u oficial calificador; el resto, ante el Ministerio Público.

Fuerza policial nacional

• Al cierre del año pasado, se reportaron 224 mil 923 personas adscritas a las instituciones estatales encargadas de seguridad pública, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2020 del Inegi.
• De acuerdo con el tipo de corporación, 100 mil 500 elementos estaban adscritos a la Policía preventiva.
• Las Entidades que concentraron la mayor parte del personal de seguridad pública fueron Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, con más de la mitad del total nacional.
• Además, cerca de la mitad de los elementos percibió un ingreso bruto mensual de entre 10 mil y 15 mil pesos.
• A nivel nacional, el personal fallecido adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal fue de mil 449. La principal causa de defunción fue por causas naturales. El personal que se reportó fallecido por el nuevo coronavirus fue de 782.
• De las prestaciones laborales que recibió el personal, el aguinaldo, la prima vacacional y las vacaciones destacan como las de mayor frecuencia (ocho de cada 10). “En cambio, becas escolares para hijos, ahorro solidario y apoyos para familiares de elementos caídos en cumplimiento de su deber fueron las prestaciones de menor frecuencia”.

CLAVES

En videovigilancia, por debajo de Ciudad de México y Estado de México

Cámaras. Aunque Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de cámaras de videovigilancia en funcionamiento, con cinco mil 946 equipos, se encuentra por debajo de la Ciudad de México (63 mil 191) y del Estado de México (19 mil 692) en infraestructura instalada para prevenir y combatir hechos delictivos.

Fallas. En marzo pasado, vía Transparencia, se reportó que en total se cuenta con seis mil 340 equipos. Lo anterior significa que el resto estaba fuera de operación al momento en que se brindó la información al Inegi. Las fallas de las cámaras quedaron en evidencia tras algunos hechos de violencia registrados en la metrópoli, debido a que no se tenían imágenes que permitieran la captura de los agresores.

Investigación. Pese a que el Estado entregó el número de cámaras instaladas, no otorgó al Inegi  la información de los videos que fueron entregados para fines de alguna investigación.

Solicitudes. Esta casa editorial informó que en el segundo informe de la actual administración estatal, se reportó que entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, el C5 recibió seis mil 533 solicitudes de videovigilancia, de las cuales no fue posible atender dos mil 187 porque “no existía cámara en los puntos o el tiempo de almacenamiento de la grabación había expirado”.

Llamadas. Del total de llamadas de emergencia que recibió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el año pasado a través de los números 911, 089 y otros, casi ocho de cada 10 resultaron falsas.

Casos. Durante el año pasado se recibieron un total de tres millones 690 mil llamadas en estos números en Jalisco, pero sólo en 897 mil 146 casos fueron reales; es decir, ocurrió algún hecho delictivo, de protección civil o de asistencia médica que requería el apoyo de los elementos de la corporación, según el Inegi.

Promedio. Los datos de la Entidad se ubican por arriba del promedio nacional. Se reporta que las instituciones de seguridad pública de las Entidades recibieron 68.1 millones de llamadas a través de los sistemas telefónicos de emergencias, de las cuales siete de cada 10 resultaron improcedentes. Las Entidades que recibieron la mayor cantidad de llamadas procedentes fueron la Ciudad de México y Nuevo León.

Atenciones. En el caso de Jalisco, de las llamadas recibidas en el 911, la mayoría obedeció a los actos relacionados con la vida y la integridad personal (más de 159 mil).

GUÍA

Sobrecarga laboral en los Ministerios Públicos

• De acuerdo con un estudio del Inegi, los agentes del Ministerio Público (MP) de Jalisco tienen una carga de 481 carpetas de investigación al año cada uno, colocando al Estado en la sexta posición nacional. Les asignan 1.3 investigaciones de delitos del fuero común al día (entre homicidios, robos, extorsiones, fraudes y violaciones, entre otros).
• ¿Cuánto tarda en concluirse una carpeta de investigación? Jorge Tejada, académico del ITESO, explica: “Cuando hay una investigación sin detenido, se tardan entre uno y tres meses en promedio solamente en los trámites de recepción de denuncias, escritos… en recibir las acreditaciones de abogados”.
• Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, añade que si un delito es de uno a dos años de pena, “la investigación tendrá que durar dos meses como  máximo. Si es mayor de seis años (la pena), entonces serán seis meses, como máximo”. Tanto el MP como el abogado pueden solicitar más tiempo. 
• Para dimensionar la carga laboral en Jalisco, en Michoacán o Chihuahua el promedio de casos que se asignan a los agentes es cuatro veces menor: 107 y 114 carpetas de investigación para cada uno al año, respectivamente.
• Para auxiliar a los agentes del MP en la búsqueda y obtención de indicios para el esclarecimiento de los delitos, se cuenta con los servicios periciales, que actúan bajo la  conducción y mando de los agentes ministeriales. En promedio, en el país hay cinco peritos por cada 10 agentes del Ministerio Público, pero la Fiscalía de Jalisco no proporcionó datos porque estas funciones “no se encontraban” a su cargo. El argumento es que esa información la tiene Ciencias Forenses, por lo que fue la única Entidad que no se coordinó para entregar los datos completos.
• Entre enero de 2019 y agosto pasado, la Fiscalía de Jalisco envió 338 mil carpetas de investigación al archivo. La saturación es una de las explicaciones del rezago.

Aumentan enfrentamientos; registran 13 el año pasado

Mientras circulaban en el fraccionamiento Real del Valle de Tlajomulco, en febrero del año pasado, policías estatales fueron agredidos por civiles armados resultando heridos. Tras el enfrentamiento, los agresores se robaron la patrulla para escapar del lugar.

Posteriormente se montó un operativo que logró ubicar a la unidad abandonada en la colonia Guayabitos, cerca del Periférico.

Durante el año pasado, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron 13 enfrentamientos, cuatro más que los ocurridos en 2019, según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2020 del Inegi.

Éstos dejaron como saldo tres civiles armados muertos, nueve lesionados y nueve detenidos.

De acuerdo con los datos del Inegi, en 2020 se registraron 716 enfrentamientos en los que participaron elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública de los Estados. “El total de enfrentamientos indica que hubo un aumento del 110.6% en comparación con 2019”.

En el estudio elaborado por el instituto no reportan policías de Jalisco fallecidos en los mismos. Sin embargo, en abril de este año, durante un enfrentamiento ocurrido en la colonia Jardines de la Rivera, en Tepatitlán de Morelos, en el que elementos de la corporación estatal fueron atacados por civiles armados, dejó como saldo un uniformado muerto y dos más lesionados, según lo reportaron las autoridades.

Abren procesos por abuso de autoridad

Por abuso de autoridad y actos indebidos, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene 20 carpetas abiertas contra  policías, informó el titular  Gerardo de la Cruz.

“No es únicamente en la zona metropolitana, sino en otros municipios. Las vinculaciones se han logrado desde inicios de 2020”.

Explicó que de los 900 procesos abiertos en total por la Fiscalía Anticorrupción, por lo menos 100 corresponden a elementos de seguridad pública.

Reportó que se logró vincular a proceso a dos policías tapatíos que intentaron extorsionar a un hombre señalado por robar en una tienda departamental en junio del año pasado.  

“Es una conducta que no se ha logrado abatir, de allí que tengamos un gran número de policías vinculados a proceso”.

El Código Penal de Jalisco establece que comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría, que incurra en casos posibles. Por ejemplo, “cuando obtenga de un subalterno parte o todo el sueldo de éste, le exija dádivas u otro servicio indebido, cuando aproveche el poder y autoridad propia del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer, indebidamente, algún interés propio o de cualquiera otra persona, que no sea de orden económico”.

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