Jalisco está entre los Estados con más violencia y se demuestra en las estadísticas de desaparecidos, las fosas clandestinas y los asesinatos. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad de Jalisco acumula rezagos por falta de capacitación en los protocolos de actuación, detenciones ilegales, pendientes en las evaluaciones de control y confianza, así como la reducción del presupuesto.En el último Informe del Modelo Óptimo de la Función Policial se reveló que, de seis protocolos mínimos de actuación, sólo dos de cada 10 elementos cumplían con éstos (de un total de cuatro mil 776 agentes).La ley mandata que la Secretaría debe prevenir, reducir la comisión de delitos y conductas violentas a través de una política con respeto a los derechos humanos y el abatimiento de la impunidad. Y su trabajo es clave para que el Ministerio Público arme una carpeta de investigación sin omisiones ni errores.Anuar García, coordinador de México SOS Capítulo Jalisco, subraya que faltan recursos a la Policía Estatal para mejorar su desempeño. “Tienen graves problemas de equipamiento, de presupuesto”.Para este año, la Secretaría cuenta con cinco mil 131 millones de pesos, por debajo de los etiquetados en 2020 (hace dos años quedaron 829 millones sin gastarse).En el estudio “Hallazgos”, de México Evalúa, se destaca que el policía como primer respondiente tiene una función esencial dentro del sistema penal acusatorio, ya que está facultado para realizar detenciones en flagrancia y poner al detenido a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, tres de cada 10 aprehensiones en la Entidad son calificadas como ilegales por los jueces de control.Anuar García añade que la mayoría cuenta con la certificación única policial y evaluaciones de control y confianza (uno de cada 10 reprueba estos exámenes). Según la estadística oficial, un promedio de 200 policías tomó diferentes cursos sobre protocolos de primer respondiente, prevención y reacción, violencia de género, atención a víctimas y grupos vulnerables, entre otros.Se solicitó entrevista a la dependencia, pero no respondió. Aunque los jaliscienses están poco familiarizados con el sistema de justicia penal, ocho de cada 10 tiene un nivel de conocimiento de casi todas las instituciones que forman parte del mismo. Las menos confiables son las policías municipales y estatal, con 36% y 41%, respectivamente, según datos del reporte “Hallazgos desde lo local: Jalisco, una evaluación integral del sistema de justicia penal”, elaborado por México Evalúa. En el documento se informa que las instituciones que generan mayor confianza en la Entidad son la Marina y el Ejército, con promedios por arriba del 60 por ciento. “En general, el nivel de confianza en las instituciones de justicia es muy bajo en Jalisco”. Este se ubica en 49 puntos, por debajo de la media nacional que es de 52%, según la encuesta desarrollada entre la población. Anna Karolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que éste es uno de los retos a atender en la Entidad, pues el reporte revela que existen dificultades para que las instituciones cumplan con los mínimos para garantizar la transparencia y, si bien algunos cuentan, por ejemplo, con una página web actualizada, no existe un esfuerzo para que se comparta la información de manera efectiva y accesible. “Y esto claramente dificulta los procesos de evaluación del desempeño de las instituciones y los procesos de rendición de cuentas, y refuerza esta lejanía de las instituciones con la sociedad y la desconfianza que constituye un reto enorme para atender”, enfatizó. Por su parte, Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), declaró que el Gobierno estatal debe centrar sus esfuerzos en lograr instituciones capacitadas, fortalecidas y con mayor presupuesto. “Hay todo un reto de las instituciones en la parte de prevención, en los sistemas informativos, en la planeación. Creo que hay un reto fundamental del Congreso del Estado, en abonar en la rendición de cuentas y por supuesto en favorecer la participación ciudadana”.Según el estudio de México Evalúa, Jalisco va lento en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia, apuntó que la Entidad “apenas está alcanzando el nivel de consolidación esperado de 2016”.GUÍAANÁLISISLuego de que el reporte de México Evalúa revelara que Jalisco apenas está alcanzando el nivel de consolidación del sistema de justicia penal esperado en 2016, Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial en el Estado, indicó que gran parte del problema obedece a la falta de presupuesto. Recordó que cuentan con 21 jueces de control y tres de ejecución, pero cuando asumió el cargo sólo había 14 salas en Puente Grande, lo que provocaba retrasos en las audiencias. Ya se construyeron 10 salas, por lo que cada juzgador cuenta con una. “Me enfrento con otra problemática: no tenemos el número de defensores públicos necesarios para poder desahogar 24 audiencias de manera simultánea”, reconoció. Comentó que a veces sí se encuentra con el juez, el fiscal y el defensor público, pero hacen falta los asesores jurídicos. “Creo que al día de hoy hay cuatro o cinco asesores jurídicos; incluso tienen un sueldo ínfimo de 10 mil pesos al mes. No se le ha dado la importancia a la figura de la asesoría jurídica, lo que trae como consecuencia que muchos jueces digan: ‘pues así voy a celebrar la audiencia sin asesor jurídico’”. Lo anterior, dijo, provoca que se ordene la reposición de procedimientos por la violación al derecho fundamental de contar con asesoría jurídica. Pese a esto, declaró que se ha aumentado el desahogo de audiencias programadas, al pasar de 40 por ciento a 55 por ciento. En el estudio de la organización, se reporta que el Índice de Impunidad Estatal de Jalisco fue de 94.5% para el cierre del 2020. “Con respecto al año anterior, el Estado muestra una disminución, ya que en 2019 el Índice de Impunidad fue de 96.1%”.Pese a que la Entidad avanzó en el ranking de consolidación del Sistema de Justicia Penal, ese año alcanzó apenas un puntaje de 517, frente al estándar mínimo de mil puntos (siendo un estándar ideal, mil 100), registrándose en la posición 13 a nivel nacional. El cruce entre ambos indicadores, coloca a Jalisco entre los Estados en los que los avances en condicionantes no se ven reflejados en una mayor efectividad del sistema de justicia para la atención de los casos que conoce.En Jalisco, la ciudadanía está menos familiarizada con el Sistema de Justicia Penal (SJP), de acuerdo con una encuesta desarrollada como parte del estudio “Hallazgos desde lo local 2020”.“También es el Estado donde menos personas creen que, actualmente, las instituciones de justicia funcionan mejor que hace una década. Jalisco también se encuentra por debajo del promedio nacional en el porcentaje de personas que tienen una buena opinión y confianza en el SJP”, se revela. En la Entidad, sólo el 18% de las personas encuestadas sabe que ya se usa el nuevo proceso de justicia penal. Se ubica también por debajo de la media en el conocimiento de los elementos básicos del proceso penal, por ejemplo, que en caso de sufrir o atestiguar un delito, puede solicitar auxilio directamente con un agente de la policía, que el responsable de investigar un delito es el Ministerio Público, que cualquier persona víctima debe tener acceso a un abogado público o que el juez debe estar presente en todas las audiencias y, que cualquier persona acusada debe tener acceso a un abogado público. Con relación a los derechos de víctimas y personas acusadas, el 62 por ciento cree que no se respetan. De las personas acusadas cuestionadas sobre el tema, los porcentajes son similares, el 61% cree que no.En el índice de impunidad, Jalisco se ubicó en 94.5 puntos; en otras palabras, sólo se castigan 5.5 de cada 100 delitos que se cometen en el Estado.En medio del proceso de designación de Luis Joaquín Méndez Ruiz como fiscal, distintas voces recordaron los compromisos incumplidos durante la primera etapa de la Fiscalía y solicitaron que en lo que resta de la administración se concrete la autonomía y la depuración de la corporación.Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, declaró que no se ha cristalizado ninguno de esos puntos. “Por múltiples razones, incluyendo el COVID-19, nunca se pudo llevar ese plan: buscar autonomía y depurar a la Fiscalía”.Lo anterior, luego de que en junio de 2020 el gobernador señalara que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, tras las desapariciones forzadas de jóvenes por parte de elementos de esa dependencia, ocurridas durante las protestas para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López.Jesús Ibarra, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, recordó que la administración se comprometió a cumplir los 23 puntos de la plataforma “Fiscalía que Sirva”. “Es un ejercicio que plantea una cirugía de fondo a la Fiscalía, que rinda cuentas. Eso tampoco va a ocurrir. No hay avance”.Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, anunció que presentará una iniciativa para concretar las reformas pendientes que den autonomía a la Fiscalía estatal.En el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2021, de la asociación Impunidad Cero, se subraya que la autonomía es un elemento fundamental para el trabajo de las instituciones de procuración de justicia, con el fin de investigar cualquier delito sin importar quién lo haya cometido.La Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado deben revisar la alta proporción de detenciones ilegales en Jalisco y poner controles para evitarlas, concluye el reporte “Hallazgos desde lo local: Jalisco, una evaluación integral del sistema de justicia penal”, elaborado por México Evalúa.Ante las irregularidades en los procesos, de cuatro mil 630 personas imputadas en el proceso penal y que fueron representadas por defensores públicos durante el año 2020 en la Entidad, 32.6% fueron puestos en libertad por clasificarse como ilegal su detención.La organización México Evalúa indica que la planeación de la justicia se concentra a nivel Estatal, pero las instituciones no la utilizan como una herramienta que les ayude a guiar sus esfuerzos. De igual forma, la transparencia y la participación ciudadana se ejecutan de acuerdo con lo estipulado en la ley, pero no se entienden como una herramienta de comunicación con la ciudadanía. También realiza recomendaciones dirigidas a las instituciones involucradas: Seguridad Pública Se solicita a la institución que confirme si es real el dato proporcionado por la defensoría, con relación a los altos porcentajes de detenciones calificadas de ilegales por los jueces de control. “Y, en su caso, es preciso que lo atienda de manera inmediata, pues genera altos costos en tiempo y dinero al celebrar audiencias y realizar detenciones que no tienen posibilidad de proseguir penalmente”. Fiscalía Se recomienda a la dependencia implementar un modelo de gestión que le permita aumentar los casos derivados y resueltos por justicia alternativa. “A fin de que las unidades de investigación puedan realmente enfocarse en los casos prioritarios. Debería también mejorar las revisiones de las detenciones antes de llevarlas al Tribunal, a fin de evitar que sean calificadas como ilegales o no se logre la vinculación a proceso”. Poder Judicial Se propone que esta institución revise y, en su caso, actúe en contra de las detenciones ilegales por parte de seguridad pública, “quizás con conversatorios y/o capacitaciones entre jueces y policías, si la falta de conocimientos es la causa de la mala práctica”.Defensoría Pública La organización señala que la Procuraduría Social y la defensoría que está a su cargo, carecen de muchos elementos básicos para su correcto funcionamiento, como sistema informático, transparencia y servicio profesional de carrera. “La garantía del derecho a una defensa técnica de los imputados requiere que la institución también se fortalezca para poder realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles”.Sigue #DebateInformador¿Qué opina del trabajo de la Policía estatal?Participa en Twitter en el debate del día @informador
