Como parte de sus propuestas de campaña, el candidato del PRI al Gobierno de Jalisco, Miguel Castro, impulsa el programa “Basura cero”, que prevé la inversión de mil millones de pesos para mejorar la gestión de los residuos sólidos.El problema es que una quinta parte de los municipios del Estado sigue sin depositar sus desechos en un relleno sanitario, por lo que se contempla la construcción de una planta de compostaje fuera de la zona metropolitana, que podría ser en la Región Valle o en la Ciénega, así como cuatro plantas de separación y valorización de la basura.Con esta estrategia se estima que la generación de residuos por habitante pueda disminuir hasta 15%, pues actualmente cada jalisciense produce un kilogramo de basura al día. “Tenemos una mala disposición de los desechos y eso genera un impacto ambiental negativo. En todo el Estado hay focos rojos”.El otro eje plantea una reforma a la ley ambiental para fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales, con el objetivo de incentivar la separación de la basura e implementar mecanismos de cobro de los servicios de recolección.Aunque en los últimos años han aumentado las empresas certificadas en el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, pues la cifra pasó de siete acreditaciones en 2013 a 41 empresas el año pasado, hacen falta más incentivos para los giros comerciales e industriales.El recuento es que, en el sexenio, suman 118 empresas “verdes”, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, por lo que el candidato Miguel Castro sugiere reforzar el esquema de incentivos y buscar mecanismos para apoyar a las pequeñas y las medianas empresas.“Se deben incrementar esos estímulos en los mismos temas que están contribuyendo, y deben existir otras alternativas para que todas las empresas, sobre todo las pequeñas, puedan ser estimuladas por parte del Gobierno”.Entre los estímulos que otorga el Gobierno, que pueden reforzarse, destacan la condonación del pago de los derechos en autorizaciones de las etapas de manejo de residuos, opiniones técnicas y evaluaciones en materia de impacto ambiental, evaluación de la cédula de operación anual en materia de emisiones a la atmósfera y exenciones en materia de impacto ambiental.El procedimiento para el cumplimiento ambiental voluntario consiste en una evaluación del estado y desempeño de un establecimiento. Así se evitan sanciones y obtienen los siguientes beneficios: disminución en las emisiones, en el gasto de energía, en las descargas y en los residuos.También existe una eficiencia de recursos, ahorro de insumos, mejora de procesos y baja prioridad de inspección, pues una empresa certificada garantiza que cumple con sus obligaciones ambientales, no sólo con la autoridad estatal sino también con las entidades ambientales competentes a nivel municipal y federal.El sector tequilero, hoteleros, la industria alimenticia y manufacturera destacan entre los que más han respondido a la certificación, aunque también hay empresas pequeñas y restaurantes que se han sumado al compromiso de disminuir las emisiones contaminantes.“Muchos de los programas o apoyos del Gobierno del Estado podrían tener en este tipo de empresas un mayor incentivo para que sean atendidas o beneficiadas con programas verdes, en donde el Gobierno pueda aportar una parte de los recursos económicos a todas las que demuestran el compromiso ambiental”, puntualizó el aspirante.Debido a los resultados favorables de algunas políticas públicas que ha implementado la presente administración, el candidato priista Miguel Castro dará continuidad a proyectos que están por concretarse, como la “bolsa verde”, así como las estrategias emanadas del Programa estatal de residuos.El programa, que entró en vigor en 2017, cuenta con 38 ejes rectores para fortalecer la prevención y gestión integral de los residuos, con la participación de representantes de los diferentes sectores. Se trata del primer plan de manejo que ha tenido la Entidad y que establece diversas acciones en materia de innovación regulatoria, como la “bolsa verde” y la plataforma de trámites digitales que ya opera la Semadet.Entre los avances destaca la publicación de la norma para el manejo de residuos de la construcción, que convierte a Jalisco en la tercera Entidad en regular la disposición de residuos de este sector, además de normas para el manejo de desechos electrónicos y pecuarios. Además, se publicó un nuevo reglamento de la Ley de Gestión Integral de los Residuos, pues el anterior sólo regulaba la etapa de manejo correspondiente al transporte y recolección.“Se debe retomar este programa, es importante que no hagamos borrón y cuenta nueva de lo que ha sido positivo, hay que retomar las mejores prácticas que se han llevado a cabo, pero lo importante es materializarlo”, aseguró Miguel Castro.Respecto a la “bolsa verde”, el candidato a gobernador adelantó que también dará continuidad a la plataforma de internet que pretende lanzar la Semadet este año para que la iniciativa privada pueda intercambiar, vender o comprar desechos para que sean aprovechados o reutilizados como materia prima.Con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos en los rellenos sanitarios e impulsar el potencial de los recicladores, la plataforma permite encontrar alternativas de valorización de los residuos y subproductos que generan, evitar su disposición final y maximizar el uso económico de los mismos. “Se le debe dar continuidad, es importante porque el que tiene la necesidad de un producto podrá localizarlo de manera sencilla y fácil. También el Gobierno podrá tener información de cómo este tipo de mecanismos de comunicación y uso de tecnologías pueden generar mayor beneficio de toma de decisiones entre una empresa que puede utilizar o requerir un producto que para otra empresa es un desecho”.Para vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, Miguel Castro propone incrementar el número de inspectores ambientales y reforzar los programas de capacitación y profesionalización continua.En esta administración, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) ha bajado la guardia en la imposición de sanciones. Las multas cayeron de 253 en el primer año (2013) a 66 en 2016. Y apenas 17 el año pasado.Una de las razones es la falta de inspectores para asegurar que las empresas cumplan con la Ley de Gestión Integral de Residuos y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues existen solamente 14 inspectores en la zona metropolitana y 33 en el resto de las regiones del Estado.“Por lo menos se debe quintuplicar el número de personas a cargo de la supervisión e inyectarle más recursos para que puedan atender todo el Estado”, propone el aspirante a la gubernatura. De esta manera, el número de inspectores aumentaría a 235, con lo que se prevé reducir el número de empresas incumplidas.La otra apuesta es destinar más recursos al rubro de capacitación para fortalecer la supervisión sobre el manejo y disposición final de los residuos de las empresas en la Entidad, pues a decir del candidato, hay un gran número de empresas con malas prácticas en el manejo de residuos.Desde el inicio de la administración hasta abril de 2018, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) atendió, por diferentes vías, dos mil 67 denuncias de delitos ambientales, principalmente por el inadecuado y mal manejo de residuos, quemas a cielo abierto y fauna nociva, así como por la emisión de contaminantes a la atmósfera.Al respecto, Castro asegura que se impulsará mecanismos sencillos y accesibles para que la población denuncie. “Es muy importante que los Gobiernos generen mayor conciencia comunitaria para que la gente pueda quejarse y denunciar a las empresas contaminantes a través de esquemas sencillos”.De acuerdo con la Proepa, cuando se recibe una denuncia se realiza una visita en campo para atender la problemática y dar a conocer al infractor las acciones que están afectando al medio ambiente, aunque atender una denuncia puede tomar entre dos y tres semanas, por lo que la meta es reducir el tiempo de atención para incentivar la participación ciudadana.Las sanciones, según la legislación ambiental en Jalisco, oscilan entre los 20 a 20 mil días de salario mínimo, esto es, hasta 1.2 millones de pesos, que pueden duplicarse en caso de reincidencia.Sanciones por contaminar Miguel Castro afirmó ayer que el impulso al campo y a los productores será una prioridad en su administración. Y le apostará con recursos y tecnología.Durante los 83 días de campaña, el aspirante al Gobierno estatal ya recorrió más de 100 municipios en los que sostuvo reuniones con agricultores, ganaderos y avicultores. Escuchó sus necesidades y problemáticas, pero también firmó compromisos para darles respuesta.“Me he dedicado a escuchar y recopilar los temas que les interesan. Por eso he planteado una agenda de trabajo intenso, porque seré un gobernador que vaya al campo, que visite los ejidos, que te escuche, que te entienda y que te atienda. Seré el gobernador del campo”.Entre las principales propuestas en la agenda están impulsar una reforma profunda al campo, con una perspectiva social; duplicar los apoyos económicos y que éstos estén destinados principalmente a los pequeños productores; tecnificar el campo; crear la Agencia Estatal de Sanidad e Inocuidad, así como una Banca Social para financiar los proyectos de los agricultores.También implementará mecanismos y políticas para eliminar a los acaparadores e intermediarios y simplificar los trámites para el acceso a los recursos públicos. El impulso a la agroproducción por contrato, módulos de maquinaria y seguridad para evitar robos y extorsiones, serán otros de los beneficios.En otro evento, afirmó que durante los primeros 100 días al frente del Gobierno en Jalisco resolverá los problemas y necesidades más urgentes de Jalisco, soluciones plasmadas en los compromisos firmados en cada uno de los 125 municipios.Durante su encuentro con ciudadanos de Tuxcueca, ayer el abanderado remarcó que en específico para este municipio se mejorará la atención médica desde el sector público, con la asignación de más médicos y el abasto de medicamentos; la seguridad, con la capacitación de los policías, entrega de patrullas y combate frontal a la corrupción; y en materia de turismo, con la construcción del malecón. También asumió compromisos para incrementar los programas de apoyo a los pescadores de la región, así como a los productores del campo y ganado. 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