Veracruz esclarece homicidios, pero ONG’s lo dudan

VERACRUZ (16/AGO/2012).- Sin que las personas involucradas hayan sido sometidas al debido proceso, la Procuraduría estatal de Veracruz dijo que, gracias al testimonio de varios detenidos, fueron “esclarecidos” los asesinatos de 36 personas, entre ellas cinco periodistas, que atribuyó al crimen organizado.

El procurador del Estado, Amadeo Flores, informó en conferencia de presa sobre la detención de líderes e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes confesaron su autoría intelectual y material en los homicidios.

Detalló que miembros de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal detuvieron el pasado 10 de agosto al presunto jefe de plaza en el puerto de Veracruz y Boca del Río de esa agrupación delincuencial, Isaías Flores Pineda, alias “El Cronos”.

Añadió que junto con él fueron detenidos seis presuntos sicarios de esa organización, identificados como Claudia Medina Tamariz, César Tejeda Moreno, Pablo Arrieta Andrade, Pedro Temiz Zapot, Javier Benítez Grajales y William Malpica.

Todos ellos, informó el funcionario, admitieron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación y ser autores de diversos homicidios, incluyendo los de trabajadores de medios de comunicación.

El fiscal indicó que uno de los detenidos declaró “ante la autoridad ministerial federal que ellos mataron a varios reporteros”, y sostuvo que la razón de ello fue que éstos a su vez habían sido los “causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada ‘Los Zetas’”.

Consideró que con estos testimonios y otras pruebas quedaron esclarecidos los asesinatos de Ana Irasema Becerra, publicista del periódico El Dictamen; Guillermo Luna, reportero gráfico de la página web Veracruz News y del diario La Voz del Sureste, y Víctor Manuel Báez, editor de Milenio Veracruz.

También dijo que se aclararon los homicidios cometidos contra Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, ex fotógrafos del periódico Notiver y del diario AZ, respectivamente. Todos estos crímenes fueron cometidos este año.

Dada la versión, vino la réplica. La organización internacional Artículo 19, defensora de la libertad de expresión e información, acusó al Gobierno estatal de pretender darle carpetazo a “a la peor crisis de violencia contra la prensa de la Entidad”, al conceder aceptación plena de los homicidios a “un grupo de personas que no han sido aún sometidas a proceso”.

La organización afirmó que resulta preocupante que el procurador Amadeo Flores criminalice a las víctimas al afirmar que “estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas”.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, también cuestionaron el “esclarecimiento.” El representante en México de CPJ, Mike O’ Connor, señaló que la “supuesta detención” de presuntos delincuentes, quienes confesaron su participación, genera dudas, pues no se tiene la certeza de cómo se logró que éstos se autoinculparan.

La PGR atrae los casos

La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción para indagar la autoría de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el asesinato de cinco periodistas en Veracruz, por lo que emprenderá su propia investigación.

Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, cuestiona el hecho de que se tomen declaraciones como válidas sin antes haber realizado una investigación exhaustiva

Para saber
Ruta peligrosa

Veracruz, una zona de paso de migrantes y corredor para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, es disputado por cuatro cárteles de las drogas: “Los Zetas”, del Golfo, Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”.

Telón de fondo
Contradicciones

El Gobierno de Veracruz pasa por un momento turbio. No sólo se trata de la violencia en el Estado, misma que, en lo que va del año, le ha quitado la vida a cinco periodistas —nueve desde que comenzó la actual administración, en 2010—; también se trata de la pérdida de credibilidad.

Un ejemplo claro de lo anterior tuvo lugar el 20 de septiembre de 2010. Luego de que 35 cuerpos sin vida fueron arrojados en la vía pública, en Boca del Río, el gobernador Javier Duarte escribió en su cuenta de Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”. Así, sin investigación previa, afirmaba que todos los asesinados estaban relacionados con el crimen.

Para el 5 de octubre, Alejandra Sota, vocera del Gobierno federal, desmintió al mandatario de la Entidad, al negar que los 35 asesinados hubieran sido integrantes de un grupo criminal.

En aquella ocasión, la funcionaria dijo: “No, nosotros no tenemos información de que el 100% pertenezcan... que estén ya incluidos en la Plataforma México con antecedentes penales, precisamente eso es lo que esta analizando también la PGR”.

Otra muestra de escepticismo es el de la revista Proceso, tras el asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez.

Este semanario dio su postura: “Respecto a esa investigación, que está a cargo del Gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico (...) la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las últimas consecuencias’. No les creemos y se los hicimos saber”.