Urgen a estados cumplir con pruebas de confianza en policías

- Afirman que en 2012 depurarán las Policías en la ZMG
- Evaluados, sólo la mitad de altos
mandos de Seguridad en el país

CIUDAD DE MÉXICO (18/MAY/2011).- El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria, dijo que el retraso en las evaluaciones a los altos mandos y elementos de seguridad y procuración de justicia se debe a que en muchos casos se solicitan las pruebas, pero los funcionarios no acuden a desarrollarlas.

Por ello, exhortó a los Gobiernos estatales a cumplir con la obligación legal de evaluar a sus mandos y elementos de seguridad, a través de exámenes de control de confianza.

El funcionario urgió a las entidades con cualquier grado de retraso a solicitar la programación o reprogramación de las evaluaciones y presentarse a llevarlas a cabo, "pues en muchos casos la causa de los rezagos radica precisamente en que se solicitan las evaluaciones, pero los funcionarios públicos no acuden a desarrollarlas".

El SNSP ha evidenciado que en varios estados hay pocos resultados en materia de capacitación, actualización y control de confianza de las fuerzas policiacas del país.

Por ejemplo, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro reportaron 0% de personal capacitado; mientras que Coahuila, Distrito Federal, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora han profesionalizado a entre 1% y 2% de sus policías.

En lo que se refiere a evaluaciones de control de confianza, el SNSP reportó que sólo el 8% de los 447 mil 922 policías ha sido evaluados.

Alcántara Soria expuso que la evaluación tiene fundamento en la reforma al artículo 21 de la Constitución, efectuada en junio de 2008, cuando se estableció que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada.

Insistió en que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala la obligación del personal de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia y para mantenerse en dichas instituciones.

"De manera que los gobiernos estatales estaban obligados a cumplir con dicho procedimiento dentro de los plazos establecidos en la ley", acotó.