Un divorcio prolongado

Se ganó una escaramuza esta semana, pero se perderá  la guerra a largo plazo. Llego a esta conclusión al analizar todos los eventos relacionados con la Ley SB 1070 de Arizona.

Y es que, aunque sin respaldado legal, el espíritu y los objetivos de la SB 1070 no sólo siguen vivos, además crecen cada día: se incrementa el hostigamiento abierto en contra de los indocumentados, sus familiares y amigos buscando que se reduzca dramáticamente el flujo de personas buscando vivir y trabajar en los Estados Unidos.

No debemos subestimar la importancia de la decisión de la juez federal Susan Bolton, de suspender temporalmente la implementación de tres de los artículos más controversiales de la llamada ley “anti-inmigrante” de Arizona, recordemos que sí hubo aspectos importantes y preocupantes de esta ley que entraron en vigencia este jueves, incluyendo considerar como delito que una persona transporte o refugie a indocumentados o los aliente a vivir en Arizona.

También debemos recordar que la decisión de la juez es sólo el inicio de un prolongado debate legal que pasará por varias instancias y muy probablemente será revisada en algunos años.

Sí, la batalla legal podría durar años, sin tener claridad si al final del camino los jueces de la Suprema Corte encuentren constitucional esta ley SB 1070.

En México es importante entender que la válvula de escape que representaba la emigración legal e ilegal de mexicanos a los Estados Unidos se cerró.

No se puede pensar que en los siguientes años, aunque mejore dramáticamente la economía del vecino país, podría regresarse al esquema actual que podríamos calificar de hipócrita en lo que respecta a ambos países.

En este momento, la política de empleo y de desarrollo estaba basada, en buena medida, en el hecho de que por lo menos medio millón de mexicanos cruzarían anualmente a buscar trabajo en los Estados Unidos, y la economía de los vecinos del Norte se beneficiaban ampliamente de los salarios bajos y escasas prestaciones para estos trabajadores “ilegales”.

La verdad es que tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata. Son igualmente culpables los que contratan a los indocumentados y por lo tanto deberían de recibir el mismo tratamiento de “criminales”.

Desafortunadamente en México no hemos querido entender que simple y llanamente no quieren  más mexicanos.

Lamentablemente México no tiene en este momento mucha autoridad moral para argumentar la protección de derechos de sus connacionales en el exterior, ante la realidad de que estos mismos derechos no se respetan en México.

La relación entre México y Estados Unidos en estos momentos me recuerda a una pareja que quiere divorciarse, en donde se conocen muy bien, pero parecería que son incompatibles como pareja.

Los dos se están peleando por la casa y los bienes, pero también es imposible que se separen por los intereses económicos, familiares y culturales que los unen.

No se ve una “reconciliación” en el corto plazo.