Tren parlamentario

Conforme ha avanzado la Semana Santa, en los territorios del Congreso de la Unión se han estado afincando los posibles dictámenes de dos leyes relacionados con el tema de la seguridad pública.

En la Cámara de Diputados, este miércoles, seguía hablándose con ardor en torno de la Ley de Seguridad Nacional. Y en los ámbitos de la Cámara de Senadores, legisladores del PAN y PRD han anunciado que, apenas pasen estos días que también son conocidos como Días de la Semana Mayor, se dictaminará aquel conjunto de iniciativas de reformas que Felipe Calderón envió en agosto de 2010, para combatir el lavado de dinero ilícito. Un conjunto de modificaciones legales cuya conclusión sería la conformación de la nueva Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

En San Lázaro causó escozor la aparición pública de un predictamen de lo que podría ser la Ley de Seguridad Nacional, que trabajan, por cierto, diputados de las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Gobernación.
Allí, se afirma que en la argumentación del predictamen los legisladores consideran que “la paz no es absoluta sino en todo lugar u momento es relativa”; un planteamiento previo a la consideración de otorgar en dicha ley poderes al Presidente de la República para “enfrentar cualquier quebranto a la tranquilidad y el orden sociales”, con ayuda de soldados del Ejército y de la Marina.

A lo anterior, habría que agregar la opción de que el Presidente de México pueda incluso decretar estado de sitio en alguna o algunas regiones del país, cuando a su juicio considere que se requiere hacerlo para enfrentar conflictos criminales. Y sería, precisamente, el Ejecutivo el que podría discernir cuándo es un conflicto provocado por criminales y cuándo no.

¿Quién garantizaría que el Presidente siempre vaya a obrar acertadamente, o de buena fe? Es una pregunta que ha estado escociendo desde hace varios días a los diputados opositores, quienes –como por ejemplo Gerardo Fernández Noroña y Enrique Ibarra Pedroza (PT) dicen que esa apertura de márgenes de interpretación y discrecionalidad en el ejercicio del poder, que se quiere otorgar al Ejecutivo en la ley de marras, es sumamente delicado para la vida democrática del país.

En el Senado de la República, la Comisión de Justicia ha estado avanzando, en estos días de Semana Santa, en acuerdos para dictaminar la semana próxima la ley aquella que envió el Ejecutivo Federal, respecto del combate al lavado de dinero ilícito.

El Presidente Calderón, cuando presentó su propuesta en agosto de 2010, planteó que todos aquellos profesionistas y empresas que estuvieran en condición de recibir –en operaciones de compra-venta- dinero en efectivo a partir de 100 mil pesos, tendrían que reportar la operación ante las autoridades correspondientes, privilegiando a la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los senadores han corregido varios renglones a la plana del Ejecutivo: piden que el reporte aquel a las autoridades, no sea ante Hacienda sino primero ante la PGR, y que sean sólo las operaciones superiores a un millón de pesos, o a partir de 200 mil pesos cuando se trate de la compra-venta de vehículos automotores.

Cuando pase la Semana Santa, estos dos asuntos comenzarán a dar mucho de qué hablar en los dos territorios del Congreso mexicano: el de San Lázaro y el de Reforma-Insurgentes, otrora Xicoténcatl.