Tren parlamentario

La Cámara de Diputados consumó ayer, finalmente, la aprobación de su nuevo reglamento, cuya votación en lo general comenzó el 15 de diciembre de 2010. Se habían reservado 83 artículos, para su discusión en lo particular, mismos que entonces cuestionaron algunos diputados priistas y la oposición del PRD, Convergencia y PT, al tiempo que advertían de que las cúpulas del PAN y PRI pretendían en realidad hacerse todavía más del control político de los legisladores en lo individual y en la toma de decisiones en lo colectivo, con el inexcusable propósito de desflemar todavía más la función de control político de San Lázaro, para el próximo sexenio.

“Ha sido una inmensa tontería”, reclamó Porfirio Muñoz Ledo a quienes, hacía unos instantes —después de cinco horas y media de sesionar— acababan de aprobar el controvertido reglamento de marras. “Desafían a la razón y están anunciando cómo quieren gobernar”.

Apenas algunos pujidos como respuesta. Durante cinco horas y media panistas y priistas habían sido objeto de muy ácidas críticas por parte de petistas, pcedistas, perredistas y de priistas, como el sinaloense Miguel Ángel García Granados.

Cuando iniciaban, el petista Jaime Cárdenas Gracia restregaba a panistas, priistas y pvemistas que el reglamento, en la jerarquización de las fuentes del derecho, tiene arriba a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso. Y es un reglamento contradictorio, que viola a ambas leyes.

A lo largo del debate, los opositores advertían una y otra vez que el reglamento otorga facultades a la Junta de Coordinación Política que no recuerdan a nadie más que a la gran comisión aquella, mediante la cual el PRI controlaba la Cámara de Diputados. Y, también, otorga mayor carga de autoritarismo al presidente de la Mesa Directiva.

“Se eliminó la sanción de un día de dieta por ocasionar algún tipo de entorpecimiento y en las labores de este pleno”, decía Cárdenas en alusión a una reforma que el PRI, PAN y PVEM aceptaron hacer al reglamento en diciembre.

“Pero se conservan algunas sanciones, como la de retirar la palabra o el sonido al legislador que está haciendo uso de ella o la facultad que tiene el presidente para que las expresiones materiales (mantas, pancartas, cartelones) sean retiradas, (cuando) estas limitaciones a la libertad de expresión son totalmente anticonstitucionales porque el Artículo 61 de la Constitución indica que los legisladores somos inviolables por nuestras opiniones y que jamás podemos ser reconvenidos por ellas”.

En el trasfondo inmediato no se discutía más que de la libertad de expresión y de las sanciones, que el panismo tildaba de necesarias. El nuevo reglamento ahora prevé, de manera explícita, el desarrollo de sesiones privadas. Y esto lo criticaban los opositores, argumentando que va contra lo mandatado en el Sexto Constitucional y por la Ley de Transparencia.

Sólo un diputado panista respingó a contrapelo de su bancada: Javier Corral Jurado. Planteó cambios que permitieran ejercer la libertad de expresión con plenitud. Pero a él tampoco le hicieron caso.

A partir de ese nuevo reglamento, aprobado ya en lo general y en lo particular, los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos más representativos podrán decidir prácticamente quién habla y quién no, al extremo de quitarles el sonido. Podrán decidir cuál iniciativa de ley puede ser dictaminada y cuáles no; y para ello contarán con vericuetos legaloides que se han inventado en el reglamento.

Con él, la Cámara de Diputados acrecentará todavía más su posición de farsa y de simulación de su función de contrapeso constitucional. Y los diputados, en lo individual, estarán sometidos todavía más bajo el control político que los cúpulos ejercen sobre sus carreras políticas.

Xicoténcatl

La Cámara de Diputados se acababa de deshacer de un reglamento que databa del año 1934. Un reglamento de por sí hecho para la conformación de dirigencias fuertes en detrimento del fortalecimiento del Poder Legislativo. Pero con la proyección, decía Muñoz Ledo, de un futuro censurado y proclive al control de la institución y de los diputados por parte de las dirigencias.

Cerca de allí, en la Casona de Xicoténcatl, los senadores se despedían de una sede política que había sido inaugurada en 1931. Pero lo hacen en medio de críticas severas, por la falta perniciosa de la rendición de cuentas, respecto de los costos materiales. Este miércoles 13 de abril de 2011 inaugurarán su nueva sede: un conglomerado de edificios que fue construido justo en el corazón de la Ciudad de México, en el cruce de las avenidas más transitadas: Reforma e Insurgentes.