Tren parlamentario

La Cámara de Diputados extendió este jueves un acuse de recibo a la convocatoria que el Senado, la semana pasada, le remitió, con el propósito de realizar una mesa de trabajo en la que confluyan Gobierno federal, organizaciones campesinas y diputados y senadores, para discutir y acordar “las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país”.

Cinco, sin duda, son los motivos por los cuales diputados y senadores han vuelto a mirar hacia el campo mexicano: a). Una demanda de granos internacional con producción en declive; b) el uso de cereales y oleaginosas para la elaboración de biocombustibles; c) Los recientes desastres climatológicos, cuyos efectos nocivos no se veían en México desde 1956; d) el pernicioso descontrol que tiene el campo en su organización productiva, desde que se insufló la fragmentación del ejido; e) la pobreza en el ámbito rural, de la que se le recuerda siempre que se acercan tiempos electorales, y f) el modelo económico prevaleciente en México que da prioridad a los grandes productores y a las trasnacionales dedicadas al campo. Un modelo retratado de modo contundente con el incremento de las importaciones de los alimentos a partir de 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.

Este jueves 7, el pleno de San Lázaro aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual los diputados plantearon esencialmente cuatro propuestas:

1: La conformación de la mesa de trabajo aquella, incluido el llamado al Gobierno federal a que se incorpore con prontitud y sin pretextos.

2: Que el Ejecutivo Federal integre un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que intervienen en la cadena productiva; todo ello, con el fin de que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa a través de la agricultura por contrato y se cree un fideicomiso con miras a implementar un subsidio directo y focalizado a la población más pobre para la tortilla de nixtamal.

3: Han propuesto también que, urgentemente, se implementen mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco; y

4: Que se formule la creación de una norma oficial mexicana que regule la calidad de las dos clases de tortilla en el mercado: la tradicional de nixtamal y la de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales de salud e higiene.

Qué buen pico tienen los diputados federales cuando se ponen a hablar de las necesidades del campo, y de sus opciones. Discursos irrebatibles, los de todos. Y allí, en tribuna, se escucharon voces incluso de gente que ha tenido responsabilidades de Ejecutivo en otros sexenios; como el diputado panista Javier Usabiaga, aquel renombrado sembrador de ajo en Guanajuato que Vicente Fox puso de su titular de la Sagarpa, en todo su sexenio, o Alberto Jiménez Merino, diputado priista, que antes fue rector interino de la Universidad Autónoma de Chapingo y, en el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla.

Los otros oradores no tenían credenciales tan relumbrosas, pero tampoco se quedaron atrás.

Verbigracia: Emiliano Velázquez Esquivel, del PRD, argumentó: “En relación al costo de los alimentos del año pasado a la fecha, hemos tenido un incremento de 32%. Es importante mencionar que el Gobierno federal, los estados y los municipios le han dejado la cesión a las productoras de los grandes consorcios internacionales, de que se hagan cargo de comercializar los productos que consumimos en México, y prueba de ello es que 42% de lo que ya consume la población de México proviene de fuera, particularmente de Estados Unidos”.

Fue el diputado priista Gerardo Sánchez García quien planteó lo de la agricultura por contrato. Y arengaba al resto a “resolver un problema que hoy está latente con la falta de inventarios de maíz en el mundo y en nuestro país, lo que ya provocó que se dispare el precio de la tortilla en diferentes regiones del país”.

Hubo, sin embargo, un diputado que se salió del cuadro y, de plano, dijo que votaría en contra del Punto de Acuerdo: Mario di Costanzo, del PT, y argumentó: “Porque nuevamente damos mensajes mediáticos sin resolver los problemas de fondo. Me parece absurdo que se estén creando comisiones y mesas de trabajo entre diputados y senadores para resolver un problema que es de fondo por el modelo económico del país”.

Dejaba callado al pleno otra vez Di Costanzo. Y más cuando dijo: “En cambio, cuando tenemos la oportunidad de hacer algo nos da miedo hacerlo. Lo señalo porque estas mesas de trabajo pretenden sustituir un decreto; una decisión que puede tomar la Cámara de Diputados y que también se relaciona con el tema alimentario del país. Me refiero a que resulta absurdo que tengamos dos o tres sesiones posponiendo la votación de un decreto que obligaría a generar un fondo de 15 mil millones de pesos para estados afectados (por lluvias, sequías y heladas), eminentemente agrícolas como Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León”.

Y, reiterativo, insistía en “dejar de hacer demagogia barata y empezar a tomar decisiones: en vez de discutir la instalación de una mesa de trabajo habría que obligar al Ejecutivo a generar una bolsa de 15 mil millones, para esas entidades”.

Otro del PRI, Liborio Vidal Aguilar, fue quien habló de la diversificación de la producción y reclamó al pleno de cómo sólo han mirado a los estados del Norte, cuando en el Sur y Sureste del país “existe un potencial de sembrar más de un millón de hectáreas en el ciclo otoño-invierno”.