Tren parlamentario

A Marisela Morales Ibáñez, los senadores le han permitido llegar partiendo plaza, a pesar de que hubo quienes le han comenzado a cuestionar hasta su ciudadanía, por el premio que recién le hizo el Gobierno de los Estados Unidos sin antes haber obtenido autorización del Congreso mexicano.

Se paró ante el podium senatorial y protestó como procuradora general de la República. Las salutaciones efusivas de que fue objeto por parte de decenas de legisladores contrastaron con el discurso férreo de voces incandescentes de la oposición, como la del flamígero Pablo Gómez Álvarez.

“Para poder ratificar un procurador, llámese como se llame, sea quien sea”, reiteró el irrebatible Pablo Gómez, “el Senado debió haber dicho a Calderón: ‘o cambias eso, y permites que la Procuraduría sea lo que dice la Constitución, una institución independiente con toda la fuerza, capacidad, recursos para hacer su trabajo, y olvídate de los robocops… o no hay procurador ratificado”.

Voz de trueno, la de Pablo Gómez Álvarez.  Y entonces fue cuando a sus compañeros también les restalló sobre los lomos: “Eso es lo que hace un parlamento fuerte; un parlamento que le hace caso al pueblo. Por desgracia, éste no es de esos”.

Debatir de más de dos horas. Lapso en que Marisela Morales aguardó en un salón contiguo al recinto de Xicoténcatl. Un día antes, la víspera, ella se había encerrado con senadores de las comisiones de Justicia y de Gobernación, a quienes les dijo que se subordinará al Presidente en asuntos “administrativos”, y ejercerá autonomía en los temas técnicos, penales.

Pues a partir de estos dichos se afincaba el debatir de este jueves.  Y Gómez Álvarez fue quien comenzó: “El nombramiento que se consulta al Senado es la expresión de esa política (“la Policía le dice al Ministerio Público lo que tiene que hacer”), no es cuestión de orden personal; es la materialización de una misma política, frente a la crisis de la delincuencia organizada”. Una política, insistía, en la que la justicia “no ha estado al servicio de la sociedad, sino al servicio del poder político”.

En realidad, a Marisela Morales no le iba mal con todos. Hubo senadores como el pvemista Jorge Legorreta que le tildaban la carrera de “intachable”. O de “trabajo impecable” –así dijo éste-- el que había realizado Arturo Chávez, el ex procurador.

Siempre críticos con una gran carga de argumentación, hubo senadores que ahora sorprendieron por su actitud de beneficio de la duda, al grado de votar en sentido abstención, como Ricardo Monreal Ávila, quien, respecto de Marisela Morales, decía: “Por primera vez hablo con un funcionario propuesto a invitación de ella, y me asegura que no habrá de judicializar la política ni politizar la justicia. ¿Quién me lo garantiza? Le dije. Si la Procuraduría no tiene autonomía, y basta una orden del Ejecutivo para actuar en contra de políticos o adversarios u opositores”.

Monreal parecía darle el cordonazo y luego la sobada.  “Ella pertenece a un sistema podrido”, insistía el zacatecano. “¿Quién garantizaría que va a cumplir?” Y fue Monreal de los legisladores que mencionaron el premio que Marisela recibió del Gobierno estadounidense: “La maestra recibió hace dos meses una presea en Estados Unidos… No le entregaron una medalla la Fundación de las Madres Descalzas de San Jones; no. La recibió de manos de Hillary Clinton con la presencia de la esposa de Obama. Y este Senado nunca supo de su autorización”.

Hacía un turno,  el PRI se había posicionado en voz del hidalguense Jesús Murillo Karam.  Sí, como hacía un momento lo había propuesto a la vez el perredista René Arce: “Comparto plenamente” que fura una procuradora “de transición, y lograr acceder a una estrategia en la autonomía de la Procuraduría”. Pero…, decía Murillo, “es necesario cumplir con los requisitos que hoy la ley nos señala”. Y se refería a determinar “si tiene el perfil, si su trayectoria conviene y si su compromiso está hecho”.

Entonces Murillo Karam fue cuando justificó lo que vendría después: la votación aprobatoria del PRI: “Me gustó la respuesta (de Marisela Morales) que dio al planteamiento de autonomía. Y cuando se le preguntó cómo entendía la autonomía técnica, de que es la única que hoy tiene la Procuraduría, ella contestó con claridad mental: ‘Yo tendría que obedecer en lo administrativo, lo que me ordenara el Presidente; en lo demás no, en lo sustantivo no’. Y para mí este es el compromiso”.

Otro senador del PRD, de formación abogado, recomendó entonces a la que sería, después, investida como la “abogada general de la nación”. Tomás Torres Mercado dijo: “Primero, asumir con dignidad su condición de ser abogada de la nación, de ser la titular de esta institución desvirtuada y que no es sólo el Ejecutivo federal. El Congreso también tiene que ver en ello. Y que es la Policía la que debe estar subordinada al Ministerio Público”.

Rafael Ochoa Guzmán, senador del PRI, asegundaba lo que había dicho Karam. Dante Delgado, de Convergencia,  avisaba que su voto sería en  favor de la ratificación. Pero reclamaba a Felipe Calderón que fuera para su tercer procurador “sin haber explicado las causas del fracaso de esa institución (PGR)”.

Ahí, otra vez, Pablo Gómez, hablando con la autoridad de quien no pide ni da concesiones.  Por eso tanto silencio cuando debatía: “Para qué le buscan más cosas?”, preguntó. Y remachaba otra vez: “No es un asunto de quién para la Procuraduría; es de fondo; de que el Senado le dijera al Ejecutivo: ‘o cambiaste esquema o no encontrarás en nosotros ninguna colaboración; o cambias lo que el pueblo de México está exigiendo que cambie, o no hay colaboración”.

Fue cuando Gómez advirtió a todos los preocupados allí: “No hay un problema de que la nueva procuradora no se meta con los candidatos del PRI, no; lo hará si se lo ordenan en Los Pinos, porque así está el esquema”.

Sobre advertencia no hay engaño, alguien, desde el pasillerío, susurró hacia los escaños.  Votaron en pro: unos aprobatoriamente y otros absteniéndose, sin antes pedir la rendición de cuentas al Ejecutivo sobre porqué cambió al otro procurador.