Tren parlamentario

Por estos días se ha visto cómo en las cámaras del Congreso de la Unión los legisladores se esmeran en proponer y aprobar reformas de leyes con un indiscutible sentido social. Así suele suceder cada que el país se coloca en vías de elecciones federales, pero también locales, las de gobernador.  
Recién han ocurrido en Guerrero, Hidalgo y también en Baja California Sur. Y sobrevendrán –la mayoría, para cambio de mandatario estatal– en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán.

Ya, tampoco, falta mucho para la presidencial de julio de 2012. Y como detrás de cada elección no es más que el cumplimiento legal, constitucional, genuino de la búsqueda del control del poder público, pues es hora en que todos los que conforman el sistema político mexicano se han desatado, buscando quedar bien con la gente.

En realidad no hay que tener mucha imaginación para intuir los motivos por los cuales  el Poder Legislativo –o, mejor aún, las fuerzas que lo integran– ha estado últimamente de empeñoso reformando leyes que recalan, por antonomasia, en la mayoría de la población, más con beneficios que con costos.

Debería ser así todo el tiempo, siempre: legislar para beneficiar a la mayoría del país, pero para desgracia de México esto no suele ser.  Ahí está el Fobaproa transfigurado en IPAB, un problemón de corte bancario donde muy pocos se endeudaron macrométricamente y no pagaron y muchos, la inmensa mayoría de los mexicanos, terminaron de pagadores, aunque esta deuda privada convertida en pública no pueda ser pagada en los próximos 60 años.

No. Ahora se trata de que los grupos parlamentarios todos quieren quedar bien con la ciudadanía, procurando expresamente proyectar la imagen de que trabajan y cumplen su papel de representantes de la Nación, como por ahí, en un rinconcito de la Constitución (dos líneas escuetas del Artículo 51 constitucional)  mandata a diputados y senadores ser eso. 

Esta semana, por ejemplo, en San Lázaro aprobaron reformas a diversos artículos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que juran los diputados que ahora sí la Secretaría de Hacienda ya no ejercerá discrecionalmente el presupuesto y estará obligado el Ejecutivo Federal por ley cumplir con la entrega de recursos a sectores sociales que, por lo general, sólo han aparecido en los anexos del Presupuesto, casi siempre bajo la marca de ser prescindibles si el dinero de pronto se requiere en otros sectores.

Cuando la aprobaron, el pasado jueves, todos la festejaron; tirios y troyanos. Y la remitieron, como minuta, al Senado, para que éste continúe el proceso legislativo. Tiene sus inconvenientes, por cierto, la ley aquella, porque es bastante parecida, ya lo hemos dicho aquí, a una que recién el Ejecutivo Federal regresó al Senado con observaciones: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Las leyes aprobadas en el Congreso a veces sólo cumplen un cometido: crear la impresión de que el Legislativo está trabajando. Sin embargo, no todas estas leyes terminan de cuajar, porque o bien su proceso legislativo se atora en la otra Cámara o la atora, de plano, el Ejecutivo, con ese veto que en la ley se conoce como “observaciones a la ley”.

La gente, en estas fechas, debería estar prevenida y preguntarse  si lo que les dice su diputado o senador es, realmente, un beneficio consumado, con leyes que acercan al país al territorio de la justicia, o de lo que es justo.