Tren parlamentario

El Congreso de la Unión ha vuelto a tropezar con su propia sombra. El Presidente Felipe Calderón le ha regresado al Senado una ley que apenas aprobó el día 3, la de Desarrollo Rural, con observaciones que equivalen a un veto, y aquél mismo, a la Cámara de Diputados le ha negado la comparecencia de su procurador general de la República, que porque tenía “asuntos pendientes en la agenda”.

No es todo. De tal modo ha gravitado el Ejecutivo Federal sobre la agenda legislativa, que forzó –con éxito evidente para la causa de quien actualmente ocupa la residencia presidencial de Los Pinos-  que un debate sobre la expropiación petrolera que debió haberse celebrado en San Lázaro desde el jueves 17, fuera pospuesto hasta este martes 29, ayer.  

Pero la extemporaneidad de 12 días no evitó que el PT, PRD y Convergencia lograran colocar en el mismo costal al PAN y al PRI, a quienes no los bajaron de “hipócritas” y “cínicos”.

En la devolución que al Senado hizo Calderón, de la Ley de Desarrollo Rural,  el Mandatario arguyó que la reforma vulnera los “procesos de planeación, programación y presupuesto”, que como facultad constitucional dice tener el Ejecutivo, y no el Legislativo.  

Y la “vulneración” consiste en que los diputados federales y los senadores suscribieron en la ley de marras que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe considerar incrementos anuales, progresivos, para el campo. En el caso específico del Programa Especial Concurrente.  

Calderón soltó el zurriagazo justo un día después de que, en el Senado, líderes campesinos se reunieron con la plana mayor senatorial para pedir la conformación de una mesa de trabajo en la que confluyan senadores, diputados, productores y Ejecutivo Federal para  estudiar una salida de la crisis del campo.

En el debate en torno de la reforma aquella,  un sector del PAN siempre rechazó la modificación jurídica con el argumento de que  institucionalizar los incrementos cada año al Programa Especial Concurrente sería, en los hechos, dar más dinero a los líderes y organizaciones campesinas, y no necesariamente a los campesinos y productores.  

El lunes, sin embargo, los panistas callaban cuando algunos líderes revelaban datos como aquel de los 25 mil millones de dólares que México erogó en 2010 para la compra de alimentos en el extranjero. Cantidad similar a la que, ese año, la Cámara de Diputados dispuso que se destinara al campo.  

También callaban los panistas, este martes, en San Lázaro, cuando se supo que  el procurador Arturo Chávez Chávez ya no se presentaría a comparecer, como se había programado.  

Insuflado por el PRI, la Cámara de Diputados con prontitud hizo un reclamo a la Secretaría de Gobernación por no haberse presentado Chávez a comparecer.  Ahora deberá hacerlo el lunes próximo, a las cinco de la tarde.  “Extrañamiento”, daba nombre el Pleno de los diputados al reclamo de marras.  Mala copia, por cierto, de la figura penalizadora que así denominan (extrañamientos) en los parlamentos.

Hay que aclarar, sin embargo, que los extrañamientos que ahora acostumbra hacer el Congreso mexicano son en realidad algo así como una vacilada, porque no representa ninguna sanción para el que no se ha presentado a comparecer.  En los parlamentos, cuando hay un extrañamiento, no sólo cae el funcionario, sino el gobierno todo, que entonces tiene que convocar a nuevas elecciones.

Chávez Chávez tenía que explicar por qué el Gobierno de Felipe Calderón dice que no conoció del operativo “Rápido y Furioso”, instrumentado por el gobierno estadounidense para la introducción de armas a México, de contrabando, que fueron a parar a manos de criminales.  

En el tercer tema del día, el debate sobre la expropiación petrolera en la Cámara de Diputados,  era el PRI el que ponía la sal a la sopa.  Pero no por el énfasis con que, en su oratoria, expresaba su desacuerdo “a los intentos privatizadores que (contra Pemex) en estos últimos 10 años se han intensificado”.  No. Llamaba la atención porque su desmemoria rozaba el descaro, el cinismo, la hipocresía. Y así se lo restregaban petistas como Laura Itzel Castillo Juárez y perredistas como Ramón Jiménez López.  

Los oradores del PAN estaba ahí, también, como los priistas,  ensalzando el aniversario 73 de la expropiación petrolera (18 de marzo de 1938)  jurando que ellos no han optado por la privatización de Pemex, sino por su modernización solamente.  

El PRI se puso a acusar al PAN de un modo parecido a como a él lo tildaban petistas, perredistas y pcedistas: “Es evidente que en este 73 aniversario”, decía el priista Ernesto Pompa Corella, “no  podemos dejar de señalar el doble discurso y la opacidad con que se han conducido los asuntos referentes a Pemex, y en general a la política energética y económica del país”.

En San Lázaro y Xicoténcatl, todos saben que en los territorios del discurso y la oratoria, los márgenes suelen ser muy anchos y flexibles.