Tren parlamentario

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el miércoles, informó que en el análisis de la Cuenta Pública 2009 detectó un endeudamiento de gobiernos estatales y municipales por 262 mil millones de pesos. Un día después, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó a la asamblea de los 500 legisladores una iniciativa de reforma al Artículo 117 de la Constitución, con el propósito de regular la deuda pública de las entidades federativas y municipios.

En San Lázaro, un día después, viernes, había quedado impregnado el mismo tufo del oportunismo político-electoral que suele aparecer estos días en todas las decisiones emanadas del partido en el Gobierno.

El miércoles, cuando durante siete horas el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, compareció ante los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, para entregar a éstos el “Análisis del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2009”; fue notorio como estas cifras sobre el endeudamiento de los estados ocuparon gran parte del tiempo que duró la reunión.

Conforme se desarrollaba el encuentro entre diputados y auditores, las cifras que chisporroteaban del candente informe iban siendo tomadas al vuelo por los partidos políticos, fundamentalmente PAN y PRI, y utilizadas apriorísticamente para patearse las canillas, con claros y evidentes fines electorales.

Se daba vuelo el PAN diciendo que es el Estado de México la Entidad que peor malgastó el dinero público ese año, y del cual tiene que rendir cuentas con prontitud el primer responsable político, el gobernador Enrique Peña Nieto.

Un día después, el jueves, la bancada que pastorea Josefina Vázquez Mota, insistió en lo del endeudamiento de los estados, con la presentación de la iniciativa aquella al 117 Constitucional y con la elaboración de un comunicado en el que, en un cuadro, hacía hincapié en que son seis entidades de la República las que aumentaron su gasto de manera “muy preocupante”.

Por supuesto, entre los seis no figuró uno solo de los gobiernos del PAN, y sí, la mayoría, del PRI y uno del PRD. Y acomodaba las cifras de tal modo que el porcentaje del incremento de sus deudas se expresara exponencial.

El comparativo que el PAN utilizó fue el de los años 2009, respecto de 2005. He aquí los priistas: Chihuahua, de 497 millones de pesos de deuda que tenía en 2005 ascendió a cuatro mil 026 en 2009, con un incremento de 710%; Oaxaca: de 170 a mil 308 (669%); Tamaulipas: de 409 a dos mil 153 (426%); Nayarit: de 404 a dos mil 118 (424%) y Coahuila: de 158 a 615 (289 por ciento).

Para golpear al PRD, el PAN utilizó a Chiapas, con sus 158 millones de deuda en 2005 y 615 millones en 2009 (289% de incremento).

Josefina entonces amarraba las cifras, diciendo: “Uno de los propósitos fundamentales de la iniciativa es impedir que a través de simulaciones de actos y de subterfugios jurídicos se contrate deuda sin llamarle deuda. Por ello abarcamos no sólo aquella que contrate directamente el estado sino cualquier de sus órganos paraestatales, paramunicipales o fideicomisos públicos y a obligar a transparentar en este registro la realidad de la deuda de todos los estados. Lo que pretendemos es que exista una absoluta transparencia”.

Hablaba de transparencia, pero con este vocablo, un instante después, Josefina trastabilló: Cuando un reportero preguntó a la coordinadora panista porqué en sus cuadros no incluyeron siquiera un Estado gobernado por Acción Nacional, como Guanajuato y Jalisco, Vázquez Mota --entre el cinismo y la hipocresía-- respondió: “Yo a lo que me comprometo es a dar una información de todos los estados de su nivel de endeudamiento. Creo que es muy importante. El propósito de la iniciativa realmente es salvaguardar o colaborar a salvaguardar d mejor manera las finanzas públicas de los estados”.
Un día antes, el miércoles, cuando el PRI defendía a Peña Nieto, se había ido a su vez contra Jalisco, al que colocó como uno de los tres estados de la República mayormente endeudados, junto con Chihuahua y Nuevo León.  

En voz de Carlos Flores Rico, el PRI reiteró el caso de Jalisco, que contra el endeudamiento que había sumado en 2008 por 12 mil 797 millones de pesos, éste se disparó en 2009 --año de las elecciones federales intermedias-- a los 20 mil millones.

Flores, entonces, dijo que el endeudamiento de los estados en realidad era relativo, porque mucho de ellos se habían endeudado para contrarrestar la inseguridad pública.

Y, en cambio, pidió a la ASF que mejor pusiera énfasis en el subejercicio de la Secretaría de Hacienda y en la discrecionalidad de ésta para modificar los destinos del presupuesto federal establecidos por la Cámara de Diputados.

Al priismo le había escocido el hígado una insistencia de los auditores de la ASF: que el sobreendeudamiento y falta de pago de los estados, de continuar, pondría en jaque al sistema financiero.
Entonces se apareció el Partido del Trabajo, que en voz de Mario di Costanzo a panistas y priistas les decía que el país sólo presenciaba un caso típico de “violencia intrafamiliar”, porque tanto unos como los otros --insistió el petista-- son los grandes culpables de que México siga convulsionándose en una crisis en que se profundiza día a día la desigualdad los pobres son más pobres y los ricos más ricos.

“No nos hagamos”, decía Di Costanzo: “saben ustedes y sabemos todos que sólo cambiando el modelo económico en el país podrá realmente iniciar un cambio económico”.

Y minimizaba el petista los endeudamientos de los estados, porque éstos no sólo tienen su origen en la mala calidad del gasto y en la ineficacia de las instituciones del Estado, como la ASF y la Cámara de Diputados, en contribuir con una auténtica rendición de cuentas, sino en el hecho de que las principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) soslayan a ultranza legislar para cambiar un modelo económico que sustenta privilegios a las más grandes empresas. Fuera de ello, había insistido Di Costanzo, todo lo demás es pura simulación y política electoral.