Tren parlamentario

Entre la docena de dictámenes aprobados esta semana en la Cámara de Diputados, hay uno que sobresale por el impacto social que tiene por antonomasia: las reformas que hicieron el martes 15 a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Fue una reforma a punto de consenso: 401 diputados federales votaron en pro; seis en abstención y cero en contra. ¿Por qué, habiendo estado de acuerdo con el fortalecimiento jurídico para prevenir y sancionar ese demencial delito, seis legisladores votaron en abstención, y por qué éstos advirtieron que la nueva ley corría el riesgo de ser utilizada como un ariete político en contra de algunos medios de información críticos?

Desde la presentación del dictamen, los diputados que plantearon su simpatía por la reforma hicieron hincapié en que de ninguna manera pretendían atacar a la libertad de expresión.

“Con esta reforma”, sintetizaba en la tribuna la diputada de Nueva Alianza, Cora Cecilia Pinedo Alonso, los motivos de los cambios de la ley. “Se avanza creando el marco institucional que abre la posibilidad de sancionar a quien, con fines de lucro o sin él, contrate o publique mediante anuncios impresos o electrónicos en medios de comunicación, publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de edad”.

O, también, Jesús Navarrete Prida, diputado del PRI: “Tiene (el dictamen de marras) como objetivo fundamental el establecer medidas legales para castigar a quienes promuevan la trata de personas a través de la publicidad y establecer medidas de prevención para que los anuncios que se difundan en los medios no fomenten esta práctica delictiva”.

El priista decía incluso que el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha facilitado el trabajo de las redes del crimen organizado que se dedican a la trata de personas, ya que se valen de publicidad o propaganda engañosa en medios impresos o electrónicos, para contactar a sus víctimas potenciales, que generalmente pertenecen a los grupos sociales más vulnerables o inclusive a menores de edad”.

Por ello, reforzaba su argumentación Navarrete Prida: “Esta iniciativa pretende sancionar a quienes, con fines de lucro o sin él, contraten o publiquen mediante anuncios impresos o electrónicos en medios de comunicación publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de 18 años de edad”.

Todavía más: “No se trata de coartar la libertad de expresión”, insistía Navarrete, “de ninguna manera, sino de sancionar con claridad conductas que ya hoy son delito”.
Enoé Margarita Uranga, diputada del PRD, expuso sus razones en pro del dictamen: “Se trata de dejar explícitamente señalada la responsabilidad que obligue a Calderón a rehacer ese inútil Programa Nacional de Tratas que ha publicado; a cumplir con su responsabilidad de hacer un diagnóstico, y, en tanto, a por lo menos procurar que esa mafia que está a la luz de todos y que está perfectamente permitida por un gobierno que simplemente es cómplice silencioso de ella, siga trabajando”.

Enoé Uranga precisaba: “La trata de personas es muchísimo más que la delincuencia organizada y muchísimo más que el uso sexual de las mujeres. Pero sin dunda alguna en esta parte, en la de la publicidad, en la del vender a las mujeres como objetos, es en una en las que el Ejecutivo Federal más ha fallado, más indolencia ha mostrado y en la que, desde el Legislativo, tenemos que ponerle el dedo en la llaga”.

Marcela Guerra Castillo, del PRI: “El uso de la publicidad es una parte sustancial de esta industria. Por eso es importante, y tengamos conciencia, que no se trata de coartar la libertad de expresión, sino de ir más allá, de buscar frenar todo aquello que se publicite y que se dé cómo si fuera en el comercio sexual un objeto”.

En todo lo que se dijo para apuntalar el dictamen, estuvieron de acuerdo diputados como el petista Jaime Cárdenas Gracia, uno de los seis que votaron en abstención.  “¿Qué propone (el dictamen)?”, se preguntó Cárdenas en la tribuna. “Propone algo que ya está previsto en el propio Artículo 5°. De la Ley de Trata”, se respondió él mismo.

Y el artículo de marras, en su primer párrafo –citaba el petista-, dice: “Comente el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para tercero a una persona por medio de la violencia física-moral, el engaño, el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, etcétera”.

Jaime Cárdenas Gracia es uno de los dos especialistas de derecho constitucional que integran la Cámara de Diputados (el otro, sin duda, es don Juventino Castro y Castro), y acucioso, por oficio, interpretador de la ley.  Cárdenas entonces aludió al párrafo que se le ha insertado a la Ley de Trata: “¿Qué hace el párrafo segundo parte de este dictamen?

Establece lo siguiente: la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata, será sancionada. Es decir, este párrafo segundo está remitiendo al párrafo primero”.

Cárdenas entonces dijo que la reforma se hace innecesaria. “Y si no es innecesaria, es una adición excesiva”. Y fue cuando derivaba hacia los derechos fundamentales: “Lo que me preocupa es que pueda criminalizarse la libertad de expresión y la libertad de imprenta.

También puede vulnerar el principio de proporcionalidad para los delitos y penas que establece el artículo 22 de la Constitución”.