Tren parlamentario

El Congreso de la Unión se bifurcó ayer en dos vías. Y pudo mirarse cómo en el extremo opuesto de esas dos actividades parlamentarias se asomaban luces vertiginosas, anunciadoras de encontronazos.

En la Cámara de Diputados, la felicitación del PAN al PRI, por la presentación que éste hizo de su iniciativa de reforma laboral, puso de inmediato en guardia al PT y al sector sindicalista del PRD.  

“Hoy se confirma, una vez más, la coincidencia de la cúpula del PRI y el PAN”, restalló el petista Gerardo Fernández Noroña al paso del PRI y el PAN. Y apostillaba: “Es falso que se vaya a legislar a favor de los trabajadores de este país. Es falso que haya una preocupación por mejorar sus condiciones de vida y es falso que esa reforma laboral vaya a servir a los intereses de las mayorías, cuyo poder adquisitivo está cada vez más deteriorado y minado en los hechos”.

Desde la víspera, el PRI había anunciado que ayer presentaría su versión de reforma laboral. Y provocaba el resquemor, la incertidumbre; la desconfianza.  Una desconfianza creciente cuando diputados del PAN  se subieron a los estribos de la iniciativa priista felicitando y diciendo que hay grandes coincidencias con el panismo.  

Fue Tereso Medina, diputado federal del PRI, quien  por su partido presentó la iniciativa de marras desde la tribuna.

“Esta propuesta de consenso”, dijo, “destaca los compromisos siguientes: Para México es necesaria la incorporación del marco jurídico laboral aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la prohibición de las diversas formas de discriminación laboral, sexual, género, preferencias, religión y embarazo; que la outsourcing sea reconocido y regulador, pero que no sea una forma de escatimar los derechos laborales de los trabajadores, y que en ese sentido también sea un espacio para proteger los derechos de los jornaleros del campo y de las ciudades, que la contratación incluya sus prestaciones sociales, que tutele los derechos a los trabajadores domésticos. Está pensada para proteger a los niños, de la explotación del trabajo infantil”.

Muy pocos tenían la versión impresa de la iniciativa. El PT, en voz de Porfirio Muñoz Ledo, y el perredista Francisco Hernández Juárez –líder también de los telefonistas-  advertían que antes de la iniciativa priista hay en comisiones otras versiones del PRD desde 1997, que deberán tomarse en cuenta.  Y se declaraban prestos para un debate tórrido.  

Y allá, en Xicoténcatl,  sede del Senado de la República, el Pleno ha llamado a comparecer urgentemente a la secretaria de Relaciones Exteriores y al embajador de México en Estados Unidos, para que expliquen detalladamente los alcances y consecuencias del Operativo Rápido y Furioso, a través del cual el gobierno de los Estados Unidos permitió el contrabando de dos mil armas de alto poder a territorio mexicano, lo que ayer, los senadores, de manera explícita, han tildado de una “intención claramente injerencista, intervencionista y violatoria de la soberanía nacional”.

En las dos Cámaras la palabra ardía y se aupaba luego sobre la atmósfera de por sí candente de la República de nuestros días.

Otro parecía ser el PRI en el Senado, a donde mostraba su rostro más duro de opositor cuando del contrabando de armas se hablaba. “Estados Unidos pretende una invasión novedosa, pero grave”, afirmaba, desde la tribuna, la senadora priista María de los Ángeles Moreno Uriegas. Y reforzaba: “Funcionarios del Pentágono y de la Casa Blanca han calificado a México como un Estado fallido, un peligro para su seguridad interior, y ya sabemos lo que ello significa”.

Y entonces exigían priistas y perredistas, como Pablo Gómez, al Gobierno de Felipe Calderón que informe detalladamente al Senado sobre los compromisos que hizo en su visita reciente a Washington.  

Se emparejaba el Senado con la Cámara de Diputados, que un día antes, el miércoles, había llamado a comparecer al secretario de Gobernación, al titular del Servicio de Administración Tributaria y al director de Aduanas, para que explicasen sobre cómo fue que introdujeron aquellas armas al país sin que el Gobierno no se diera cuenta.  

Las dos cámaras del Congreso ya citaron a funcionarios a comparecer para que informe el Gobierno. Sólo falta que el Ejecutivo Federal, o sea el Presidente Felipe Calderón, ponga la fecha.  Y ésta será, como suele suceder, cuando a éste le convenga o raspe menos.