Tren parlamentario

Durante 2009 y hasta septiembre de 2010, el Gobierno de Estados Unidos decidió unilateralmente permitir el contrabando de más de dos mil rifles de alto poder, para “ver a dónde llegaban”, en una suerte de “plan ranchero” bastante aventurado —para nuestro país, por supuesto, que ha puesto los muertos— mediante el cual pudieran llegar a cabezas del narcotráfico en México.

La determinación del Gobierno estadounidense fue tomada en medio de una gran polémica en México, que la administración de Felipe Calderón no libra nada bien, porque desde que inició su gestión ha sido fuertemente criticado por su tremenda endeblez de carácter antes los gringos, y porque éstos han hecho firmar al Mandatario mexicano convenios como el Plan Mérida a todas luces intervencionistas, ventajosos y convenencieros para la causa norteamericana.

Pues a esta “invasión” —así lo juzgó la ex canciller Rosario Green— a la soberanía nacional por parte de los Estados Unidos, el Congreso mexicano ha extendido un acuse recibo.

Ayer, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, Rosario Green Macías, afirmó que el haber permitido la introducción de armas por parte de Estados Unidos es una invasión a la soberanía nacional. Y el Presidente Felipe Calderón está obligado a exigir explicaciones a su homólogo, Barack Obama.

Green lo dijo en Aguascalientes, y fue allí donde también expresó que un caso similar, de violación a la soberanía mexicana, ocurrió cuando Estados Unidos echó a andar la “Operación Casablanca”, cuando aquí, en México, tendieron trampas, “cuatros”, a empleados, funcionarios y directivos de bancos mexicanos para atraparlos in fraganti en operaciones de “lavado” de dinero.

Evocó: “Llegaron en una operación encubierta a ofrecerles a agentes bancarios mexicanos que lavaran dinero de la droga. Y les cayeron. Y nunca avisaron al Gobierno mexicano. Lo hicieron con bancos y funcionarios mexicanos, que (ahora), están en la cárcel y bancos que dejaron, por supuesto, de existir”.

Y ahora, insistía Green: “En este caso, años después hemos vuelto a caer en la misma situación; decidieron durante 11 meses mantener un programa para ver si le podían seguir la pista a las pistolas y a los fusiles, sin avisar siquiera al Gobierno mexicano, y por supuesto no sólo le perdieron la pista, sino que les dan más de dos mil armas, vía ilegal, a contrabandistas para irlos supervisando; como en las películas, a ver adónde llegaban, y caerles a quienes las compraban.

Ésa, es una violación flagrante de la soberanía nacional. Y eso no puede quedar en una mera pregunta o en un mero comunicado de la cancillería mexicana, diciendo: a ver qué pasó”…

En la Cámara de Diputados, ayer lunes, la Junta de Coordinación Política —que integran los coordinadores de siete los grupos parlamentarios—  acordó crear una delegación de legisladores mexicanos para que viaje a Washington, con el propósito expreso de reunirse con representantes y senadores estadounidenses, y les pidan parar de una buena vez el contrabando de armas hacia México.

La propuesta de la Junta deberá ser avalada por el Pleno camaral, y la delegación será liderada por Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.  

Llevarán los legisladores en sus portafolios datos fundamentales como la de haber decomisado 65 mil armas a criminales que, previamente, las habían adquirido en armerías de los Estados Unidos, y un kilo de desechos de armas  decomisadas y destruidas.

Argumentaciones de peso, llevarán. Pero no están seguros los diputados mexicanos de que éstos puedan ser escuchados, porque el cinismo de los gringos ha sido reiteradamente superlativo y mendaz.