Tren parlamentario

La censura de un documental de cine en el que desde 2009 se ha estado exhibiendo el colapso del Poder Judicial mexicano, motivó esta semana en San Lázaro que todos los grupos parlamentarios –incluido el del PAN-- se unieran entre sí y  emitieran un pronunciamiento, en el cual han expresado que lamentan la determinación judicial inusualmente expedita de sacarlo de los cines, y han arengado a las autoridades a restablecer de inmediato la exhibición del largometraje, garantizando los derechos constitucionales de libertad de expresión y de la información.

Casi 20 oradores confluyeron en la tribuna el jueves pasado, para posicionarse en torno del reportaje cinematográfico Presunto Culpable, que en la víspera había sido proyectado a un grupo de diputados.

“El día de ayer (miércoles 2)”, ponía el tema en la tribuna el petista Gerardo Fernández Noroña, “nos hemos enterado de que bajo el formato de una sentencia judicial de amparo hay la orden de retirar de todas las salas de exhibición un poderoso documental que exhibe la corrupción y la deficiente, por decir suave, impartición de justicia en nuestro país”.

Fue Noroña quien apuntalaba diciendo que el documental de marras fue presentado desde octubre de 2009 en el Festival Internacional de Cine de Morelia y, desde entonces, ha ganado los festivales de cine de Los Ángeles, San Francisco, Madrid, Guadalajara, Morelia y, recientemente, los de Budapest y Dubái.

“Y resulta”, apostillaba el petista, “que apenas se le ocurrió a una persona que sale en el documental, a Víctor Manuel Reyes Bravo, decir que no está autorizado el uso de su imagen, cuando esto está en exhibición desde 2009. Y un amparo le es otorgado no contra un acto de autoridad, sino contra un particular”.

Y hacía hincapié en que, presurosa, la Secretaría de Gobernación entonces salió a decir que haría valer el amparo, retirando de los cines al documental. “Huele a un nuevo acto de represión”, reiteraba el diputado. “Es un error gravísimo retirar este documental”.

Kenia López Rabadán es diputada por Acción Nacional, preside la Comisión de Cultura y es una de las legisladoras que más respingaron por el acto de censura que forjó primero una juez federal y que secundó después la Secretaría de Gobernación.  “Es un documental”, decía, “que exhibe una gran necesidad de una reconstrucción de la institución judicial en este país”.

Por el Partido Verde Ecologista Mexicano habló Juan Gerardo Flores Ramírez,  quien preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.  Reforzó: “Se alegan violaciones al derecho a la privacidad de uno de los testigos que aparecen en ella; sin embargo, por charlas que he tenido con especialistas en el tema, entiendo que esta presunta autorización que no se solicitó a esta persona que solicitó un amparo, no aplica, según la Ley Federal de Derechos de Autor, cuando se trata de una imagen tomada en un lugar público”.

José Ramón Martel López, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional: “Hoy el Poder Judicial le da a Víctor Manuel Reyes, a quien primero, con un testimonio logra que un juez condene injustamente a 20 años de prisión a un inculpado, este mismo testimonio, después, es uno de los elementos más útiles para lograr que una instancia superior logre la libertad de alguien que injustamente, como muchos mexicanos, no tiene más defecto que quizá la imposibilidad de pagar abogados que puedan sacarlo de la injusticia y de esos presuntos defensores de oficio que muchas veces no cumplen con esa función que se necesita hacer con vocación”.

Jaime Cárdenas Gracia, diputado petista,  remachaba así: “Yo no encuentro cómo la juez de distrito determinó la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el propio artículo 124 de la Ley de Amparo establece con rotundidad que la suspensión para que sea decretada requiere que no se siga prejuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”.

Y apostillaba también: “Entonces la juez debió analizar al determinar si concedía o no la suspensión provisional; si había algún prejuicio al interés social o a disposiciones de orden público, y como lo señaló hace un momento el diputado Martel, del PRI, pues aquí están involucradas disposiciones de orden público fundamental, disposiciones constitucionales, el derecho a la información del artículo 6°. Constitucional, la libertad de expresión del artículo 6° constitucional y la libertad de crítica a la que han aludido varios de mis compañeros diputados”.

Después vendrían Pedro Jiménez, de Convergencia, a decir que el documental ha encuerado virtualmente a un Poder Judicial en franca descomposición.

También el panista Javier Corral Jurado,  quien arengaba a la Corte a revisar el fallo judicial mediante el cual otorgaron el amparo de marras, y a revisar un posible conflicto de intereses.

Fue Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo,  quien planteó al pleno ordenar al canal del Congreso que pasase al aire a Presunto Culpable.

Y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; el que afirmaba que la cinta es testimonio del colapso de las instituciones judiciales en México.

Presunto Culpable, ahora decía el priista jalisciense, Arturo Zamora Jiménez, es el reflejo de lo que ocurre desde hace muchos años en el sistema de justicia penal del país.

Al final el Pleno mandataba a la Junta de Coordinación Política a emitir un texto en el que se lamentaba la determinación judicial inusualmente expedita, esto en alusión al amparo concedido por una juez federal, de cuyo nombre jamás se hizo mención, y del cual partió la orden de Gobernación de sacar a Presunto Culpable de los cines.