Tren parlamentario

Para los diputados federales de Acción Nacional no fue, el jueves 24, un asunto de urgente y obvia resolución que se discutiera y votara un Punto de Acuerdo, mediante el cual el Pleno de San Lázaro se pronunciaría en torno de la añosa controversia sobre la instalación de una empresa regasificadora de energía en Ensenada, que produce gas allí para el consumo exclusivo de la ciudad norteamericana de San Diego. Y cuando el resto de los grupos parlamentarios quisieron aprobarlo, los panistas dejaron el salón y desfondaron el quórum, logrando con ello que el exhorto no se le aprobara.

Entonces, al no haber el número mínimo de legisladores que se requiere para la votación de un exhorto, la mesa directiva ordenó que el asunto se turnara para la sesión siguiente, que es la de hoy, martes, para la continuación de su discusión y votación.

La regasificadora tiene el nombre social de Costa Azul, y es propiedad de la compañía estadounidense Sempra Energy, que instaló sus reales en Ensenada desde el 27 de octubre de 2004, cuando el entonces presidente municipal José Antonio Catalán Sosa le entregó una licencia de construcción (la número 178, fechada el 26 de octubre de ese año).

El pasado 26 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo —que había propuesto el senador del PVEM Jorge Legorreta Ondorica— en el que los legisladores no sólo pedían a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) que diera explicaciones sobre los permisos federales que concedieron a Sempra Energy para que se pusiera a procesar gas licuado, aun sin que la empresa norteamericana se haya dignado nunca de haber mostrado a las autoridades locales sus manuales de operación.

En el exhorto de marras, pedía el Poder Legislativo al presidente municipal de Ensenada,  Enrique Pelayo Torres, ordenara la revisión de los permisos otorgados a Costa Azul por los anteriores ayuntamientos, a propósito del funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.

Pelayo Torres hizo lo que le exhortaron: revisó, pidió documentos, y como no se los dieron procedió entonces el 11 de febrero reciente a clausurar a Energía Costa Azul, de Sempra Energy, “por una serie de irregularidades y violaciones flagrantes a la ley”, se argumentó.

El 14 de febrero de este año sucedió entonces algo inusitado, que no ocurría desde los tiempos de Porfirio Díaz, cuando en 1906 el presidente aquel ordenó al Ejército que ocupara las instalaciones de la mina de Cananea, Sonora, luego de que los trabajadores se declararon en huelga.

En Ensenada este 14 de febrero no pasó, por supuesto, lo que en Cananea. Se relacionan casos por el hecho de que en los dos el Ejército mexicano intervino para favorecer los intereses de una empresa de origen estadounidense. Y es hora en que los soldados mexicanos siguen allí, “como guardias privados”, de una empresa que —remachaba ayer, en conferencia, el diputado federal del PRD José Narro Céspedes—  que ha pasado por encima de muchas leyes, incluida la Constitución General de la República.

El jueves, el diputado del PVEM Alberto Cinta argumentó en favor del punto de acuerdo: “Somos el único país de la costa del Pacífico Norte que tiene aprobada una regasificadora en sus costas. Para los que tal vez no lo sepan esto implica que se reinyecten 24 mil metros cúbicos de agua por hora que se extraen del lecho marino y se reinyectan a una temperatura ocho grados inferior, de la cual fue sacada.

“El impacto ecológico a la costa por esta actividad es terrible, por no hablar de la inyección de cloro, de la inyección de otros elementos peligrosísimos para el medio ambiente, como el hipoclorito de sodio y que son verdaderamente dañinos”.

Hacía un turno de tribuna, el perredista José Narro había criticado al PAN por estar defendiendo una empresa que no obtuvo el permiso para instalarse en Estados Unidos ni en Canadá. Una empresa, insistía Narro, que se caracterizó en su país por haber sostenido tratos de corrupción y soborno.

El diputado Cinta, después, remachaba: “Se construyó una carretera de cuatro carriles que originalmente iba a costar 600 millones de pesos y acabó costando dos mil 400 y que tiene como finalidad pasar un tubo escondido que atraviesa tres municipios para llevar el gas de las playas de Tijuana a San Diego, quienes son los únicos beneficiarios de esta planta regasificadora”.

Después, los diputados del PAN reclamaban confusión en los registros de listas de votaciones. Argucias. Pero finalmente les resultó. Al dejar el Pleno, abrieron un hueco al quórum y ya no fue válida la votación del punto de acuerdo, logrando posponerlo para este martes.

Todavía hablaron dos diputados. El petista Juan Enrique Ibarra Pedroza, quien juzgó que el tema no es más que un “oscuro episodio, degradante” para el Ejército mexicano, que ha sido utilizado por el Gobierno de Felipe Calderón para servir a intereses extranjeros.

El perredista Víctor Manuel Castro dijo lo siguiente a la bancada del PAN, cuando ésta salía del recinto: “Queda claro la posición del PAN, independientemente del resultado de la votación. Sabotean las reuniones. De nueva cuenta toman una decisión política para estar a favor de una empresa trasnacional… Queda clarísimo que su posición es proyanqui. Es una posición de las más retrógadas en este país”.

Este martes, si la oposición consigue reabrir el debate, más allá de la votación pendiente, volverá a atronar la oratoria.  El partido en el cual milita el presidente municipal Pelayo Torres es el PRI. Y la bancada de este partido votó al lado del PRD, PT y resto de los grupos, hasta llegar a 195 votos. Para hacer legal la votación les faltaron 55. Hoy lo intentarán otra vez.